Por estos días se ha hablado de pinochetismo de izquierda. Con esta expresión se ha querido calificar al comportamiento del sector más extremo de esa tendencia política, que hoy repite las prácticas refundacionales de la dictadura cívico-militar, que tanto criticaron por décadas. Algunos de los ingredientes que componen este cóctel tóxico, del que todavía no nos reponemos del todo, son: violencia justificada en un cambio de régimen político (y modelo socioeconómico); borrón y cuenta nueva constitucional; irrupción de un poder constituyente originario (esto es, ilimitado) que obre el milagro institucional ex nihilo; autoamnistía para los violentistas de turno; y demonización, silenciamiento y ostracismo político (y ojalá social) del adversario; entre otros.

Obviamente, hay grandes diferencias entre una circunstancia histórica y otra. No obstante, guardando la distancia y las proporciones, son muchas las similitudes entre ambas formas de proceder como para descartar el asunto de plano. Si antes nos llenamos de uniformes y charreteras, anteojos oscuros y severos trajes ídem, hoy abundan las banderas y los carteles varios, junto a su parafernalia ad hoc. Son símbolos del poder que se impone, en el cambio de ciclo respectivo. En uno y otro caso, hemos tenido personajes principales y secundarios que, ebrios de poder, hacen categóricas declaraciones, cual más desafortunada que la otra, para indicar que nuestra joven república renace con los iluminados de turno. Mala cosa. En un sketch de dudoso gusto, pero acertado análisis, un video de la franja de las primarias presidenciales resumió muy bien esta propensión que tienen algunos de llevarnos siempre al pasado. Para los extremos, desenterrar a la dictadura es una excelente alternativa, pues en la polarización que esto genera desaparece el centro y se elimina el diálogo, que son consustanciales a la democracia. Quedan los eslóganes, la descalificación y el griterío ensordecedor, que son la antesala de la violencia que tanto les acomoda a los irreflexivos, y a los infaltables ambiciosos que los azuzan con todo cinismo. ¿El costo? Alto, evidentemente. Pero ese, claro, no es su problema.

Por desgracia, hay muchas personas en Chile que actualmente solo pueden o quieren concebir escenarios maniqueos, que simplifican la realidad de manera tan absurda como peligrosa. Este triste estado de cosas fue avizorado hace unos años por un grupo de académicos que planteó una alternativa de solución para nuestro dilema constitucional, de ya larga data. Lo esencial de lo entonces postulado puede encontrarse en un rápido e injustamente olvidado libro, que llevó por título “1925. Continuidad republicana y legitimidad constitucional: una propuesta”. Publicado en el 2017, este recoge trabajos de Arturo Fontaine, Juan Luis Ossa, Aldo Mascareño, Renato Cristi, Hugo Herrera y Joaquín Trujillo, quienes sugirieron comenzar la discusión constitucional desde nuestra carta fundamental de 1925, no tanto por su calidad intrínseca, sino por su importancia simbólica. Más que como punto de llegada, ellos proponían tener a esta Constitución como punto de partida para un proceso democrático que nos llevara a una nueva carta magna que nos permitiera superar el carácter impositivo y pretendidamente rupturista de la Constitución en vigor, que nunca alcanzó una legitimidad plena, por más reformas que se le hicieran.

Es incuestionable que, a estas alturas, tener a la carta fundamental de 1925 como base de un debate constituyente no es posible. Sin embargo, vale la pena volver a las páginas de este libro para recordar en qué consiste esa nada inocente hoja en blanco, que vuelve ya no en manos de una implacable junta de gobierno, sino que de algunos miembros de una convención constituyente que en sus primeras semanas demostró tener poco de eso, y mucho de la bolsa de gatos que temiera Pepe Mujica. Como ahí se nos cuenta, pocos días después del golpe de 1973, la Junta de Gobierno dictó el Decreto Ley 128, por medio del cual asumió retroactivamente el poder constituyente, junto a todos los otros poderes del estado. Fue a través de este brevísimo cuerpo legal que un siglo y medio de historia constitucional chilena llegó a su término. No es algo menor. Sobre todo, considerando que la carta magna de 1925 había sido invocada por todas las fuerzas políticas existentes hasta entonces, de izquierda a derecha. Con falencias manifiestas, desde un punto de vista jurídico, esta Constitución tuvo un mérito indudable, que la diferenció de su sucesora: logró legitimarse. Esto se debió, en parte, al hecho de que fue presentada como una reforma de la anterior, la Constitución de 1833, que a su vez fue concebida como una reforma de la precedente, la de 1828.

Esta continuidad es un aspecto notable de nuestra tradición constitucional, que bien puede apreciarse al comparar el contenido de las cartas fundamentales de 1828, 1833 y 1925. Sorprendentemente, es algo que también puede percibirse con facilidad al revisar la Constitución de 1980/2005, e incluso el proyecto constitucional presentado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet en el 2018. Y es que el problema creado por la Constitución que hoy nos rige radicó en la forma, más que en el fondo. Las revoluciones no solo dejan muchos muertos, sino que un sinnúmero de heridos. Al pretender refundar a la República de Chile en 1973, la dictadura nos legó mucho más que un régimen y un modelo. Millones de personas fueron dejadas de lado, sintiendo que sobran. Atizadas por los sempiternos revolucionarios del otro extremo, y los oportunistas de siempre, se unieron a un baile que nos tiene nuevamente en un escenario político más que complejo. Mal aprovechando los pocos votos que las llevaron hasta ahí, sufragio voluntario mediante, y con un agresivo apoyo de piqueteros online y presenciales, un grupo de constituyentes pretende ahora reescribir la historia de Chile, la reciente y la no tanto, mientras se prepara para intentar refundar nuestro país por medio de una Constitución milagrera. Si llegan a tener éxito, en esos términos, es muy probable que esta nueva Carta Magna no solo excluya de entrada a unos, sino que frustre a la larga a todos.

De puro nuevo, este Chile tiene olor a viejo. ¿Cómo retomar el rumbo perdido? Por lo pronto, olvidándose de la ilusoria hoja en blanco, que pregonan los que solo quieren revancha y el reemplazo de una elite por otra, y regresando a nuestra nada desdeñable historia institucional. Para llegar a puerto hay que centrarse en lo que nuestro país tiene de bueno, y lo que nosotros tenemos en común, en vez de partir siempre de lo malo, y desde lo que nos diferencia. Quién sabe, quizás finalmente ahí tengamos ese diálogo constitucional que tanto necesitamos. Todavía estamos a tiempo.

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