El acuerdo del 15 de noviembre de 2019 tenía dos partes. La primera, un acuerdo por la paz; la segunda, por la nueva Constitución. Sobre la nueva Constitución ya se hizo un plebiscito, con resultados de alto consenso nacional. Ahora necesitamos un amplio acuerdo para erradicar la violencia y una definición sin medias tintas a favor o en contra. Después de las primarias, donde la moderación tendió a tener mayor adhesión, la capacidad de los candidatos presidenciales por construir mayorías se verá impactada por la postura pública que tomen frente a la violencia.

La política es tomar posición. Una dicotomía que se va formando en la opinión es la sumisión de la violencia como método de acción política o, por el contrario, el apego a los valores democráticos como forma de resolución de conflictos. Mientras la violencia rechaza la competencia, en una democracia es una manera de administrar las diferencias de ideas y las elecciones son el mecanismo para zanjar esa competencia.

La política también son señales comunicacionales. El viernes pasado, Gabriel Boric fue a la cárcel a tener un diálogo con los presos del estallido social. El resultado fue una funa por haber dado su voto a la ley antibarricadas, lo que para efectos de este análisis no es tan relevante como lo que dijo en su cuenta de Twitter: “llegó un límite en que no basta con poner la otra mejilla, no voy a permitir que se siga repitiendo la mentira de que aprobamos leyes que reprimen la protesta social”. Sus palabras tienen que ver con hacerle un guiño a las posiciones más radicales de la izquierda, básicamente el Partido Comunista, con quienes comparten un pacto electoral y con cuyo contricante en primarias, Daniel Jadue, tuvo una controversia por el tema.

Sebastián Sichel, por su parte, volvió de sus vacaciones post-primarias y ayer lunes partió sus actividades acompañando a los emprendedores del Barrio Lastarria que fueron nuevamente víctimas de actos vandálicos después de meses de paralización por la pandemia. En un twitter del domingo señaló: “la destrucción de locales comerciales en Lastarria que recién se están volviendo a levantar, nos indigna, pero no nos paraliza. Defenderemos con más fuerza el emprendimiento, la libertad y los cambios en paz. No nos cansaremos de decirlo: basta de normalizar la violencia”. Su mensaje fue ponerse del lado de los emprendedores y proponer transformacionales sociales en forma pacífica.

Frente al mismo hecho, la recién electa alcadesa comunista de Santiago, Iraci Hassler, dijo en Twitter: “lamentamos el daño causado al barrio Lastarria. Nuestro acompañamiento a vecinos y al comercio local, que da trabajo y sustento a muchos hogares. El llamado al Estado de Chile es a estar a la altura, y a todas y todos a que la dignidad se construya también con empatía”. Vemos en este caso, un mensaje de empatía hacia los dueños de restoranes, pero buscando la culpabilidad de los destrozos en el gobierno y no en quienes realmente los hicieron.

Yasna Provoste tiene en su mochila lidiar con un proyecto de indulto para quienes están en prisión preventiva por el estallido social. El mismo presidente de la comisión de Constitución  del Senado, Pedro Araya, señaló que era complicado aprobar el proyecto porque deja la puerta a liberar condenados por delitos que nada tienen que ver con las demandas sociales de octubre 2019, es decir, por liberar a delincuentes comunes.

Me atrevo a aventurar que la adhesión o no a la violencia como método de cambio social será el gran test electoral de los próximos meses, en especial para la izquierda, sobre todo en un país que se vuelve a levantar después de año y medio de encierro, donde las personas han sido afectadas en su salud mental, en el empleo y en su cotidianidad. Volver a la normalidad, implica también hacerlo en paz.

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