Claramente la acción parlamentaria nos va revelando la inclinación hacia un modelo económico y de sociedad que no fue plebiscitado el 25 de octubre. Esa apuesta por “la casa común”, que tanto pregonaron, se hizo añicos esta semana cuando los diputados aprobaron la acusación constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez (la séptima contra autoridades de este gobierno en 20 meses) y negociaron su apoyo a cambio de la censura de la mesa; reimpulsaron un segundo retiro de ahorros previsionales, deshonrando su palabra anterior que no habría más perjuicio al financiamiento de las pensiones futuras, y cuando resolvieron “licuar” la presencia de la derecha en la convención constituyente, proponiendo una fórmula para incorporar los pueblos originarios que aumenta en 25 el número de los convencionales que fue plebiscitado.
Pero hagamos un zoom a un punto de la iniciativa de un nuevo retiro del 10% que dejaría 4,2 millones de personas con cero ahorro en sus cuentas para la vejez y al Estado con la carga de tener que concurrir a su financiamiento. La diputada del Frente Amplio Pamela Jiles, quien fue comunista hasta 17 años después de la caída del Muro de Berlín, farandulizó su propuesta de volver a extraer los recursos del sistema de pensiones, al punto de exigir por twitter a los demás parlamentarios poner “por delante el sufrimiento de la gente”. Hacienda informó, sin embargo, que el primer retiro fue por 20 mil millones de dólares y “más de la mitad de las personas que lo hicieron no había perdido ni sus ingresos laborales ni había sufrido caídas significativas” (han amenazado con acusar constitucionalmente al ministro Briones por solicitar la información para poder hacer ese cruce de datos). Jiles maltrató a la máxima autoridad de Hacienda de una forma nunca vista antes en la discusión, por tratar éste de poner alguna racionalidad, y rabió para que nuevamente ese retiro sea sin impuestos y para todos.
Para la parlamentaria, “el retiro debe ser sin letra chica”, que a su entender lo sería el pagar impuestos. Desde hace rato que la ultra izquierda viene exigiendo dejar de focalizar las ayudas del Estado y que los subsidios sean universales. A eso llaman Estado solidario, diferenciándolo del Estado subsidiario, al que quieren poner fin en la nueva Constitución (aunque nunca ha estado explícito allí). Durante la pandemia, la izquierda se ha abocado a las mociones para que los chilenos puedan incumplir con sus obligaciones con los servicios que reciben, desde internet, servicios, arriendos, educación, etc., tengan o no tengan necesidad. Y todo se financia con nuevos impuestos, sin recordar que la última reforma tributaria se aprobó en enero de este año.
Ahora, la excusa para continuar desarmando el sistema previsional, mientras se niegan a abordar su reforma que lleva años en el tintero, es que la ayuda no llega a la gente. Poco les importa que haya 5.500 millones de dólares en bonos y transferencias directas a la gente este año, una de las más altas a nivel de países emergentes y desarrollados, como indicó el director de Presupuestos, Matías Acevedo. La izquierda siempre tiene la solución para desfondar el gasto público: que los ricos paguen más y subir la deuda pública, aunque ésta se haya disparado y nos exija el próximo año sobre 3 mil millones de dólares sólo para pagar los intereses.
Pero es muy curioso que cuando llega el momento de ser populares y desfondar el sistema previsional, se nieguen a que los más ricos paguen impuestos (en el primer retiro el cálculo era que el fisco iba a regalar sobre mil millones de dólares al 2% más rico por la vía de los tributos no cobrados y las franquicias para la reinversión en APV). La oposición se negó en la Comisión de Constitución de la Cámara a focalizar el retiro en quienes están afectados por la pandemia y estableció un reintegro de los fondos “voluntario” (una broma, porque eso siempre es factible vía APV). Y sólo hubo un voto en el bloque mayoritario de izquierda, el del DC Matías Walker, que permitió al oficialismo aprobar gravámenes, pero sólo a quienes hayan declarado ingresos promedio superiores a los dos millones y medio mensuales durante los últimos 10 años y retiren sobre un millón de pesos.
Buena parte de la oposición parecer creer que mediante nuevas reformas tributarias puede multiplicar los beneficios sin crear riqueza. No está abocada a estudiar fórmulas para incentivar la recuperación productiva y tampoco valora el subsidio al empleo, que es la vía del gobierno para volver a impulsar la economía “creando rentas” en vez de repartir billetes. Esta nueva oposición, hija del nuevo sistema electoral proporcional, más radical, refundacional y no dialogante, y menos calificada intelectualmente, pareciera aspirar a volver al Estado todopoderoso que ya tuvo antes Chile, cuando era el principal agente de la economía y emitía pobreza desde el Banco Central para financiar con inflación la mitad de sus gastos. Todos mas pobres, todos más iguales. Todo el poder y la discreción en la elite política. Pero, ¿más felices? ¡No!