Entre todos los desafíos que enfrentará el gobierno del Presidente Boric, el más complejo será el de garantizar el orden público. Precisamente porque Boric se identifica con los movimientos sociales que canalizan su descontento a través de protestas y que han criticado el uso de la fuerza por parte de la policía, su gobierno deberá decidir entre seguir siendo la voz de los primeros o defender el estado de derecho y el orden público, elemento necesario para que la sociedad pueda funcionar. Porque al final del día el gobierno tiene que frenar el ímpetu de la vociferante minoría que marcha —sean estudiantes, medioambientalistas, camioneros, o defensores del No + Tag— para proteger los derechos de esa mayoría que no sale a marchar pero que necesita circular por las calles, el próximo gobierno deberá hacer la transición desde ser la apasionada voz del reclamo a ser la tranquila y razonable voz de las soluciones. 

A diferencia de todos los gobiernos anteriores que ha habido en Chile desde el retorno de la democracia en 1990, el entrante se identifica más con las protestas callejeras que con las elites políticas que deben canalizar dicho descontento. Si bien los presidentes de la Concertación participaron en movilizaciones populares contra la dictadura, ello estuvo enmarcado más en articular las respuestas que ofrecía la elite partidista de oposición al descontento ciudadano que se expresó con mucha más fuerza a comienzos y mediados de la década de los 80.  

Es verdad que, a diferencia de muchos de sus pares del Frente Amplio durante el estallido social de 2019, Boric entendió que el desafío de la elite política es buscar soluciones a la crisis política. Por eso se sumó al acuerdo (desde mi punto de vista, fallido y mal diseñado) que forjó el camino para el complejo proceso constituyente que hoy tiene al país al borde del despeñadero. Es más, Boric también estuvo dispuesto a participar en algunas de las iniciativas de comisiones que formó Piñera al comienzo de su gobierno —que, más porque Piñera buscaba el golpe comunicacional de los anuncios que la procuración de soluciones concretas, nunca dieron mucho fruto. 

Pero Boric nunca dejó de sentirse más parte de los movimientos sociales que de la elite política llamada a dar respuesta al descontento. Es verdad que repitió varias veces, especialmente desde que pasó a segunda vuelta, que él aspiraría a ser el presidente de todos los chilenos. Pero también repitió muchas más veces que él se sentía el representante de los movimientos sociales. Las dos cosas no van a poder ser ciertas a la vez. O Boric es el presidente que trae a los movimientos sociales a la toma de decisiones en La Moneda o Boric se convierte en el presidente de todos los chilenos y, por lo tanto, su trabajo consistirá en sopesar las demandas de los movimientos sociales con los anhelos y preferencias de esa mayoría que no participa activamente de las protestas y las marchas. 

La contradicción entre ambos intereses se hace patente en la forma en que deberá abordar una serie de cuestiones pendientes de política pública. El perdonazo a los deudores del CAE será uno de esos desafíos. Condonar la deuda de los que aún no han pagado será discriminatorio con aquellos que ya pagaron. Es más, destinar valiosos recursos públicos a ayudar a profesionales que en general no están en el 40% de menos ingresos reducirá los recursos disponibles para ir en ayuda de las necesidades urgentes de los que más necesitan. Cada condonación de deuda del CAE resultará en menos recursos para construir vivienda pública. Es verdad que se puede caminar y mascar chicle a la vez. Pero no se puede usar la misma plata para comprar zapatos y comprar chicles. 

Esta tensión entre los grupos que históricamente ha representado Boric y la nación que deberá buscar representar a partir del 11 de marzo se expresará primeramente y con más fuerza en el orden público. Si bien Boric cree deber su victoria a los movimientos sociales que marcharon, la mayoría que le dio la victoria está compuesta por personas que quieren que el Estado imponga su legítimo monopolio de la fuerza. Es cierto que una gran mayoría quiere una policía que no abuse de las personas, que no esté manchada por la corrupción y que sea eficiente en garantizar el orden público. Pero para alcanzar ese objetivo, el gobierno deberá partir por imponer fuertes castigos a las personas que atenten contra la integridad de los policías. En ningún país funciona una reforma de la policía si no se instala primero el principio de respeto a la autoridad. 

Poco después de que se inicie el gobierno, sabremos qué tan bien entiende el Presidente Boric el enorme desafío que tiene por delante. Las primeras señales se verán en la forma en que su gobierno enfrente la tarea de asegurar el orden público. 

