La reciente entrega de los datos de la nueva Encuesta Casen 2020, llamada la “Casen en pandemia” y aplicada en medio de esta, viene a confirmar algo que varios economistas habíamos advertido hace ya un año: un preocupante aumento tanto de la desigualdad como de la pobreza en Chile. La recesión del COVID-19 –generada principalmente debido a las cuarentenas y las medidas restrictivas impuestas por autoridades sanitarias alrededor del mundo— ha causado la primera alza oficial de la pobreza en Chile en los últimos 20 años, así como un aumento de la desigualdad. Esto es preocupante, ya que en Chile se creía que la pobreza era una cosa de un pasado remoto y distante, el cual habíamos superado. Estos resultados de la Casen 2020, entonces, son un balde de agua fría para nuestras perspectivas de desarrollo y un mazazo de realidad que nos hace ver nuestra frágil situación económica como país, que algunos obnubilados con los números macro de hace una década se negaban a reconocer y otros refundacionistas ni siquiera atisban.
De acuerdo a la encuesta, la tasa oficial de pobreza por ingreso en Chile, pasó de un 8,6% en el 2017, a un 10,8% en el 2020, lo que se traduce en que un poco más de 2.100.000 personas se encuentran en situación de pobreza reportada en nuestro país. Si consideramos la cantidad de la población al 2017, según las proyecciones del INE en base al Censo del 2017, esta alza de 2,2% equivale a que 528.134 nuevas personas entraron bajo la línea de pobreza. Esta encuesta es sin duda una buena forma de medir el real impacto negativo que ha tenido la pandemia y los cierres forzados del comercio en el bienestar de las personas, y, por sobretodo, sobre aquellos con menores recursos en el país y sus familias. Al menos una cosa positiva de estos resultados es que se encuentran por debajo de las proyecciones que tenía el Fondo Monetario Internacional con respecto al alza de la pobreza en el país —el FMI proyectaba que la pobreza superaría el 12%. Por lo que los resultados fueron, al menos, mejores que las expectativas de los expertos.
Sin embargo, al mirar la situación de la pobreza extrema la situación es aún más preocupante. La pobreza extrema (ingresos mensuales bajo los dos tercios del valor de la línea de la pobreza) aumentó al 4,3%, casi duplicándose respecto al 2,3% del 2017. Esto equivale a que hoy en Chile más de 830.000 personas viven en pobreza extrema. De hecho, según la Cepal, si no hubiera sido por toda la ayuda fiscal y las ayudas realizadas por el Ejecutivo a las familias más golpeadas por esta crisis pandémica, la pobreza en Chile habría sido de casi un 14%. Es decir, la política pública de ayuda focalizada durante el 2020-2021, ayudó a evitar un 3,2% adicional de alza de la pobreza. Esto equivale a evitar que casi 570 mil personas adicionales pudieran caer bajo la línea de la pobreza. Todo esto gracias a las ayudas del Ejecutivo y a la Red de Protección Social, injustamente criticadas por algunos y elogiadas por organismos internacionales como el FMI y la Cepal. A pesar de esta triste alza, si nos comparamos con nuestros vecinos, Chile es el país de la región que experimentó la menor alza en su pobreza post pandemia. En Argentina, por ejemplo, la pobreza se disparó de forma abrupta en 10 puntos, pasando desde un 32% a un preocupante 42% de la población. En Perú, la pobreza también se disparó en 10 puntos, dejando a dicho país con un 30% de su población bajo la línea de pobreza (ver el desglose de la pobreza por país aquí).
Estos números adquieren su debido peso e implicancias cuando los analizamos en base al cómo la pobreza en general se ha comportado durante estas últimas cuatro décadas. Pues bien, en 1990, según el informe del PNUD y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la pobreza en Chile era de un 68,5% de la población (medida bajo la metodología actual) y en 1998 ya había descendido abruptamente a un 39,2% de la población. Esos números son enormes, ya que, en otras palabras, equivale a decir que mucho más de la mitad del país a inicios de los años 90’ se encontraba bajo la línea de la pobreza; pero que, en dicha década, logramos sacar a casi un tercio de la población de las garras de la pobreza. Posteriormente, en 1998, la tasa de pobreza era aproximadamente de un 35%, para luego experimentar una breve alza en el 2000 pasando a un 36% —producto de los efectos de la crisis asiática en la económica chilena, sus exportaciones y en el empleo—. Posterior al 2000, entonces nuestro país hizo una excelente tarea de reducción de la pobreza, rediciéndola de forma acelerada y permanente hasta situarla en el 2017 en un 8,6%.
