¿Qué pueden tener en común el Khmer Rouge en Camboya, los Talibanes en Afganistán y las FARC en Colombia? El narcotráfico era su fuente de financiamiento o, al menos, parte importante de ello. El opio y la coca fueron un medio para alcanzar sus fines políticos.

Pero, ¿qué tienen que ver estos movimientos guerrilleros con nuestro país?

Esta semana fuimos testigos de un ataque incendiario en la localidad de Tirúa donde murió una menor de 16 años. El delegado presidencial del Biobío, amparado en el modus operandi de los atacantes, no tardó en afirmar que el hecho estaba vinculado con el narcotráfico.

Si hace unos años pensábamos que la droga financiaba movimientos guerrilleros en otras latitudes, hoy no podemos decir lo mismo. Los medios de comunicación nos informan con mayor frecuencia sobre un posible vínculo entre quienes impulsan la causa mapuche y el tráfico de drogas.

Emilio Berkhoff, considerado uno de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco, fue detenido a mediados del año pasado en un procedimiento que sacó de circulación cerca de 900 kilos de droga. A principios de este año un operativo en la comunidad Temucuicui incautó más de 1.000 plantas de marihuana y 40 kilos de esa droga procesada, además de armas, municiones y dinero en efectivo. A fines de julio, el werkén de la misma comunidad fue formalizado por cultivo, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

La situación es preocupante. Claro que no podemos decir que somos Colombia ni Afganistán ni Camboya, pero sí debemos preguntarnos hacia dónde vamos y qué tanto han penetrado las prácticas del narco en los distintos grupos que conviven en el país.

Cuando se piensa en el tráfico ilegal de sustancias la primera imagen que surge es la de los carteles colombianos y mexicanos. Para ellos el negocio es el comercio de sicotrópicos y el narcotráfico es el fin. Pero, no hay que olvidar que muchas veces la droga funciona como un medio para alcanzar otros objetivos. El daño en ambos casos es el mismo: el debilitamiento del estado y la destrucción del núcleo básico de la sociedad. La aproximación de las agencias de imposición de la ley es lo que cambia.

Más de 2 toneladas se han incautado en la zona mapuche desde el 2018. La marihuana representa un 68% de esas incautaciones y refleja la tendencia al alza que ha tenido esa droga en el país. Pero, más allá de la llamativa cifra total, el aumento observado en 2018, 2019 y 2020 es preocupante. Se registró una variación de 76%, 49% y 146% respectivamente. Sólo la incautación de plantas de cannabis en el primer semestre de 2021 aumentó un 145%.

Mientras el Biobío lidera los decomisos este año, la situación de La Araucanía preocupa: la incautación de plantas de marihuana creció un 215%. ¿Qué podrían representar estas cifras? La zona mapuche no es conocida por el narcotráfico, más bien son otras las prácticas que la llevan a llenar las portadas de los periódicos.

Tal vez, estamos siendo testigos de un uso distinto del tráfico de drogas en Chile. Ya no estaríamos hablando de un fin, sino que de un medio para alcanzar objetivos políticos relacionados con la reivindicación de tierras y la instauración del estado mapuche.

Para afirmar tajantemente que el narcotráfico financia la causa en La Araucanía es necesario un análisis más profundo, pero lo que sí es claro es que existen indicios para, al menos, plantear una hipótesis la respecto.

El narcotráfico, ya sea un fin o un medio, impacta en el corazón del estado. Como en un juego de ajedrez, mediante un jaque mate secuestra al “rey” y lo utiliza a su favor. El problema mayor: cuando la violencia como medio de acción política se financia mediante las drogas y crea un contexto de inseguridad que debe ser enfrentado con respuestas políticas y policiales.

El narcotráfico en La Araucanía podría estar transformándose en un medio para financiar otras causas.

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