Resulta impropio emitir un juicio sobre la Convención Constitucional cuando todavía no ha entrado a analizar ningún tema de fondo de la nueva Carta Fundamental. Como era previsible, el primer tiempo de funcionamiento está destinado a la instalación, que no ha sido fácil entre otros motivos por negligencia del Gobierno, y a la elaboración del reglamento. 

Hay que tener en cuenta, además -y lo digo por experiencia tras haber presidido la Cámara de Diputados en su primer período luego del retorno a la democracia- que los medios de comunicación ponen su atención en los hechos que consideran noticiosos, pasando por alto con frecuencia el trabajo de los convencionales. El ciudadano debe ponderar esa información adecuadamente para no emitir juicios injustos o apreciaciones unilaterales. Son varios los convencionales de distintas sensibilidades que se han preocupado de informar sobre su labor poniendo el acento sobre los aspectos positivos.

Con esas salvedades, me quiero referir a algunos debates o decisiones de la Convención que no han contribuido a afianzar la valoración en su favor que tiene la opinión pública y que es uno de sus principales atributos para alcanzar éxito en su tarea: su legitimidad no sólo de origen -el sufragio universal- sino también de ejercicio, o sea, el cabal y responsable cumplimiento de su cometido. 

Los comentarios que siguen los hago con el ánimo de contribuir al buen desempeño de la Convención.

La primera consideración es que la Convención debiera funcionar con una cierta autonomía respecto de los avatares de la contingencia política, marcada por la campaña presidencial y parlamentaria. Así lo ha expresado claramente la presidenta de la Comisión de Reglamento, profesora Amaya Álvez. Efectivamente, la Convención no debiera distraerse en asuntos ajenos a su tarea, sobre los cuales además existen diversas opiniones y controversias.

El funcionamiento de diversas comisiones provisorias, sin embargo, puede derivar en instancias de debates contingentes superponiéndose en la práctica a las del Parlamento, con escasa utilidad para el trabajo de la Convención. 

En segundo lugar, sería conveniente que la Convención separara definitivamente sus vínculos administrativos y presupuestarios con el Gobierno y manejara en forma autónoma su presupuesto determinando las compras y los gastos, tal como lo hace el Congreso Nacional. Para lo cual la Comisión respectiva debería echar a andar un pequeño aparato administrativo que lo haga posible. Así se evitarían dimes y diretes con los sucesivos encargados de la Segpres para tratar estos asuntos. 

Si así hubiera ocurrido es posible que se hubiera evitado la discusión sobre las asignaciones de los convencionales, difícil de comprender por parte de la ciudadanía: muchos gastos los podría haber asumido la propia Convención y el monto de los recursos podría haber sido fijado por una comisión externa ajena a los propios incumbentes.

Ahora una consideración más de fondo.

Sería conveniente que los convencionales y los grupos en que están organizados tuvieran mayor claridad sobre los temas prioritarios que les interesan sean consignados en la nueva Constitución y orientaran su labor para conseguirlo. Así se evitaría que a propósito de cualquier asunto se planteen asuntos sustantivos generando debates inconducentes y aun contraproducentes, como el ocurrido recientemente en la Comisión de Reglamento a propósito del uso del concepto República de Chile.

Al dejar de lado esa expresión tradicional muy asentada en la cultura política del país, se ha abierto en forma precipitada y en forma incidental una polémica sobre el reconocimiento de los pueblos originarios y sus derechos. No es necesario cuestionar el uso del concepto de república para lograr ese reconocimiento. Así lo confirma una mirada somera a las constituciones latinoamericanas que han avanzado en esta materia sin necesidad de suscitar discusiones sobre el carácter republicano de sus países. Plantear el asunto antes de tiempo y donde no corresponde genera o reafirma prejuicios frente a las justas demandas de los pueblos originarios.

La idea de república -como ha recordado el convencional Agustín Squella- está cargada de una serie de principios que es necesario preservar y acrecentar, como el respeto al derecho, el rechazo a los abusos de poder y el valor de la libertad y la equidad. 

Por lo demás en la teoría democrática el poder soberano radica en el pueblo, entendido como el conjunto de ciudadanos libres que se expresan a través del cuerpo electoral. Obviamente esa ciudadanía no es un ente homogéneo desde el punto de vista histórico, sociológico ni cultural. Si se quiere, es una ficción jurídica necesaria que funciona en favor de la igualdad y contra los privilegios. Nada obsta a que el Estado democrático reconozca que además de los derechos inherentes a todos los habitantes, existan otros derechos propios de los pueblos originarios. Esa es, por lo demás, la filosofía del derecho internacional cuando se refiere a las diversas etnias que componen un Estado, al cual se puede calificar de plurinacional siempre que se parta de la base de un vínculo común fundado en la ciudadanía compartida.

Lo que no tiene explicación es la decisión por mayoría de impedir que el convencional Jorge Arancibia pueda asistir a algunas sesiones de la Comisión de la cual legítimamente forma parte. Aquí no está en cuestión lo que el almirante Arancibia representa, ni sus opiniones políticas o jurídicas, sino el derecho de todos los convencionales a ejercer sin trabas sus funciones. Nadie puede impedirlo, salvo el Tribunal Constitucional si un convencional incurriera en una de las causales de cesación en el cargo que la Constitución establece.

La mayoría que ha decretado la exclusión del almirante Arancibia ha abusado de sus prerrogativas y, por tanto, sus decisiones carecen de valor jurídico. Fuera de la torpeza política de transformar al convencional Arancibia en una víctima al atropellar sus derechos, esa mayoría ha atropellado los principios que dice defender, como si ellos tuvieran vigencia según quien fuera el sujeto en cuestión. 

Esta ha sido la actitud más palmaria de sectarismo y fanatismo, propia de quienes se erigen como poseedores de la verdad y dividen a los demás según el esquema de amigos y enemigos, tan manoseado durante la dictadura. Esta mentalidad simplista y esquemática puede llegar a inhibir el debate democrático de una asamblea. Todos debieran participar con argumentos en un diálogo abierto y fluido y no con dictámenes inquisitoriales.

Bien harían quienes discriminan en leer el Tratado de la tolerancia de Voltaire, quien justamente las emprendió contra el autoritarismo de su época llegando a afirmar que estaría dispuesto a dar la vida para que todos pudieran expresarse libremente, incluso sus adversarios acérrimos. 

Otra contradicción ha sido la exclusión de ciertas organizaciones de la sociedad civil de las sesiones de participación ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos, entre ellas la Fundación Jaime Guzmán. Nunca ha ocurrido algo igual en el Parlamento. No puede haber vetos ideológicos, políticos o religiosos. En Chile rige una democracia pluralista amplia: ningún partido, organización o movimiento ha sido considerado inconstitucional. Quienes aducen como justificación de la exclusión el negacionismo hipotético de las violaciones a los derechos humanos sin escuchar el planteamiento de los censurados, en los hechos están actuando como los autores de las prohibiciones existentes durante el tiempo de la llamada “democracia protegida” plasmada en el malhadado artículo 8°, derogado en 1989 luego del plebiscito del No. 

Es de esperar que estos criterios discriminatorios sean rectificados por la propia Convención sin necesidad de que deba intervenir la Corte Suprema u otra instancia jurisdiccional.

He señalado estos puntos críticos porque somos muchos los que tenemos el mayor interés y esperanza en que la Convención pueda redactar y proponer al país una nueva Constitución para la nueva etapa política que sea capaz de encauzar y promover el progreso para el país y todos sus habitantes. Muchas cosas se pueden ir mejorando en el camino antes que se inicien los debates sustantivos.

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1 comentario

  1. Como siempre, el articulista viendo lo que quiere ver y ocultando lo que a su sector político le conviene ocultar.
    Una pena por nuestra querida patria porque, tal como van las cosas – y nada hace pensar que se vayan a rectificar – del manejo matonesco que está haciendo la extrema izquierda de la Convención Constitucional no puede esperarse nada positivo.

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