El primer episodio ocurrió en el Congreso. El miércoles, en la Cámara de Diputados, se aprobó en general el proyecto que pretende cobrar un royalty a la minería del cobre y del litio, por 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones. Como se sabe, este tipo de proyectos son de exclusiva iniciativa presidencial; pues bien, nuevamente 91 Honorables violaron la Constitución, con pleno conocimiento que el TC ya había declarado inconstitucional este tipo de proyectos porque atentan contra nuestro ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho.

El solo hecho que se haya aprobado resulta inaceptable, pero lo es aún más que de los 72 parlamentarios de Chile Vamos, solo 36 votaron consecuentemente con el ideario de los partidos que representan y respetando la institucionalidad vigente. De esos 36, fueron 16 los RN, 14 UDI, 5 EV y 1 REP. Es decir, solo el 50% de la bancada estuvo disponible para rechazar este proyecto que tiene reserva de constitucionalidad. El resto, 15 se abstuvieron, 9 no votaron  y 8 RN y 4 UDI sí votaron, pero alineados con la oposición, apoyando un proyecto muy propio de la izquierda.

Esos 91 parlamentarios que votaron a favor del royalty le causan un grave daño al país, por dos motivos: socavan la institucionalidad vigente al no respetar la Constitución y porque  eliminan la certeza jurídica, algo esencial para los proyectos mineros, porque al ser de muy largo plazo con inversiones de miles de millones de dólares, las compañías necesitan tener la absoluta certeza que no se les cambiarán las reglas en la mitad del camino, particularmente por el arbitrio de quienes solo le guardan lealtad a su reelección y el único interés que los mueve es hacerse los populares para que voten por ellos.

El segundo episodio provino de un candidato a alcalde por Las Condes. Efectivamente, don Gonzalo de la Carrera, del Partido Republicano, públicamente señaló que planea presentar una denuncia en la Contraloría contra doña Daniela Peñaloza, de la UDI, su principal contendora en dicha comuna, por cobrar 160 horas extras extraordinarias en abril de 2020 y 150 en mayo del mismo año, intentando descalificarla, sin averiguar primero si le correspondía o no recibir esas sumas. Las campañas sucias son condenables, y peor aún en este caso, pues en nada ayuda a la unidad de la centro derecha.

Y el tercer episodio lo protagonizaron Joaquín Lavín y Mario Desbordes, quienes a la mañana siguiente de haber comunicado el Presidente en cadena nacional el nuevo estímulo fiscal de US$6.000MM adicionales a los US$12.000MM en ejecución desde 2020, no encontraron nada mejor que decir que pedirán al gobierno un gesto económico más masivo y universal, como si los recursos nos sobraran, olvidándose además que recién Fitch y S&P nos rebajó la calificación crediticia por el deterioro de las finanzas públicas. ¿Como se entiende la actitud de los dos presidenciables, cuando el plan original de Lavín de utilizar los fondos del seguro de cesantía implicaba un gasto de US$6.000MM, suma idéntica a la iniciativa gubernamental?

Estos tres episodios, ocurridos en una misma semana, lo único que provocan es confusión, frustración y desunión, todo lo contrario de lo que se necesita. La unidad, el colaborar con lo que va quedando del actual gobierno, el respetar la institucionalidad y el Estado de Derecho y el incentivar la competencia limpia en las campañas es fundamental. De lo contrario, después que no lloren sobre la leche derramada.

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1 comentario

  1. Es cierto que cada vez sorprenden más las votaciones y acciones de los parlamentarios e incluso de los candidatos de la centro derecha, que con tal de asegurar su escaño o ganar votos, no defienden ninguna convicción ni políticas a favor del interés del país.
    Sin embargo, en el caso del último programa de ayudas que está ofreciendo el gobierno, hubo un muy mal manejo político de su parte. Joaquin Lavin y sus parlamentarios venían hace rato proponiendo lo del retiro del Fondo de Seguro de Cesantía y el gobierno no escuchó. Si lo hubiese hecho, negociando una fórmula intermedia con Lavin, Desbordes y Cia antes de proponer su propio programa, habría evitado el rechazo inicial que logró su generoso programa de ayudas. Mal manejo político de parte del gobierno.

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