Mientras más se debilita el Estado de Derecho, mayor preocupación parece haber por priorizar el resguardo de los derechos humanos de quienes compiten por deteriorar y socavar la paz social y la seguridad que el Estado debe procurar a todos los ciudadanos con el monopolio del uso de las armas.

Basta con leer la prensa de los últimos días para  ver cómo se multiplican los actos de violencia y desde las autoridades de distintos poderes se propala priorizar la vulneración de los DDHH que sufren quienes delinquen o sufren excesos de parte de la policía a cargo de controlar el orden público y mantener la paz social.

Esos ilícitos son preocupantes, claro que sí, pero más alarmante es ver que se focaliza la acción de protección del Estado no en las víctimas de la destrucción y el incendio, como lo vimos el viernes en el barrio Lastarria, sino que en los perpetradores de esa fuerza bruta que no reconoce brújula ni timón. Si no, pregúntenle a los candidatos Boric y Provoste, que a pesar de su ambivalencia frente a la violencia de la ultra izquierda, tampoco logran salvarse de ella.

Mirar el balance de destrucción del conflicto mapuche en las regiones es aterrador. El martes último (27), un nuevo ataque al fundo Santa Ana en Carahue, zona costera de la Araucanía, marcó una diferencia, según Interior, con los 286 atentados anteriores contra faenas forestales. Esta vez los agresores no se concentraron en agregar más maquinaria o vehículos a los mas de mil que llevan destruidas y quemadas, sino que se focalizaron en balear a los carabineros que cuidan el predio y a sus trabajadores. Los dos carabineros y un trabajador heridos graves, que fue el saldo, ya son pan de cada día en una zona donde los hechos de fuerza en el primer semestre, comparado con igual período de 2020, subieron en un 94%, incluyendo 4 homicidios. Los delitos asociados a ataques incendiarios, narcotráfico, robo de madera y porte ilegal de armas se concentraron en un 68% en la Araucanía.

Las autoridades electas para redactar la nueva Constitución suspenden sesiones en solidaridad con los victimarios en el sur y solicitan amnistiar a los que llaman “presos políticos”. Les dan esa categoría, no obstante que no se puede distinguir cuáles de los 41 mil 75 delitos ingresados a la estadísitca del Ministerio Público, cometidos entre el 18 de octubre y 31 de diciembre de ese año, no fueron comunes, sino que “políticos”. Difícil cuando se trata de daños, robos, desórdenes y personas armadas, y muchos de ellos con prontuario (que habría que investigar si también se originan en ilícitos “políticos”).

Los convencionales van más allá de crear una comisión de DDHH para establecer una verdad histórica y buscar reparación. Se dan el gusto de tratar de excluir a un convencional exalmirante, que seguramente fue electo con más votos que ellos. Desde el Estado, porque representan hoy autoridades, están decidos a instalar la política de la cancelación en la CC, impidiendo cualquier opinión contraria a sus criterios de violaciones a los DDHH , calificándola de “negacionista”.

Parecieran sostener que “los grupos vulnerables o históricamente excluidos” no pueden violar nunca los DDHH. Son siempre víctimas, aunque infieran daños graves a terceros y sean en realidad victimarios. No hay otra explicación para que 6 diputados comunistas y 7 del Frente Amplio votaran en contra, el jueves pasado, un proyecto de resolución para solicitar al gobierno recursos para las pymes saqueadas y dañadas después del 18 de octubre. Hubo otros, como el candidato presidencial Gabriel Boric, que prefirieron abstenerse antes de aparecer dando beneficios a los que ellos no consideran víctimas, las pymes y restoranes destruidos y quemados.

También acabamos de conocer un nuevo instructivo del fiscal nacional haciendo más duros los criterios de actuación del Ministerio Público frente a los delitos de violencia institucional. “Una de las principales novedades”, dice el documento de 56 páginas, “son los acápites específicos sobre el ejercicio ilegítimo de la fuerza por parte de funcionarios policiales en el contexto del mantenimiento del orden público en manifestaciones sociales masivas”. Advierte que estas causas, donde los perpetradores son los agentes del Estado, deben terminar en juicio oral y no pueden pasar al archivo provisional “sin la autorización del fiscal regional”.

Muchos damnificados de la acción desvastadora de la fuerza bárbara quisieran ver la misma diligencia de las fiscalías frente a los delitos que les arrebatan su vida y forma de ganársela.  Pero no es así,  porque pareciera que el ilícito que ellos sufren tiene un “interés publico” menor que cuando se trata de perseguir a un policía que usa la coacción más allá de lo permitido.

Los tribunales amenazan con retirar la protección de la justicia por la inseguridad que ellos también padecen, pero piden lo que no siempre dan. La Corte Suprema solicitó al Gobierno la semana pasada protección especial para jueces y funcionarios judiciales por la violencia en Cañete. En paralelo, sin embargo, los magistrados de la Corte de Apelaciones de Temuco dejaron en libertad al vocero de Temucuici, Jorge Huenchumán, formalizado por trafíco de drogas y porte ilegal de armas. Estaba prófugo desde febrero pasado y pudo ser detenido, en medio de incidentes, sólo porque -complicado por el Covid 19- ingresó al hospital de Victoria. El jueves pasado, como era previsible, incumplió el compromiso de entrar a la cárcel de Angol para iniciar la cautelar de prisión preventiva y es improbable que se pueda ejecutar su detención porque en enero pasado la diligencia frustrada de 800 PDI dejó en evidencia que el Estado no entra a la comunidad Temucuicui. La CAM declaró la guerra al Estado, pero autoridades de ese mismo Estado le otorgan privilegios como minorías víctimas.

Es cierto que el Presidente llama a cada rato a condenar la violencia, pero  también lo hemos visto poner el foco en el agresor. Fue lo que ocurrió cuando el 9 de julio, cuando le expresó sus condolencias a la familia de Pablo Marchant, quien, señaló, murió en un acto de “sabotaje”. Ese es el término con que la CAM define sus ataques armados, en la guerra que declaró al Estado y las forestales. En uno de ellos murió Marchant, armado de un fusil M16 y donde quedó gravemente herido un trabajador.

Se ha ido evidenciando un temor presidencial a una persecusión en su contra en materia de DDHH que parece inmovilizar la respuesta coercitiva necesaria, con grave daño a la gobernalidad y la paz social. Son muchos los ejemplos, pero quedó claramente establecido de qué lado estaba en su última cuenta pública. Casi  omitió el drama en la Araucanía, pero hizo todo tipo de anuncios para fortalecer los DDHH, desde la perspectiva del Estado violador, por supuesto: crear una fiscalía especializada, aumentar los recursos del INDH y de la Defensoría de la Niñez y fortalecer los programas para atención de las víctimas de trauma ocular y lesiones graves.

Esta mirada perversa frente al delito y las violaciones a los derechos humanos nos ha conducido a esta grave falta de gobernabilidad, comprometiendo sin duda el futuro de Chile. El Presidente Piñera le ofreció toda la protección necesaria a la presidenta de la CC, Elisa Loncón. Su Ministro del Interior dio la misma seguridad a los candidatos Provoste y Boric. Y el resto, ¿qué?

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