El próximo 14 de julio asumirán sus funciones los gobernadores regionales electos por la ciudadanía. En la práctica se empieza un proceso de descentralización gradual y continuo que traspasa el poder de decisión a los territorios. Se trata de una transformación nada de fácil, donde se requerirá un cambio de mentalidad importante y atracción de nuevo capital humano. Si el proceso evoluciona bien, ya no serán las personas de provincia quienes se trasladen a Santiago, sino los de la capital buscarán oportunidades en las regiones.

“Santiago no es Chile” fue la frase recurrente de los últimos años, pero que en la práctica estaba muy lejos de la realidad. De hecho, la elección del 15 y 16 de mayo con segunda vuelta el 13 de junio, tuvo su centralismo en Santiago, donde los ojos solo estaban puestos en el gobernador de la Región Metropolitana.

Si bien cada una de las 16 regiones se desarrolla en forma independiente, mientras el poder político siguiera centralizado en la capital era muy difícil un avance real. La toma de decisiones se transformaba en un proceso lento de idas y vueltas que en la pandemia se hizo aún más visible. Sin ir más lejos, un toque de queda parejo para todo Chile, cuando hay lugares como Magallanes o Rapa Nui con una o dos horas de desfase con Santiago, suena poco realista. Otro ejemplo de esta falta de sensibilidad regional fue la autorización para abrir restoranes solo en terrazas, cuando cualquiera que viva en Puerto Montt o Coyhaique sabe que las lluvias o los vientos la hacen una medida impracticable. Es probable que ese tipo de políticas relativas al estado de excepción no puedan estar todavía radicadas en el territorio, pero aunque la nueva ley de descentralización requiera nuevos ajustes en el camino, abre una esperanza para las regiones.

En términos prácticos, se crean dos figuras, la del gobernador regional y la del delegado presidencial que reemplaza al actual Intendente, donde se separan las funciones de administración y las de seguridad.

El primero tendrá a su cargo formular las políticas de desarrollo de la región, proponer la distribución de los recursos y los programas de inversión regional al Consejo regional, así como ser responsable de su ejecución. También será responsable de coordinar y fiscalizar los servicios a su cargo. Las habilidades políticas y de gestión de esta nueva figura serán relevantes para aunar voluntades con el Consejo regional, el cual preside, como también con el delegado presidencial que al menos en este primer tiempo serán prácticamente todos de otro color político. Al mismo tiempo, el nuevo gobernador tendrá un año desde que asume el cargo para solicitar el traspaso de nuevas competencias desde el nivel central a su región.

En el caso del delegado presidencial, sus funciones tienen que ver con lo relativo a la seguridad, velando por que en el territorio se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes. Al mismo tiempo deberá proponer los nombres de los Seremis al Presidente de la República, así como la coordinación y supervisión de éstos.

En la maratón electoral de este año, la derecha, que actualmente es gobierno, no visibilizó la importancia que tenía la elección de las nuevas autoridades regionales y solo obtuvo un gobernador electo en la Araucanía.

Algunos creen que la figura del Gobernador todavía no tendrá la importancia real en la toma de decisiones. Sin embargo, su gran capital es que, a diferencia de los Intendentes, fue elegido por la ciudadanía, de manera que su legitimidad ciudadana obligará tanto al Gobierno como a la oposición a ejercer un verdadero ejercicio de diálogo democrático. Eso, si es que realmente les importan las regiones.

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