El 11 de septiembre es una fecha de grave memoria en política. En Chile se le recuerda por el golpe de Estado más cruento que ha sufrido el país y por todo lo que ello implicó. Los catalanes toman la fecha por día nacional, la “Diada”, conmemorando la caída de Barcelona durante la Guerra de Sucesión Española y la pérdida de su autonomía institucional. Y más recientemente, casi todos la recordamos por el atentado terrorista contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en la ciudad de Nueva York. Difícilmente alguien no se acordará de dónde estaba o qué estaba haciendo en el momento preciso en el que se enteró de aquel acontecimiento abominable. Las imágenes de las torres ardiendo nos recordaron a muchos las ficciones recreadas por el cine en múltiples oportunidades, y por algunas horas, incluso días, predominó la vívida sensación de que cualquier cosa era posible a partir de entonces.

La gran mayoría desconoce, en cambio, que aquel mismo día, y apenas unos minutos después de ejecutarse dicho atentado, todos los países del hemisferio americano —con la excepción de Cuba, que no forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA)— suscribieron un documento de extraordinaria importancia. En la ciudad de Lima, y pocos meses después de la precipitada salida del poder de Alberto Fujimori, se firmó la Carta Democrática Interamericana, una iniciativa que el expresidente colombiano César Gaviria, a la sazón Secretario General de la OEA, había venido impulsando con la finalidad de que las diversas naciones de nuestro continente fijaran un compromiso claro con la democracia como único sistema político aceptable en el hemisferio.

El documento no sólo recogía el espíritu de la época, marcado por la progresiva liberalización y la paulatina consolidación de regímenes democráticos en donde décadas antes habían predominado los regímenes de fuerza. Emergía también como consecuencia de la constatación de un hecho que se nos ha hecho familiar a los politólogos de la actualidad: la realización de elecciones, presentes en cada vez más países, no necesariamente garantiza la vigencia de un orden genuinamente democrático. Así lo demostraba el período presidencial de Fujimori, capaz de concitar el fervor de las mayorías pero descarnadamente autoritario en el ejercicio del poder (y por eso se eligió a Lima para suscribir la Carta). La denominación de “regímenes híbridos” ha emergido en las últimas décadas para dar cuenta de este hecho tan frecuente en nuestro tiempo.

La Carta hace referencia expresa a los componentes fundamentales de la democracia representativa, dentro de los cuales el respeto a la voluntad popular manifestada en elecciones libres, pero también la división de poderes y la preeminencia del estado de derecho, resultan ineludibles. También contempla este documento una serie de acciones que los Estados firmantes tienen a su disposición para, multilateralmente, sancionar y presionar a aquellos gobiernos regionales que se aparten de los más mínimos estándares democráticos. Por ende, este documento constituye desde entonces un avance primordial en el intento multilateral y cooperativo por consolidar un sistema hemisférico de libertades y democracia.

No obstante, desde un principio el proyecto de la Carta despertó suspicacias. En la III Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en la ciudad canadiense de Quebec en abril de 2001 y en cuya Declaración se marcaba ya la senda hacia el documento final, la delegación venezolana del gobierno de Hugo Chávez se reservó su posición con respecto a la mención expresa de la “democracia representativa”, alegando que también se debía incorporar la idea de “democracia participativa”. Se pensaba que algo similar sucedería el 11 de septiembre ante el momento cumbre de suscribir la versión definitiva, pero es probable que las escalofriantes noticias recibidas desde Nueva York hayan desaconsejado poner mayores trabas.

En el caso de Venezuela, la “democracia participativa” terminó convirtiéndose en una suerte de continuación de lo que, durante la Guerra Fría, se denominó las “democracias populares”, eufemismo con el que los regímenes políticos del lado soviético del telón de acero se referían a sí mismos. El chavismo repitió de algún modo, por la izquierda, las técnicas que Fujimori, tirano muy popular, había desarrollado ya por la derecha para hacerse con el poder absoluto, con lo que en retrospectiva no asombran las reticencias que anticipadamente había venido demostrando la cancillería venezolana.

Y en general, se observa que durante los 20 años que han transcurrido ya desde la firma de la Carta Democrática Interamericana —y sobre todo durante los últimos cinco— el mundo se ha venido deslizando por lo que los politólogos denominan una “reversión autoritaria”, marcada por la proliferación de dinámicas y regímenes híbridos y autoritarios en todo el planeta. América Latina no ha sido una excepción, por supuesto; ahí están los casos de Venezuela y Nicaragua como nuevas dictaduras, las preocupantes tendencias que se aprecian en países como Bolivia o Brasil, y las siempre complejas dinámicas de casos como los de Colombia o México. Y Cuba, por supuesto, que impertérritamente mantiene durante décadas su régimen de fuerza contra viento y marea.

Con todo, lo más inquietante quizás no sea la irrupción de nuevas dinámicas autoritarias. El poder, ya se sabe, corrompe, máxime cuando se hace absoluto, y el apetito por capturarlo y mantenerlo ha existido siempre en todas partes. Lo que quizás represente un indicio más grave y sorprendente de que estamos a las puertas de un retroceso estructural es el modo en que consensos democráticos tan importantes como el que se vio reflejado en la Carta de 2001 comienzan a ser desechados o minusvalorados en toda clase de predios e instancias.

Con China convertida en el principal socio económico de la región, sin tantos remilgos en materia de democracia y derechos humanos, y en la medida en que las nuevas dinámicas autoritarias se visten con los ropajes de la institucionalidad democrática —al punto de que la coexistencia con el autoritarismo se nos convierte nuevamente en algo normal y de que numerosos intelectuales occidentales rinden pleitesía al “modelo chino”—, no puede decirse que escaseen las razones para la preocupación. La Carta Democrática Interamericana sigue siendo un referente válido para la defensa de la democracia en la región, pero su fuerza valdrá tanto como la voluntad de los americanos y de sus gobiernos por mantener al continente libre de dictaduras.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta