La Contraloría emitió un dictamen en la semana sobre el rol de siete generales en el control del orden público durante las violentas jornadas de 2019. Absolvió a cuatro y resolvió proponer sanciones contra los otros tres; uno en retiro y dos del alto mando, entre ellos el actual Sub Director Mauricio Rodríguez, atribuyéndoles actuaciones administrativas que iban desde no actualizar los protocolos de uso de la fuerza, la composición de los insumos del carro lanzaguas, hasta no haber evitado el lanzamiento de bombas lacrimógenas cerca de hospitales y clínicas.

¿Habrá considerado el contralor, por ejemplo, la situación ocurrida el 28 de noviembre de 2019 en el Hospital San Ramón, que recibió 6 disparos de bala que ingresaron a zonas del establecimiento donde se atendían pacientes y los médicos se vieron amenazados? El ministro Mañalich visitó en esa oportunidad el hospital y dijo textualmente: “un lugar que debiera ser un santuario de tranquilidad y paz se está transformando en un botín de guerra y vamos a tener que blindarlo”, porque las balas ingresaron a diversos pisos, lo que consideró absolutamente inaceptable. Y de hecho se generó un perímetro de protección policial alrededor del establecimiento.

Ante hechos tan graves como ese, según el contralor, si Carabineros hubiera estado presente en el momento de los hechos, ¿no debería haber actuado para impedir el ataque de los violentistas, porque no se podía usar gas lacrimógeno cerca de un recinto hospitalario? ¿Se hubiera deseado eso y  preferido un enfrentamiento a balazos para evitar que se esparciera un gas disuasivo de uso común en manifestaciones violentas? ¿Se olvidaron en la Contraloría del nivel de violencia de las jornadas iniciadas en octubre de 2019, cuando se pretendió hacer caer al gobierno? ¿Consideraron la escasez de recursos y personal con que contaba la institución en esos violentos meses, con muchos vehículos en panne y desuso, con tecnología obsoleta  y mínima y con los carabineros en la calle en jornadas agotadoras, con alimentación exigua? ¿Reflexionaron sobre el riesgo que corrieron los carabineros en la calle, como las dos policías mujeres que quemaron con bombas molotov y los miles de heridos que tuvieron? ¿Qué esperaba el Contralor, que Carabineros se cruzara de brazos y permitiera que su personal fuera arrasado por la violencia, como la que vimos recientemente cuando quemaron un furgón con 6 miembros adentro, a los que quisieron matar, los que no se defendieron y prefirieron arrancar, con graves heridas por quemaduras, porque saben lo que les espera si lo hacen?

Mientras, parlamentarios de izquierda fueron a la Moneda a pedir la disolución de Carabineros, el INDH los amenaza con querellas si actúan. Y, ahora, este dictamen. ¿Cómo pretenden que quieran seguir protegiendo a la población si lo único que se hace es desmoralizarlos, denostarlos, amenazarlos, castigarlos  y hasta los intentan matar?

Que diferencia en el celo aplicado contra Carabineros versus lo que le sucedió al propio contralor cuando la Corte Suprema constató no un problema administrativo, sino un acto ilegal y arbitrario de su parte, en el despido de la subcontralora Dorothy Pérez y se vio obligado a reintegrarla, siendo que él es el encargado de velar por la legalidad de los actos del Estado de Chile.

A él no le pasó nada y tampoco tuvo la grandeza de renunciar. Vaya qué diferencia.

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1 comentario

  1. Al contralor hace rato que se le cayó la careta, no es mas que otro operador político de la izquierda antidemocrática que busca la destrucción de las instituciones de la república. Una vergüenza!!

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