El sociólogo español Juan Linz dedicó parte importante de su carrera a analizar el impacto de la violencia en la caída de las democracias durante el siglo XX. Para él, los actores que desarrollan prácticas desleales a la democracia desafían su legitimidad, eficacia y efectividad, provocando que las sociedades corran serios riesgos de quebrarse.
Desde este punto de vista, un grupo de constituyentes recién electos, ligados al PC, Frente Amplio y la Lista del Pueblo, han tomado un camino distinto para el cual fueron elegidos. En concreto, se atribuyen facultades que no les corresponden, socavando las bases de la democracia, el Estado de derecho y las reglas del juego con las cuales asumirán sus funciones a partir del 4 de julio próximo.
Es así como desde mayo pasado y sin descanso, han utilizado un discurso violento y totalitario para amenazar con boicotear el trabajo de la Convención Constitucional de no cumplirse sus demandas. Entre ellas podemos contar: liberar a todos los presos políticos, garantizar el juicio y castigo a los violadores de DD.HH., junto con la reparación a las víctimas de la represión del Estado, desmilitarizar inmediatamente el Wallmapu y terminar con las expulsiones de extranjeros.
Sin ir más lejos, el viernes 25 de junio los convencionales constituyentes del PC dieron un paso más adelante condenando lo que ellos califican como “injusta prisión” y exigiendo “la puesta en libertad de todas las y los presos políticos de la revuelta social”. Además, exigieron la salida del Director del INDH por “promover la impunidad” y llamaron al gobierno “a darle urgencia a los proyectos de indulto general y de reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos”. Esta vez, vino nuevamente la advertencia amenazando con incluir “un artículo transitorio en la nueva Constitución que termine con la prisión de quienes participaron en estas protestas”.
Estas demandas tuvieron terreno fértil en el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, quien se manifestó partidario de “retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado” y cuestionó abiertamente al Poder Judicial señalando que “no ha habido juicios justos y eso se tendrá que evaluar caso a caso”.
Los adherentes a esta “tesis” aseguran que hasta marzo de este año existen alrededor de 2.500 jóvenes en prisión preventiva por las manifestaciones. Dicen que muchos de estos casos afectan a menores de 15 años y en su gran mayoría, se trata de menores de 30 años sin antecedentes penales. “En el país se encarceló y se encarcela la justa lucha por demandas sociales», han llegado a señalar.
Es una lástima que estos convencionales inicien sus actividades mintiéndole descaradamente a los chilenos. La Corte Suprema fue clara en señalar en enero pasado que son 26 personas las que se encuentran en prisión preventiva por estos delitos, de los cuales 17 tienen condenas previas. Aclaró además que para estas causas se han realizado 80 audiencias en las que se revisaron las medidas cautelares y que, en el 75% de los casos los tribunales confirmaron la prisión preventiva. En cuanto a los delitos, el 58% está imputado por robo en lugar no habitado y el 27% por incendio con peligro para las personas.
Así las cosas, la extrema izquierda y los candidatos presidenciales que van desde Yasna Provoste, a Daniel Jadue o Gabriel Boric, no sólo mienten sobre la existencia de presos políticos –asunto que fue descartado por Human Rights Watch- , sino que además están haciendo una zancadilla a nuestra democracia. La única verdad es que en Chile no existen presos políticos, sino que políticos presos del populismo, de las mentiras, de los matinales, los videos en redes y la tele. Todos sea por intereses individuales y la elección, olvidando el bien colectivo, es decir: el país.
De seguir así ningún acuerdo social será posible porque su base es la confianza. Mi humilde invitación es a dejar atrás la violencia, las consignas ideológicas y las mentiras que tanto daño le han hecho a Chile para enfrentar con respeto una convención que tiene como primer objetivo unir a nuestro querido país. El ejemplo lo deben dar los candidatos. Lo demás es música.