Hace unos días los convencionales constituyentes aprobaron que la forma del Estado de Chile sea regional, plurinacional e intercultural, sobre la base de regiones, comunas, territorios especiales e indígenas autónomos. Dicho debate se ha dado en el marco de “mejorar” y “profundizar” los procesos de descentralización que históricamente han privado del desarrollo a las regiones y sus habitantes.
En ese sentido, el rol de las autonomías aprobadas en el pleno estarían dadas por un amplio margen de atribuciones administrativas, políticas y financieras con las que contarían las regiones y territorios. A ello se suma una serie de iniciativas que no alcanzaron los 2/3 para ser aprobadas, pero que volverán a ser discutidas en su respectiva comisión; es el caso de las Asambleas Legislativas Regionales y sus facultades, o bien, la potestad exclusiva que tendrían las regiones autonómicas y municipios sobre los ministerios y servicios públicos, entre otros.
De esta manera se pondría fin a 200 años de configuración estructural del Estado sobre su territorio, para dar paso a un desconocido híbrido que conjuga tintes de Estado Federal con un Estado Unitario. En palabras de algunos convencionales, el modelo a seguir serían los procesos autonómicos de España, Colombia y Portugal. Lo que al parecer ellos desconocen es que la evidencia comparada muestra -como en el caso colombiano- que las desigualdades y brechas socioterritoriales persisten a pesar de estos esfuerzos.
Las normativas aprobadas parecieran ir en el sentido contrario a un Estado moderno y ágil. Incluso omiten las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a mejorar los procesos de descentralización y desconcentración del poder desde el nivel central a las instituciones subnacionales en un marco de garantías administrativas y financieras.
Si el fondo del debate en torno a la forma del Estado apunta a instaurar la descentralización como un medio que aspira a reducir inequidades socioterritoriales y desconcentrar el poder, habría que preguntarse qué otras herramientas constitucionales -que no trunquen el proceso de descentralización que se encuentra en marcha- permite generar un Estado al servicio de las personas sin desmembrarlo en capas burocráticas.