En la semana que termina fuimos testigos de un verdadero tsunami político, que generó una incertidumbre gigantesca, principalmente por la decisión del TC de no acoger a trámite el requerimiento del gobierno para dirimir la contienda de competencia constitucional con el Congreso, por el tercer retiro desde las AFP.

El país quedó resentido después de la decisión del TC, porque las consecuencias de su actuar dieron luz verde no solo al tercer retiro sino a la posibilidad de retirar fondos de las rentas vitalicias. El Congreso se sintió empoderado falsamente por esa decisión y se generó una sensación en la ciudadanía que se había declarado libertad de acción para aprobar cualquier cosa, no importando los límites establecidos en la Constitución.

El tema de las rentas vitalicias es muy complejo porque compromete contratos entre privados, además de generar un problema internacional porque termina siendo una expropiación, con implicancias en la propiedad privada. Es una vergüenza que los senadores y diputados no hayan considerado esto y ahora estamos enfrentados a un problema mayúsculo, que sin duda afectará nuestra imagen país.

Lo que pasó casi desapercibido fue cómo la izquierda finalmente se sacó la careta, antes del pronunciamiento del TC, proclamando que no estaba dispuesta a apoyar el proyecto del Gobierno para el tercer retiro, ya que implicaba darle más dinero a las AFP, lo que demuestra que su único interés es eliminarlas y pasar a un sistema de reparto; justo lo contrario que está pasando hoy en el mundo, que busca desarrollar un régimen de capitalización individual.

Lo que es grave es el engaño a la población, anestesiándola con una falsa felicidad porque disponen de fondos, pero no se les dice que lo que quieren es liquidar el sistema e ir a uno de reparto, con lo cual, las platas de sus cotizaciones ya no serán de ellos, sino que se van a utilizar para pagar las pensiones a los jubilados. Y también se les oculta que, dada nuestra demografía, en 2050, por cada 2 trabajadores habrá 1 pensionado, lo que hace absolutamente inviable financiar el sistema.

El otro grave problema al eliminar las AFP es que Chile pasaría a depender de los mercados internacionales de crédito porque ya no estarían disponibles los fondos depositados en ellas, quitándole al mercado de capitales esa fuente de financiamiento que virtuosamente ha facilitado el crecimiento de la economía y fomentando la inversión con acceso a créditos locales, a tasas más bajas que si se tuviera que recurrir a fuentes externas.

Si lo que pasó en el TC y las consecuencias en las AFP no bastaran, se conoció en la semana la acusación por crímenes de lesa humanidad ante la CPI, contra el Presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez, Rodrigo Delgado, Mario Desbordes, Alberto Espina, Juan Francisco Galli , Rodrigo Ubilla Mackenney, Mario Rozas Córdova y Ricardo Yáñez Reveco, impulsada por Baltasar Garzón, el exrector de la Universidad Arcis y miembro del PC Carlos Margotta, más otras organizaciones de izquierda nacional e internacional. En esto no tenemos que perdernos. Dicha acusación tiene como propósito intentar asimilar el gobierno actual con el régimen militar por el tema DDHH y demostrar con eso que la derecha no tiene autoridad moral para gobernar.

Lo único positivo de la semana es que el viernes hubo una reunión en Palacio con las testeras de la Cámara y el Senado, que terminó con un acuerdo de generar una agenda de mínimos comunes, lo que abre un camino de esperanza en que se está intentando recuperar el diálogo y evitar un daño mayor a nuestra ya alicaída convivencia nacional e imagen internacional.

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