Cuando aún ni siquiera comienza el trabajo de la Convención Constituyente, un grupo de 34 delegados electos autoproclamados “Vocería de los Pueblos de la revuelta popular a la constituyente” se pronunciaron públicamente contra la institucionalidad del país, la cual, afirman, “habrá de someterse al fin a la deliberación popular”, declarando además que no se subordinarán al acuerdo del 15 de noviembre, porque según ellos, nunca lo suscribieron los pueblos.

Pero eso no es todo. En su proclama establecieron “seis garantías democráticas”, que de democráticas no tienen nada, exigiendo condiciones de funcionamiento de la Convención que ignoran lo democráticamente acordado, nunca consideradas ni menos sometidas a la soberanía popular. Así engaña al pueblo la izquierda radical, disfrazándose de demócratas cuando sus intenciones son claramente de corte totalitario.

Entre otras cosas hicieron un delirante llamado “a sacudir una vez más, la pesada normalidad con la que se pretenden imponer condiciones políticas antidemocráticas para el desarrollo de este proceso”, agregando que “los pueblos movilizados lo hemos dicho con plena claridad: la normalidad siempre fue el problema”. Intimidante declaración, que demuestra cuán radicales son sus planteamientos, ya que estiman que la normalidad es un problema.

Aún más, las “seis garantías democráticas” exigidas son meras consignas políticas que nada tienen que ver con escribir una constitución, siendo la más antidemocrática de todas el demandar completa soberanía de la Convención, sin limitarse al acuerdo firmado el 15 de noviembre de 2019.

Estos personajes son claros exponentes del radicalismo de izquierda, que pretende transformar la convención en una asamblea constituyente, que se asigna una representatividad “de los pueblos” que no tiene y que no respeta nada. Esto debe servirnos para entender que estamos enfrentando como país una clara amenaza al proceso constituyente y más aún, a nuestra democracia, puesto que estos señores no aceptan ni el acuerdo que permitió su existencia, ni la reforma constitucional que la institucionalizó, ni las reglas establecidas por la comisión de expertos, renegando además de todo aquello que les permitió salir elegidos en la elección del 15 y 16 de mayo.

La pregunta entonces es qué van a hacer una vez que se dé por iniciada la Convención, si sus condiciones son así de radicales. ¿Van a impedir que se instale o que funcione? ¿Van a irrumpir contra la normalidad, van a intentar sumar más adherentes y conformar al menos un tercio para oponerse a cualquier decisión que no esté de acuerdo con lo que ellos quisieran imponer?

Si se lee con cuidado su proclama, se puede colegir que algo pretenderán hacer, puesto que la sexta garantía exigida, aquella de la soberanía, dice textualmente: “el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular”

No nos engañemos. Esto no es simplemente una proclama de un grupo que de repente se le ocurrió llamar la atención. Detrás de ellos no cabe duda está el PC, que llamó a rodear la convención, y también el FA.

Si proyectamos esto a las elecciones de noviembre y queremos evitarle al país un innecesario y dramático retroceso, debemos reaccionar. Para eso, parafraseando al Presidente Kennedy, pregúntese que puede hacer usted por el país en esta hora crítica.

La democracia está en riesgo. Llegó la hora de abandonar las zonas de confort y actuar. El país nos necesita. No lo abandonemos.

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