Cuando los acusadores del exministro Víctor Pérez presentaron el libelo acusatorio a trámite, no tenían seguridad de poder aprobarlo, pero en los días previos a la votación se supo de una operación política que lo haría posible. Al exministro lo destituyeron no precisamente por razones de orden jurídico, sino por un despreciable acto inmoral, porque de lo que se trató fue de un trueque, que consistió en entregar los votos DC para su destitución, con el compromiso de la izquierda de censurar a la mesa presidida por el diputado Diego Paulsen con Francisco Undurraga como vice presidente, y así la DC volvería a asumir la testera.
Fue tan vergonzoso el episodio, que pretendieron negar su existencia, y aunque retiraron posteriormente la presentación de dicha censura, el daño lo causaron igual, y un inocente Víctor Pérez, al ver que la acusación contra él prosperó, tuvo la nobleza de presentar su renuncia al Presidente, para no causarle más problemas al Gobierno. Ahora su destino lo decidirá el Senado, donde es de esperar que reparen el daño causado a un inocente ciudadano, víctima de una maquinación política de dudosa moral y total falta de ética y no lo castiguen además con cinco años de prohibición de ejercer cualquier cargo público.
Pero esto continúa, porque con posterioridad a este lamentable episodio, el senador Navarro se dio el lujo de decir que, al renunciar Víctor Pérez, se entró en la etapa de administración de salida del actual Gobierno, pues según él, se terminó el 18 de octubre de 2019. Amenazó además al Presidente que si ponía a un duro en La Moneda, la respuesta “del pueblo” sería dura porque ese ministro debe entender que el pueblo se puso de pie no para ser reprimido sino para ser escuchado y obedecido, porque ese es el mandato soberano. Terminó su discurso diciendo que si el próximo ministro es como Víctor Pérez, “va a durar menos que el ministro Pérez” porque el pueblo dijo que a duro, duro y medio.
Tanto los desacreditados diputados que destituyeron al ministro Pérez como Navarro, creen que el resultado del plebiscito fue un mandato del pueblo dirigido a ellos, otorgándoles el derecho de decidir alzar o bajar el pulgar, cual César romano decidiendo la vida o muerte de un gladiador, cuando lo sucedido fue todo lo contrario, porque el 79% de ese pueblo al que pretenden representar les cerró la puerta en la cara, negándoles su apoyo.
Y como está de moda no dejar gobernar, obstruir y darse gustitos removiendo ministros, el jueves pasado los diputados Soto e Ilabaca del PS y Silber de la DC amenazaron con otra acusación constitucional; esta vez, al ministro Ignacio Briones, por haber solicitado para fines estadísticos información a la Superintendencia de Pensiones sobre quiénes y en qué montos retiraron el 10% de las AFP, interpretando esa solicitud como persecución del gobierno a quienes optaron por el retiro.
La oposición perdió todo pudor en demostrar que lo único que quieren es que el gobierno fracase, pensando tal vez que con eso van a recuperar el poder. Denunciar sus prácticas es necesario para que se tome conciencia del grado de inmoralidad que guía sus actuaciones, porque con este nivel de parlamentarios es difícil que el país pueda superar las dos crisis que el gobierno ha debido enfrentar.