Un consenso ampliamente difundido desde hace algunos años es que hemos entrado en un espiral de desprestigio institucional que ha redundado en un alejamiento de la ciudadanía de la política tradicional, que se manifestó fuertemente a través de la abstención electoral, y también en un ensimismamiento de la política en sus propios problemas. Si bien el diagnóstico parece transversal y ha sido expuesto por muchos actores, es de aquellos problemas que todos saben que existe, pero a la vez muy pocos hacen algo por cambiar.

Algunos piensan que basta cambiar a los protagonistas de la escena para que el problema sea apaciguado, pero, al parecer, la realidad es mucho más compleja de lo que se plantea. Después del 18 de octubre surgió un grupo importante de personas defendiendo esta tesis, rechazando la política de las últimas tres décadas, a tal punto que lo hicieron un eslogan de las manifestaciones. La política –los partidos, dirigentes y parlamentarios–, en pleno estado de shock por esa realidad cambiante, se sumó a ese discurso para sintonizar con el movimiento social, pero no dimensionó que en paralelo estaba destruyendo las bases de lo que ellos mismos contribuyeron a construir.

Este movimiento nuevo, representado por actores que también son nuevos, vino con un discurso anti-políticos que los investía de una gran pulcritud y los ponía sobre un pedestal, diciendo que, a través de una institucionalidad nueva, como la Convención Constituyente, y actores nuevos, como la Lista del Pueblo, iban a modificar o cambiar la realidad apremiante de nuestro país.

Lamentablemente este movimiento tuvo “patas cortas” y prontamente, en la medida que empezaron a hacerse cargo de las expectativas que generaron, padecieron el mal de siempre, se ensimismaron y cayeron en las mismas –o peores– prácticas que prometieron iban a resolver. A los pocos días insultaron la chilenidad, se burlaron de la institucionalidad y exigieron para sí los mismos privilegios que tanto criticaban de otros, especialmente al Congreso Nacional. No solo se convirtieron en lo que prometieron destruir o cambiar, sino que están siendo una versión renovada de malas prácticas, intolerancia y farandulización de las instituciones llamadas a poner el foco en los problemas y necesidades de los chilenos. La búsqueda de dinero, privilegios y otros comportamientos comienzan a tener costos para la Convención, que parece un grupo más dentro de los políticos de siempre.

La ciudadanía ya se ha dado cuenta de esto y en tan solo un mes de funcionamiento de la Convención Constitucional dos encuestas muestran cómo ha disminuido fuertemente su apoyo ciudadano, a tal punto que la desaprobación poco a poco es comparable con las otras instituciones de los famosos “30 años”. Los principales promotores del desprestigio de la Convención son algunos convencionales, por lo que no tiene sentido buscar conspiraciones u otras explicaciones.

La Convención Constitucional tiene un solo mandato y es claro: proponer a los chilenos un proyecto de nueva Constitución. Si son incapaces de ese desafío serán irrelevantes los simbolismos, especialmente los de aquellos que promovieron que este proceso era la única alternativa para construir un mejor país.

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