La Convención Constituyente reviste especial interés porque es allí donde se definirá cual será el nuevo pacto social que en teoría regirá nuestra vida futura. Y digo en teoría, porque va a depender si la mayoría del país estará dispuesta a aprobar el nuevo texto que llegase a salir de ahí, a través del plebiscito de salida en 2022.

Dada la importancia que tiene, considero un deber ciudadano estar bien informado de lo que ocurre en su interior, particularmente porque, hasta ahora, lo que ha destacado de su funcionamiento es que desde la mesa presidida por Elisa Loncón y Jaime Bassa se han impuesto diversos criterios arbitrarios, sesgados políticamente, que dificultan la participación de quienes no comulgan con su ideas, entorpeciendo el funcionamiento de la Convención.

Es ampliamente conocido el arbitrio en dar la palabra, la anulación de votaciones, las decisiones que se tomaron para exigir la amnistía de los mal llamados presos políticos, la creación de una comisión de DDHH, que nada tiene que ver con escribir una nueva Constitución, la negación que trataron de imponer a la presencia de la prensa al interior del salón de deliberaciones, las declaraciones de Elisa Loncón en TV que fueron refutadas por Marcela Cubillos, entre otras iniquidades.

Pero hay otras decisiones que no se conocen tanto y que son motivo de preocupación. Una de ellas es que quienes vayan a exponer a la Convención tendrán que explicar a qué institución representan, de dónde proviene su financiamiento, qué están solicitando y varios otros criterios, con lo cual se decidirá si tienen conflictos de interés, en cuyo caso, se les negará la palabra.

Otro tema que inquieta es que se prohibirá la abstención, y quienes lo intenten serán considerados no votantes. La razón es que hay una lucha por la hegemonía de la convención entre el FA y el PC, y para eso necesitan contar con amplia mayoría en cada votación, pero como hay representantes de la izquierda moderada que ya se han abstenido, quieren identificar quiénes están a favor o en contra de su pretendida hegemonía, para presionarlos.

Otra controversia es el tema paritario en las comisiones. Ya no solo se considerará entre mujeres y hombres, sino que habrá que incluir todos los géneros que puedan tener presencia en la convención. Para ilustrar en lo que podría derivar este tema, se debe considerar además de los representantes LGTBIQ a cualquiera que se identificara por ejemplo como FTM, MTF, Neutrous, Dos Espíritus, Neither, No binario u otros tantos más.

También ha ocurrido que al solicitarle a partícipes de algunas reuniones que se presenten para ser conocidos, quienes mencionan su profesión reciben agresivas interpelaciones por explicitarlas, porque se considera que eso es un privilegio y casi una ofensa a quienes no son profesionales. Así de complejo.

Termino diciendo que no es cierto que se esté intentado desprestigiar a la Convención, porque los sesgos políticos y arbitrariedades varias que se advierten son de exclusiva responsabilidad de los miembros que las imponen y no de la Convención como organismo propiamente tal. Mientras eso siga ocurriendo, el daño reputacional lo tendrán que asumir los responsables de esos arbitrios. A nosotros como ciudadanos, nos asiste el derecho de exigir total transparencia, que las minorías sean respetadas, condenar aquellas decisiones que excedan las facultades conferidas a sus miembros, y que éstos se avoquen lo antes posible a la tarea para la que fueron elegidos.

Por ser una creación democrática, la Convención no puede fracasar. Si bien es cierto la elección de siete vicepresidentes es una señal de mayor apertura -aunque se podrá revocar a los elegidos- si fracasara, sobre Elisa Loncón y Jaime Bassa recaerá la principal responsabilidad.

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