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Entre todos los desafíos que enfrentará el gobierno del Presidente Boric, el más complejo será el de garantizar el orden público. Precisamente porque Boric se identifica con los movimientos sociales que canalizan su descontento a través de protestas y que han criticado el uso de la fuerza por parte de la policía, su gobierno deberá decidir entre seguir siendo la voz de los primeros o defender el estado de derecho y el orden público, elemento necesario para que la sociedad pueda funcionar. Porque al final del día el gobierno tiene que frenar el ímpetu de la vociferante minoría que marcha —sean estudiantes, medioambientalistas, camioneros, o defensores del No + Tag— para proteger los derechos de esa mayoría que no sale a marchar pero que necesita circular por las calles, el próximo gobierno deberá hacer la transición desde ser la apasionada voz del reclamo a ser la tranquila y razonable voz de las soluciones. 

A diferencia de todos los gobiernos anteriores que ha habido en Chile desde el retorno de la democracia en 1990, el entrante se identifica más con las protestas callejeras que con las elites políticas que deben canalizar dicho descontento. Si bien los presidentes de la Concertación participaron en movilizaciones populares contra la dictadura, ello estuvo enmarcado más en articular las respuestas que ofrecía la elite partidista de oposición al descontento ciudadano que se expresó con mucha más fuerza a comienzos y mediados de la década de los 80.  

Es verdad que, a diferencia de muchos de sus pares del Frente Amplio durante el estallido social de 2019, Boric entendió que el desafío de la elite política es buscar soluciones a la crisis política. Por eso se sumó al acuerdo (desde mi punto de vista, fallido y mal diseñado) que forjó el camino para el complejo proceso constituyente que hoy tiene al país al borde del despeñadero. Es más, Boric también estuvo dispuesto a participar en algunas de las iniciativas de comisiones que formó Piñera al comienzo de su gobierno —que, más porque Piñera buscaba el golpe comunicacional de los anuncios que la procuración de soluciones concretas, nunca dieron mucho fruto. 

Pero Boric nunca dejó de sentirse más parte de los movimientos sociales que de la elite política llamada a dar respuesta al descontento. Es verdad que repitió varias veces, especialmente desde que pasó a segunda vuelta, que él aspiraría a ser el presidente de todos los chilenos. Pero también repitió muchas más veces que él se sentía el representante de los movimientos sociales. Las dos cosas no van a poder ser ciertas a la vez. O Boric es el presidente que trae a los movimientos sociales a la toma de decisiones en La Moneda o Boric se convierte en el presidente de todos los chilenos y, por lo tanto, su trabajo consistirá en sopesar las demandas de los movimientos sociales con los anhelos y preferencias de esa mayoría que no participa activamente de las protestas y las marchas. 

La contradicción entre ambos intereses se hace patente en la forma en que deberá abordar una serie de cuestiones pendientes de política pública. El perdonazo a los deudores del CAE será uno de esos desafíos. Condonar la deuda de los que aún no han pagado será discriminatorio con aquellos que ya pagaron. Es más, destinar valiosos recursos públicos a ayudar a profesionales que en general no están en el 40% de menos ingresos reducirá los recursos disponibles para ir en ayuda de las necesidades urgentes de los que más necesitan. Cada condonación de deuda del CAE resultará en menos recursos para construir vivienda pública. Es verdad que se puede caminar y mascar chicle a la vez. Pero no se puede usar la misma plata para comprar zapatos y comprar chicles. 

Esta tensión entre los grupos que históricamente ha representado Boric y la nación que deberá buscar representar a partir del 11 de marzo se expresará primeramente y con más fuerza en el orden público. Si bien Boric cree deber su victoria a los movimientos sociales que marcharon, la mayoría que le dio la victoria está compuesta por personas que quieren que el Estado imponga su legítimo monopolio de la fuerza. Es cierto que una gran mayoría quiere una policía que no abuse de las personas, que no esté manchada por la corrupción y que sea eficiente en garantizar el orden público. Pero para alcanzar ese objetivo, el gobierno deberá partir por imponer fuertes castigos a las personas que atenten contra la integridad de los policías. En ningún país funciona una reforma de la policía si no se instala primero el principio de respeto a la autoridad. 

Poco después de que se inicie el gobierno, sabremos qué tan bien entiende el Presidente Boric el enorme desafío que tiene por delante. Las primeras señales se verán en la forma en que su gobierno enfrente la tarea de asegurar el orden público. 

*Patricio Navia es sociólogo y académico de la UDP.

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