El próximo miércoles 3 de junio se cumplirán tres meses desde que supimos del primer chileno con coronavirus. Desde aquel día, más de 90.000 personas se han contagiado, lamentablemente más de 900 compatriotas han fallecido y la economía se ha deteriorado profundamente.
Las consecuencias de esta pandemia se dejarán sentir por mucho tiempo, no solo socio-económicas y sanitarias, sino que también de carácter político, que se arrastran desde el estallido del 18-O.
En lo socio-económico, ya se experimentan los perniciosos efectos de la falta de actividad. La cesantía en Santiago está en 15.6%, aunque una cuota muy relevante de esta cifra es herencia del estallido de octubre. Es cosa de recordar que en diciembre de 2019 había 100.000 pymes en peligro de quebrar. Y si bien el Gobierno está implementando planes que implican miles de millones de dólares, es importante saber que estamos consumiéndonos todo el ahorro nacional, que el déficit al año 2024 se calcula en US$23 mil millones y que la deuda fiscal, estará cercana al 40% del PIB.
Ante un escenario como este, que según los expertos es conservador, debemos entender que la recuperación del país no será tarea fácil y menos de soluciones simples. Como el país dejó de crecer hace ya varios años, particularmente durante Bachelet II, donde el crecimiento del PIB per cápita fue prácticamente 0, eso impidió que las crecientes demandas ciudadanas se pudieran satisfacer, generándose resentimiento, rabia y frustración, probablemente parte de la génesis del estallido de octubre, lo que aún está latente.
Si a eso le agregamos las graves consecuencias socio-económicas causadas por la pandemia, con empresas paralizadas, otras en quiebra, con las fronteras cerradas y el comercio mundial debilitado, bueno, quienes creen que la solución pasa por más estado, más gasto público, más endeudamiento, más déficit fiscal, aumentar impuestos y los más radicales, nacionalizar las AFP, están hipotecando el futuro de Chile con demagogia populista.
Las soluciones ante el gran desafío que enfrentamos serán muy complejas de implementar, porque van a requerir, primero que todo, de una gran voluntad política para llegar a consensos básicos, el primero de los cuales deberá ser legitimar la mantención del orden público por parte del gobierno, porque sin orden público, ninguna solución será viable.
Enseguida, se necesitarán millonarias inversiones, para recuperar el crecimiento y el empleo. Pero como todo los países están en crisis por la pandemia y necesitan inversionistas dispuestos a asumir riesgos en sus economías, atraer inversión será una tarea difícil, por lo que los incentivos para invertir en Chile tendrán que ser extraordinariamente atractivos, siendo el orden público el número uno en la lista, porque sin eso garantizado, de inversiones ni hablar. Y no olvidemos que tenemos un plebiscito por delante, que, de aprobarse, agregaremos a la ecuación dos años de incertidumbre.
Los impuestos son otro tema. Con los graves problemas que enfrentan hoy las empresas para mantenerse a flote, sería demencial aumentar la carga tributaria. Lo que debería hacerse es todo lo contrario: bajar los impuestos, para que las empresas puedan invertir más en nuevos proyectos, en generar empleos y así reactivar la economía y el crecimiento.
Si hay políticos que no quieren entender que hoy se necesita por encima de todo unidad, que más estado no es la solución y no se crean los incentivos necesarios para que retorne la inversión, se recupere la actividad económica, volvamos a crecer y disminuya la cesantía, será muy difícil que podamos salir adelante y por el contrario, podríamos volver a sumirnos en la pobreza y la mediocridad, a lo que nadie quisiera retornar.