Fue el 7 de enero de este año que un destacamento de 800 detectives de la PDI, intentando hacer efectiva una orden judicial en la Comunidad Temucuicui, fracasó, pues fueron emboscados por un grupo armado que repelió la acción policial con fuego de alto calibre. El hecho dejó al menos 11 heridos y le costó la vida al oficial Luis Alberto Morales Balcázar de 34 años.

Después de este bochornoso y trágico operativo, se pensó que habría alguna reacción de corto plazo por parte del Estado; que se detendría a los responsables e intentaría revertir lo sucedido dada la gravedad de los hechos, pero nada de eso ocurrió y la violencia, una vez más, logró imponerse con total impunidad.

El jueves pasado, nuevamente un operativo de la PDI en la Comunidad Temucuicui fracasó. Esta vez, con pocos efectivos, con anémicas órdenes judiciales que no permitían allanamientos, se pretendía entre otras acciones, detener al werkén Jorge Huenchullán Cayul, quien se encuentra prófugo de la justicia al no presentarse a cumplir prisión preventiva en la cárcel de Angol, tras ser formalizado por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. Al entrar a la Comunidad, fueron repelidos a balazos de grueso calibre, felizmente sin heridos ni víctimas fatales, pero nuevamente sin éxito y el personaje a detener declarado en “clandestinidad política”.

Estos dos gravísimos incidentes son ejemplos vivos de la total incapacidad y ausencia estatal para poner atajo al problema de violencia extrema en la zona, que hasta ahora no tiene solución.

Es tan impune quemar camiones, maquinaria, campos, cosechas, viviendas, bodegas, automóviles, camionetas, robar madera, amenazar con violencia y dispararles a personas indefensas, asesinar Carabineros y a un oficial de la PDI, traficar armas y drogas o quemar la Posta de Pidima, que los terroristas de las ORT continúan haciéndolo a costo cero, ante la impotencia de las víctimas.

Lo inaceptable de esta situación es que la ausencia de soluciones por parte de los tres poderes del Estado permite que la violencia continúe aumentando sin contrapeso y el riesgo de que esto pueda escalar a un escenario de guerrilla quizás no sea una fantasía.

El Ejecutivo no utiliza el monopolio de la fuerza para controlar el terrorismo, imponer la ley y el Estado de Derecho. Las denuncias por el tema DDHH están muy presentes, lo que además tiene arrinconado a Carabineros, quienes no se sienten muy motivados a intervenir -lo que es comprensible- porque si hay problemas, terminan exonerados y siempre culpables, aunque no lo sean.

En el Legislativo, la oposición obstruye leyes más poderosas contra la violencia y no la condenan. Además, es nefasta la señal desde el Senado de querer una amnistía para criminales y delincuentes, a los que desde la Convención Constituyente le agregan todos los mapuches presos, entre ellos, uno de los asesinos de la Familia Luchsinger Mackay.

Y desde el poder Judicial, fiscales y jueces de la región reconocen estar atemorizados por las amenazas que reciben, una de las cuales se hizo efectiva contra un ex fiscal, quemándole su casa. No extraña entonces que de los miles de actos de violencia, cientos de atentados incendiarios, robo de madera y usurpación de terrenos, los casos en que se hizo justicia sean prácticamente inexistentes, dejando a las víctimas en total desamparo.

Temucuicui es un claro reflejo de la absoluta inoperancia del Estado. Me pregunto hasta cuando tantas víctimas inocentes tendrán que soportar su indefensión, su pérdida de años de esfuerzo, inversión y trabajo honesto, porque ninguno de los tres poderes del Estado está cumpliendo adecuadamente con sus deberes constitucionales.

Espero que no lleguemos al día en que la gente empiece a defenderse por su cuenta, porque las consecuencias serían impredecibles.

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