Tres años atrás, y un poco más, lo que se discutía es que la derecha iba a gobernar 15 años. Para unos, como una maldición, para otros, como una responsabilidad exitista. La administración de Michelle Bachelet había terminado mal, el país había crecido menos que su población, había hecho reformas de dudosa calidad que había que mejorar, como la gratuidad de la educación superior, y no hubo ningún intento por regularizar la avalancha migratoria. Y al frente estaba un hombre con las ideas claras sobre cómo enfrentar los problemas de la infancia, de orden público en La Araucanía y volver a Chile a la senda del crecimiento y del empleo formal.

¿En qué estamos hoy? Que el nuevo Mandatario cuenta aun con más avidez los días que le restan para dejar La Moneda que abandonará con menos afecto, de los suyos y los adversarios, que su antecesora. Y que parece haber perdido la voluntad de luchar por algo. Los meses que vienen, hasta el cambio de gobierno en marzo de 2022, pertenecen a otros. Sebastián Piñera no está para meter goles y pareciera que tampoco para atajarlos.

Por eso, en el medio año que resta, es el parlamentarismo de facto el que continuará marcando el rumbo. La semana pasada 115 diputados, incluyendo muchos oficialistas, volvieron a violar la Constitución y aprobaron un bono de un millón de pesos para pescadores artesanales. El 1º de septiembre empezarán a discutir un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Nada los ataja, ni el presidente del Banco Central los disuadió sobre las nefastas consecuencias para el ciudadano de a pie, cuyos billetes perderán valor con la inflación, sus deudas subirán por las tasas de interés y, entre otras cosas, se les encarecerá la vida con un dólar más alto.

No tienen palabra los parlamentarios, pero el honor tampoco lo conocen. Sin ser capaces de levantar un sistema alternativo a este, construido cotización a cotización durante 40 años, llevarán a reducir en casi un tercio la pensión de la señora Juanita jurándole que le están haciendo un regalo con el cuarto retiro. Exigieron subir las ayudas “tardías y mezquinas” del gobierno sobre la línea de pobreza, obtuvieron un IFE universal que cuesta nada menos que 3 mil millones de dólares mensuales y exigieron extenderlo hasta noviembre so pena de volver a darle un zarpazo a los fondos de pensiones.

El gobierno, aburrido de aparecer como el que regatea, cedió. Total, lo normal es que el Presidente afloje la billetera y que sea la oposición la que exija mesura fiscal. Aquí ocurrió todo lo contrario, es la izquierda la que se ha empeñado en vaciar los fondos de pensiones y además, las arcas fiscales. Piñera, entonces, mandó a la punta del cerro el balance estructural y consintió continuar con este gasto monumental a costa de los fondos soberanos (casi US$10 mil millones este año) y la deuda externa (34% del PIB 2021), cuyos intereses de 3 mil millones de dólares anuales hoy, herederá a sus críticos sucesores.

Es cierto que el oficialismo se sumó al carnaval fiscal, pidiendo extender el IFE que cubre 16 millones de chilenos, a pesar de que la economía crecerá 10% este año y está en franca reactivación. En Chile Vamos saben que la mayoría de los beneficiados está obteniendo mayores ingresos que antes de la pandemia, pero justifican el desmesurado subsidio con que era necesario para detener otro retiro, para no perder las elecciones generales de noviembre y, oficialmente, el argumento es compensar las pérdidas anteriores que produjo el corona virus.

La economía seguirá en expansión en lo que resta de esta administración, no porque la autoridad esté dando señales de hacer bien las cosas y haya un horizonte cierto. Nada de eso. Seguirá en ascenso gracias a las holguras de la plata fácil que chorrea desde el Estado y los ahorros previsionales, pero la cuenta de este consumo se pagará después. Y eso ocurrirá antes que se concreten las peores pensiones.

En los seis meses restantes, lo que ocurra en la macrozona sur tampoco lo tiene previsto La Moneda. Dependerá de cuánta violencia quieran ejercer en las cuatro regiones los grupos insubordinados que utilizan la causa mapuche para incendiar y destruir. Cuántos fundos se tomen, cuántas hectáreas nuevas declaren como territorio ocupado, cuánta madera adicional roben y cuánto expandan el tráfico de droga. Todo es decisión de ellos. La autoridad resolvió que no hay consenso para actuar en defensa del Estado de Derecho y, a esta altura, ni siquiera contiene. “Hace como que hace” cuando se trata de cumplir una orden judicial, pero cuando la policía llega a un territorio “ocupado”, la reciben a tiros y se retira sin cumplirla y sin responder un disparo.

En el saldo de esta administración será la Convención Constitucional la que nos seguirá sorprendiendo con sus dictámenes. Como lo ha hecho hasta ahora, configurando un borrascoso horizonte institucional donde pareciera que no regirán las actuales garantías constitucionales, partiendo por la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Es que el poder para modificar el futuro también está ahí, no en Palacio. El Mandatario ya lo entregó.

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