Aunque falta poco más de un año para la próxima elección presidencial y 16 meses para que deje el poder, existe una innegable sensación de que el periodo presidencial de Sebastián Piñera ya se acabó. Después del estallido social de octubre de 2019, que lo llevó a abandonar las promesas más importantes de su programa de gobierno; de la pandemia que generó la peor crisis económica desde el retorno de la democracia; y del plebiscito del 25 de octubre que ha dado inicio a un proceso constituyente, el Chile de hoy es muy distinto al país que lo vio asumir por segunda vez como presidente en marzo de 2018.
Como las circunstancias ya lo superaron, no tiene mucho más que hacer en La Moneda. Es evidente que ha hecho esfuerzos por mantenerse relevante, pero los hechos demuestran que Piñera no está gobernando. Ante una Constitución agonizante, el Congreso se ha arrogado poderes y atribuciones que han debilitado aun más la figura presidencial. Es cierto que la opinión pública no aparece muy interesada en forzar la salida anticipa del gobierno ni la oposición parece tener la suficiente fuerza para impulsar una acusación constitucional exitosa —ni capacidad para ofrecer una alternativa de gobierno razonable ahora. Por eso, aunque parezca encaminado a terminar su periodo, el gobierno está con la misma actitud que tiene un equipo de fútbol que ya perdió el partido, pero sabe que todavía faltan bastantes minutos antes de que el árbitro haga sonar el pitazo final que sentencie lo que todos ya anticipan: la derrota histórica inapelable del proyecto político que intentó construir Sebastián Piñera como líder de la derecha chilena.
El país que aspiraba construir es muy distinto al que desordenadamente se comienza a perfilar después del estallido social y de la pandemia. Las bases del modelo de libre mercado y de la institucionalidad política sobre las que se construyó Chile entre 1990 y 2018 están siendo fuertemente cuestionadas. Aunque ya en la campaña presidencial de 2017 la centroizquierda parecía renegar de lo que habían logrado los gobiernos de la Concertación, ahora es la propia derecha la que parece determinada a dejar atrás su estrategia de defensa militante del modelo social de mercado que imperó en el país. El principal candidato presidencial del sector, el alcalde Joaquin Lavín, ahora insiste en declararse socialdemócrata y promueve el concepto de gobierno de convivencia nacional (concepto tan ambiguo que nadie puede estar en contra: nunca hubo ningún candidato que hiciera campaña a favor de un gobierno de desacuerdo nacional).
La crisis económica que generó la pandemia ha obligado a tomar medidas de emergencia, algunas de las cuales hicieron caer como castillo de naipes elementos esenciales del modelo económico. Pase lo que pase en el país, el sistema privado de pensiones ya no tiene viabilidad política. Si no es ahora, futuros retiros adicionales de los ahorros individuales profundizarán más la evidente crisis en el sistema de pensiones por la que hoy atraviesa el país.
Después de las elecciones de los miembros de la convención constitucional en abril de 2021 (que probablemente sean más que los 155 que originalmente suponía el acuerdo), el país entrará en un frenesí de debate constituyente que peligrosamente coincidirá con la campaña presidencial, que se iniciará con las primarias de julio de 2021. Mientras algunos busquen redactar una nueva Constitución, otros buscarán ser electos a cargos en noviembre de 2021 que tal vez dejen de existir en caso de que se promulgue la nueva Constitución en la segunda mitad de 2022.
La incertidumbre que producirán los vientos de cambio institucional y el ambiente de campaña presidencial y parlamentaria que existirá en 2021 hundirá en una irrelevancia todavía mayor al gobierno de Sebastián Piñera. Incapaz de lograr acuerdos con la fragmentada pero poco dialogante oposición para impulsar reformas, cuestionado por la forma en que ha intentado garantizar el orden público después del estallido social y forzado a constantes cambios de gabinete debido a la predilección de la Cámara de Diputados por hacer uso de las acusaciones constitucionales, el gobierno actúa igual que un equipo derrotado en la primera mitad del partido que sigue parado en la cancha, confundido entre buscar el gol del honor y evitar que el rival le siga humillando con más goles. Sin dirección, cansado, frustrado y obsesionado en demostrar que, pese a la incuestionable derrota, está dejando todas las energías en la cancha, el gobierno del Presidente Piñera parece decidido a intentar, una y otra vez, ponerse de pie. Pero con el público yéndose del estadio, cada vez hay menos gente interesada en saber cuál va a ser el próximo cambio de gabinete o la próxima iniciativa legislativa que intente promover el gobierno para conseguir el tan ansiado, pero inútil, gol del honor.