Nuestra Convención Constitucional nace como un acuerdo de paz ante la violencia imperante a fines del año 2019. Se suponía que esta era la última ficha que nos estábamos jugando para terminar con ella.

Una violencia utilizada por distintos sectores políticos para imponer diagnósticos, culpables, victimarios y reescribir la historia. El acuerdo del 15 de noviembre fue un balde de agua fría para muchos que propiciaban y justificaban la violencia. Incluso el candidato Gabriel Boric fue calificado de traidor por su propio sector, por impulsar una salida institucional a la crisis que vivíamos, y que golpeaba de manera directa a miles de vecinos del sector de plaza Baquedano, Santiago centro y otros centros urbanos del país.

Sin embargo, a casi un mes de instalada la Convención, con una gran representatividad de todas las fuerzas políticas actuales, la violencia está en su apogeo.

Por una parte, podemos apreciar que la conformación de las diferentes comisiones ha ido perfilando un trabajo más sistemático de la Convención, configurado avances relevantes en cuanto a la forma y los procedimientos. El surgimiento de voces más dialogantes, que recalcan la importancia de escuchar y no prejuzgar, ha dado pie para la consolidación de este proceso, como lo ocurrido con la elección de las vicepresidencias.

No obstante, también han tomado más fuerza los sectores que llaman a inhabilitar al otro por no compartir una historia, una identidad, una visión. Esto se hace evidente en la recién conformada comisión de Derechos Humanos. Esta comisión no tiene por objeto construir un marco de protección de derechos pensando en el futuro, sino más bien, y por las mismas declaraciones de algunos de sus miembros, a revisar el pasado y abordar la contingencia, juzgando quiénes pueden participar (“los buenos”) en un pluralismo imaginario.

Lamentablemente, esta configuración de buenos y malos va más allá del lenguaje, basta con recordar las palabras del vocero de la Lista del Pueblo, en las cuales justifica la agresión y la violencia hacia un diputado, ó el recrudecimiento de la violencia en la macrozona sur y la legitimación de estos victimarios por parte de autoridades académicas y políticas a la hora de convocarlos a sentarse a la mesa para dialogar. Preocupante es esta hegemonía discursiva, donde las víctimas pueden ser responsables de los actos de sus victimarios, donde los responsables no son los que destruyen, los que violentan, sino “el gobierno”. Donde algunos pueden separar a buenos y malos, según su origen, identidad, posición política y/o cultura, y el resto sólo guarda silencio por miedo a la funa o por complacencia.

Cada avance de la Convención Constitucional, cada esperanza en el futuro, es torpedeado por los mismos que no quisieron el acuerdo de noviembre, por la violencia, por el llamado a quemarlo todo, por aquellos que no quieren construir. Esperemos que la Convención Constitucional pueda sobreponerse a su origen en una sociedad cada vez más intolerante y sectaria.

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