En síntesis, la década del 1990-2000 muestra una reducción de la pobreza que fue de un 30,9% aproximadamente, mientras que el período 2000-2017, muestra una reducción de la pobreza de un 29%. Esto equivale a decir que en los últimos 30 años y gracias al crecimiento económico y políticas públicas enfocadas en las personas que más lo necesitan, pudimos sacar a casi dos tercios de las personas de la pobreza. Este es uno de los logros del desarrollo económico más grandes e importantes que hemos realizado en el país en los últimos treinta años, a pesar de que hoy muchos jóvenes —paradójicamente los más beneficiados de este proceso modernizador— buscan renegar y vilipendiar de nuestro pasado reciente.
Es de esperar que el lamentable regreso de la pobreza sirva de agua fría para poder calmar los ánimos y erradicar las alucinaciones de tantos Constituyentes refundacionistas.
Al analizar entonces los nuevos datos de la Casen 2020 y al confrontarlos con nuestra experiencia de pobreza en los últimos treinta años, podemos advertir que esta es la primera vez en 20 años —desde la crisis asiática del 2000— que nuestra pobreza experimenta un alza considerable. Esto no es un dato menor, pues viene a marcar un cambio de tendencia grave, nunca antes visto en nuestra historia reciente desde el retorno de la democracia. Por primera vez estamos viendo el regreso de la pobreza, como aquel fantasma que, creíamos haber superado, pero hoy parece resurgir con fuerza entre las ruinas de nuestro pasado reciente. Creíamos que el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el bienestar eran cuestiones constantes o dadas, y que se darían independiente o a prescindir de nuestra responsabilidad política y de nuestra sobriedad en hacer reformas económicas. Pues bien, es de esperar que el lamentable regreso de la pobreza sirva de agua fría para poder calmar los ánimos y erradicar las alucinaciones de tantos Constituyentes refundacionistas.
Así las cosas, el regreso del fantasma de la pobreza es sumamente problemático dado el complicado contexto actual en el cual nos encontramos, ya que el país lleva casi una década sin crecer económicamente, la productividad ha desaparecido y las tasas de informalidad laboral han crecido. Es bien sabido —y el Chile de los años 90’ es la mejor evidencia de aquello— que la única forma de poder reducir la pobreza sostenidamente en el tiempo es con generar mejores y más eficientes mercados laborales y con la creación de empleo no precario y formal. Como bien lo señaló la Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, “en la medida en que nosotros no seamos capaces de recuperar esos empleos formales, no vamos a ser capaces probablemente de sacar a esas familias de la pobreza y de la extrema pobreza”. No obstante, sin crecimiento económico, sin inversión y sin una economía dinámica, no hay forma de poder reactivar nuestros mercados laborales formales, por lo que el crecimiento económico es una condición necesaria fundamental para poder combatir la pobreza que nos acecha nuevamente. Como lo reconoció el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, “lo que necesitamos es crecimiento económico. Las ayudas sociales se van a mantener, pero es importante volver a crecer”.
Ahora bien, ante este complicado contexto de bajo o nulo crecimiento económico, mercados laborales atrofiados producto de la pandemia y expectativas de crecimiento económico de largo plazo (PIB tendencial) cada vez más ajustadas a la baja producto de nuestra caída de productividad en la última década (ver el informe del Banco Central aquí), resulta desalentador que, ante esta nueva situación de pobreza y precariedad, veamos a economistas como Ramón López —el asesor económico del pre-candidato presidencial Daniel Jadue— desestimar el valor del crecimiento económico y del esfuerzo de los emprendedores cuando declara: “No vengamos a llorar porque van a desaparecer algunas pymes, [esto] siempre ocurre”. O cuando, la asesora económica de Jadue y Directora Ejecutiva de OPES (Observatorio de Políticas Públicas), Javiera Petersen, sostiene que aquellas “empresas que solo son viables porque pagan pocos salarios, probablemente no van a ser parte del modelo de desarrollo económico”. Pareciera que estos economistas viven en un mundo paralelo en el cual la pobreza no sería un problema urgente y la destrucción de empresas pymes no afectaría nuestro crecimiento económico. En suma, estará por verse entonces, el cómo la Nueva Constitución y el próximo Presidente o Presidenta de Chile se harán cargo de esta abultada mochila entre nueva pobreza, mercados laborales atrofiados, educación y productividad menguada y poco crecimiento económico.