El proyecto de ley de Presupuesto para el año 2021 disminuye los recursos destinados a la educación en un 0,6%, lo que se justifica en la austeridad que requiere un gasto público en una crisis económica como la que vivimos. Más allá de las críticas posibles respecto de esta disminución y si en definitiva ésta está bien focalizada, es relevante analizar cómo se distribuyen los recursos dentro de la partida de educación.
Los dos programas más relevantes son las Subvenciones a los Establecimientos Educacionales, que significan el 55% del total de los fondos asignados al Mineduc, y el Programa de Educación Superior, al que se le asigna el 14% del presupuesto de educación. Dentro de este último, la asignación más importante está dada por la gratuidad que representa el 73%.
Para el 2021, la gratuidad aumenta en $82 mil millones, siendo de hecho el programa que más lo hace en términos monetarios, llegando a significar el 10% del total en educación. Si analizamos la trayectoria de esta política desde que se implementa, se observa que ha tenido un aumento del 136% (2016 a 2019). Si bien los beneficiarios también se han duplicado, es interesante ver que ello no está relacionado con un aumento de la matrícula de pregrado. Es más, este año la matrícula de primer año ha sido la más baja de la última década, tendencia que seguiría para el próximo año. En particular, el aumento del gasto en gratuidad en esta oportunidad se explicaría por el ingreso de siete nuevas instituciones a la política.
Como se ve, esta política significa un gasto enorme para el Fisco, imponiendo además una rigidez al presupuesto en la medida que impide destinar recursos para otros fines y que, peor aún, queda sujeta a la posibilidad de seguir aumentando en la medida que nuevas instituciones deciden adscribir a ella. Algunos rectores y parlamentarios ya han hecho críticas a las disminuciones que se generan en otras áreas como el aporte a las universidades estatales. Claro que en este caso vale decir que los recursos para estas instituciones han aumentado de forma importante en el último tiempo (44% desde 2014) y son quienes más reciben aportes del Estado. Por lo que la respuesta no puede simplemente ser una exigencia de mayores recursos, menos considerando que las mayores urgencias están dadas en parvularia y escolar.
El panorama que se aproxima con la crisis económica, sumado a las tensiones que genera la gratuidad dentro del sistema, obligan a repensar de manera seria nuestro sistema de financiamiento. En una reciente conversación junto a José Joaquín Brunner, Rodrigo Valdés y Andrés Velasco, esta preocupación fue manifiesta y transversal y también lo fue el camino que debiéramos seguir, buscar los consensos de manera de fortalecer instrumentos como créditos contingentes a los ingresos que permitan a los estudiantes una vez egresados retribuir al menos en parte el costo de sus estudios.
Si no nos hacemos cargo de esto, es claro que los presupuestos venideros, así como este, deberán seguir ajustándose a la medida de la gratuidad.
Optar por la gratuidad en desmedro de otros sectores de la educación que requerían cambios y reformas urgentes para mejorar su calidad, fue una decisión política e ideológica.
En vez de mantener las mejoras del CAE que implicaban un esfuerzo futuro para los estudiantes, se optó por conquistar una tremenda masa de votantes agradecidos que no van a olvidar el legado del gobierno de la Nueva Mayoría, que les permitirá el sueño de estudiar gratis sin importar el tremendo problema que está significando para las arcas del Estado, de las Universidades adscritas y de todos aquellos estudiantes primarios y secundarios que fueron dejados de lado.