Hace algunos días el Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer los resultados de la Encuesta CASEN sobre Pueblos Indígenas, la cual arroja datos que hacen reflexionar sobre las políticas indígenas implementadas y hacia dónde se están dirigiendo los recursos públicos por parte del Estado.
De acuerdo a los datos publicados, el 74% de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas de nuestro país vive en la ciudad y solo 26% en zonas rurales.
En relación a su cultura, específicamente al conocimiento de su lengua, el 78,7% de las personas que se reconocen como parte de un pueblo originario no hablan ni entienden su lengua. Solo el 10,9% dice entenderla y hablarla.
Hace pocos días, la Fundación Aitue dio a conocer el “Estudio a población general de la región de La Araucanía 2015” sobre política indígena. Entre las principales conclusiones, se establece que con respecto a las medidas que contribuyen más a mejorar la calidad de vida del pueblo mapuche, los entrevistados mencionaron el empleo (23%), la educación (18%), la capacitación (16%) y, recién en cuarto lugar, la entrega de tierras (15%).
Otro aspecto que destaca el estudio es que el 64% los encuestados considera que el Estado de Chile tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche, y que para el pago de esta deuda se establece que las medidas debieran ser (en orden de priorización): programas de emprendimiento; fortalecimiento del idioma mapuche; entrega de becas para educación; apoyo productivo a las tierras entregadas por Conadi.
Cuando miramos la distribución del presupuesto 2015 de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) llama la atención que $79.300 millones del presupuesto están destinados al Fondo de Tierras y Aguas, solo $7.300 millones al Fondo de Desarrollo y $1.800 millones para el Fondo de Cultura y Educación Indígena.
Las cifras de la encuesta CASEN dan una señal clara de que los pueblos indígenas están perdiendo su lengua y con ella parte de su cultura y tradiciones, además de tener una realidad mayoritariamente urbana. Por su parte, el estudio de la Fundación Aitue revela que es urgente generar herramientas de desarrollo, educación y empleo, dejando relegados a un segundo plano la entrega de tierras, que ha sido durante los últimos 25 años el enfoque de las políticas del Estado para los pueblos originarios.
Por lo anterior, se hace necesario reenfocar la asignación de fondos y el diseño de políticas y programas que el Estado ejecuta en relación a los pueblos indígenas, dadas las cifras objetivas que entregan ambos estudios.
Andrés Cortés, ex asesor asuntos indígenas Ministerio de Desarrollo Social, socio Dialoga Consultores.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO