Muestra clara de la crisis institucional y política que atravesamos como país es el mal uso de los instrumentos de control, como lo es una acusación constitucional. Utilizar esta herramienta para manifestar críticas o discrepancias ideológicas y de gestión, solo dan cuenta de la incapacidad de generar acuerdos y políticas de Estado.

Buen ejemplo de lo anterior es lo que ha ocurrido en educación. No sólo a raíz de la acusación constitucional contra el ministro Raúl Figueroa -la cual se vota este jueves en la sala-, sino por cómo ha sido la dinámica de la discusión legislativa durante el último tiempo.

Por una parte, se ha hecho un mal uso de la actividad legislativa para oponerse a políticas y decisiones del Ejecutivo. Así lo demuestra la manera en que desde el Congreso se ha querido entrampar el proceso de regreso a clases presenciales. Mientras el Mineduc, apoyado por diversos expertos y organismos nacionales e internacionales, promovía un plan Paso a Paso, desde la Cámara de Diputados se presentaban iniciativas que lo impedían.

Por otro lado, proyectos de ley urgentes y relevantes han tenido una cortapisa dentro de la discusión, aludiendo a las razones más inverosímiles, como ocurrió con Kínder obligatorio. Un senador declaró que la iniciativa resolvía los problemas planteados, pero que por protesta al modo de proceder del Mineduc, lo rechazaría; y otro parlamentario escribió en Twitter que sin siquiera leer el detalle lo votaría en contra. Otro caso es lo que ha ocurrido con el proyecto de ley de subvención a los niveles medios de la educación parvularia, el cual no ha prosperado no por su contenido en particular -aumentar los recursos para jardines vía transferencia de fondos en lo principal-, sino que por discrepancias en la manera en que se calcula la subvención. De esta manera, se impide avanzar bajo argumentos que exceden la idea matriz de la iniciativa. Lo que uno esperaría sería generar espacios independientes para dar una correcta discusión y análisis a lo que sería el sistema de subvenciones, pero no impedir mejoras que son necesarias por existir otras posibles falencias en el sistema.

Con todo, hay una falta de disposición a legislar y a hacerlo bien. Pareciera que la preocupación no está en regular adecuadamente una materia para que sea capaz de resolver los problemas o vacíos normativos, sino que en imponer la propia mirada o interés incluso en contra de lo que pueda dictar la evidencia. Un ejemplo emblemático de ello es la Ley de Educación Superior, que a poco andar ha sido sujeta a diversas modificaciones y controversias. Tan paradójico es esto, que incluso dentro de la acusación contra el ministro Figueroa se le critica la publicación de una mala ley como lo es -a juicio de los parlamentarios firmantes-la ley para el pago de subvenciones en el contexto de la pandemia por Covid-19. ¿De quién es la responsabilidad por la calidad de leyes que se dictan? Sería bueno que los parlamentarios juzgaran sus propios actos bajo el prisma que lo hacen respecto del ministerio.

La deliberación parlamentaria es necesaria, es el espacio donde se ve representada la ciudadanía, para que mediante ella los proyectos de ley se discutan y avancen en las mejoras necesarias en los distintos ámbitos sociales. Sin embargo, resulta imposible hacerlo cuando ésta se ha convertido en un juego del empate político. Seguimos aferrados a los debates mezquinos. Tal como sucede con la acusación constitucional, la cual, sin mayor evidencia, sin mayor fundamento jurídico, pero con suficientes discrepancias en la conducción de la pandemia, se acusa al ministro por no hacer las cosas como a ellos les parece.

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