El plebiscito del 25 de octubre representó un gran desafío para todos nosotros. Para el Estado, en cuanto a su coordinación; para los partidos políticos, respecto a la campaña; y para los ciudadanos, por su deber cívico. Además, si consideramos que celebramos los comicios en un contexto de pandemia aderezado por manifestaciones sociales, el escenario se torna casi distópico. Con todo, queda claro –por el contexto, el trasfondo y por la votación– que este referéndum será considerado como la votación más importante para nuestro país en los últimos 30 años.

En ese sentido, los partidos de derecha deberán hacer una autocrítica estricta respecto de su rol durante las crisis –social y sanitaria–, pues, considerando que tienen el peso de la prueba sobre sus hombros por ser gobierno, convendrán en asumir que la estrepitosa derrota de la opción “rechazo” se asimila inevitablemente a su coalición.

Incluso los historiadores, cuando redacten las crónicas de la ruptura social y del plebiscito constitucional, registrarán atónitos que la derecha fue dividida en la primera y en la segunda papeleta. Y qued dfue incapaz de cubrir el 30% de las mesas constituidas con apoderados. Escenario radicalmente opuesto a lo vivido en la segunda vuelta presidencial del 2017.

Por todo lo anterior, resulta recomendable proponerle a Chile Vamos que abandone la lupa y que use binoculares, para que mire a mediano plazo. Pues la elección más importante de su vida como coalición no se disputó este 25 de octubre, ni se disputará el 11 de abril de 2021 con la elección de los convencionales. El “juicio final” de Chile Vamos será el 21 de noviembre de 2021, cuando debamos elegir a diputados y senadores.

¿Por qué? En primer lugar, luego de vivir en carne propia los sinsabores de ser minoría parlamentaria, las manifestaciones de enemistad cívica, la mezquindad política y la desobediencia institucional, resulta evidente la necesidad de un cambio de legisladores. Y, como nada nos asegura que con la actual Constitución o con un nueva se calme este clima de “parlamentarismo de facto”, los más sano es, también, renovar a los congresistas.

En segundo término, el nuevo Congreso Nacional, aquel que será electo ese 21 de noviembre de 2021, será el encargado de darle armonía a la Nueva Constitución, si es que se aprueba; o de introducir las reformas necesarias a la Constitución del 2005, si es que se rechaza el texto propuesto por la Convención. En otras palabras, sabemos que en una Nueva Constitución –y en las constituciones en general– se encontrarán solo los principios generales, instituciones, contrapesos al poder y el reconocimiento a nuestros derechos y libertades inalienables. Todo lo demás está en leyes que le dan operatividad a nuestro entramado jurídico. Es decir, el nuevo Congreso Nacional será el encargado de darle “la bajada práctica” a la Nueva Constitución. Incluso, sabiendo que los avenimientos en la Convención Constitucional están supeditados a la regla de los 2/3, hay una alta probabilidad de que algunas materias queden fuera del texto final.

O, por otro lado, si el texto final se rechaza en el plebiscito de salida, de igual forma el nuevo Congreso tendrá la titánica tarea de darle cauce institucional a todas las reformas constitucionales pendientes. Es más, si la derecha apuesta por conservar el poder –ya sea con Joaquín Lavín, Evelyn Matthei, Mario Desbordes, Francisco Chahuán o Felipe Kast– deberán asegurarle un Congreso a su eventual candidato para no volver a sufrir los bloqueos a las iniciativas legales de gobierno.

En síntesis, más allá del Apruebo o el Rechazo, Chile Vamos deberá asumir la tarea constitucional como un imperativo; la elección de convencionales no será “la madre de todas las batallas”, como algunos señalan, y conviene enfocar el trabajo electoral para el nuevo Congreso Nacional 2021 con generosidad y proyección, si es que quieren sobrevivir –y convivir bien– como coalición.

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