Es de amplio conocimiento nacional e internacional la gran preocupación que existe por el daño que ha generado el cierre de escuelas, producto de la pandemia, en el desarrollo de habilidades sociales, salud mental y aprendizajes de miles de niños y jóvenes. Sin ir más lejos, la ONU, Unicef y el Banco Mundial –prestigiosas instituciones internacionales– han hecho un llamado a priorizar la apertura de establecimientos en todo el mundo para mitigar el latente aumento de las brechas educativas.

Lamentablemente en Chile este tema se ha politizado, ya que se han puesto los intereses y rencillas ideológicas por sobre la necesidad transversal de abrir los colegios donde las condiciones sanitarias lo permitan. Esto se demuestra con la decisión de un grupo de parlamentarios de oposición al gobierno de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Educación, declarando que su “afán” de abrir las escuelas atenta contra la integridad física y psíquica de toda la comunidad escolar. Sin embargo, el peligro que ven los parlamentarios, y por el que acusaron al ministro, no es real: de 5.400 establecimientos abiertos, alcanzando a más de 1 millón de estudiantes el primer semestre del 2021, solo el 0,04% de ellos tuvo brotes por Covid-19. Esto demuestra que, cumpliendo los protocolos sanitarios, es posible abrir las escuelas de forma segura, y su apertura ha contribuido a apoyar a aquellos estudiantes que estaban desconectados, en riesgo de un abandono permanente de su educación, que tienen dificultades socioemocionales debido al encierro, que están con rezago escolar, entre otras preocupantes situaciones.

En esa línea, el foco debe estar en cómo el Estado y los ciudadanos colaboramos en que se puedan abrir los colegios por el bienestar de nuestros niños, dando seguridad a las familias y la comunidad escolar. Esto sin duda ha sido posible, pues el protocolo para abrir es flexible, gradual y voluntario, permitiendo así que se adapte a las diferentes realidades de los establecimientos y que los padres sean quienes decidan si mandan o no a su hijo a clases presenciales. Con este plan de apertura, a dos días del inicio del segundo semestre 2021, se logró que abrieran más de 6.300 establecimientos, y hoy ya son más de 10.000

Pero aún con los esfuerzos que hacen las comunidades educativas para volver a clases, instituciones como el Colegio de Profesores emiten declaraciones como que “la gran mayoría de los colegios no están en condiciones de abrir”, remando para el lado contrario de lo que declaran diversas instituciones dedicadas a la infancia. Incluso la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien en varias oportunidades ha sido contraria a las iniciativas del Gobierno, manifestó que el retorno a clases “debería ser una prioridad país”. Claramente, a quienes deberían abogar por el derecho a la educación, como el Colegio de Profesores, se les olvidó o quieren minimizar el hecho de que la educación es el motor para reducir las desigualdades, y teniendo la escuelas cerradas, esto solo se acrecentará.

Esperamos que hoy en la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, los parlamentarios no se dejen embaucar por aquellos que ponen sus ideologías por sobre el bienestar de los estudiantes y voten a favor del sentido común.

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