Chile está exigiendo un cambio en la morfología de la administración del país. En efecto, la exigencia por más descentralización se ha vuelto una demanda habitual y una discusión permanente en las últimas décadas. Sin embargo, las fuerzas centrípetas mantienen una estructura centralizada.
Desde nuestra independencia la visión política ha seguido los derroteros de Don Diego Portales, quien fue un actor relevante al momento de diseñar la República. Ello ha sido evidente en el sistema Presidencialista exacerbado presente en las constituciones de 1833, 1925 y 1980. Esto ha sido coherente con la estructura desconcentrada y poco descentralizada hacia los territorios.
Las máximas que se han argumentado para este diseño institucional son “el peso de la noche”, es decir estamos acostumbrado a una figura “fuerte”, tipo monarca, a quien delegamos la conducción de la República; se advierte que a lo largo y ancho del país no existen competencias ni capacidades instaladas para traspasar atribuciones y recursos a su libre decisión; además, se argumenta que el sistema administrativo desconcentrado evita la concentración a nivel provincial en las regiones. En consecuencia, se ha defendido que el centralismo del país ayuda a una mejor distribución de los recursos a nivel nacional. Es decir, Santiago sería un mejor “repartidor”, dotado de mejores equipos técnicos, quien conocería las realidades locales de un Estado unitario que no reconoce diversidad en sus territorios. ¿Se podrán mantener estos argumentos en el Chile de hoy?
Estamos en un fin de ciclo. Cada vez existe desde los territorios una mayor demanda por acceder a recursos, competencias y atribuciones que les permitan tomar decisiones a nivel local, provincial y/o regional, argumentando la necesidad de avanzar hacia la “democracia cotidiana”. Una que acerca la toma de decisiones políticas a los ciudadanos y les permite tomar sus decisiones.
Esa discusión se ha gatillado muchas veces en el Congreso Nacional, lo cual nos permitirá durante el 2021 observar el inicio de un camino por medio de las elecciones directas de gobernadores regionales, lo cual significa una transferencia de representación al territorio. Sin embargo, existen interrogantes respecto al traspaso efectivo de competencias y recursos, ya que con las que contará en su inicio parecen insuficientes para gobernar sus respectivos territorios.
En ese proceso, pareciera necesario que el constituyente defina una nueva orgánica administrativa para el país, sumando a los cambios que se han alcanzado una ampliación en el proceso de descentralización. Ello permitiría reconocer la diversidad presente en el territorio nacional y una mayor capacidad en la toma de decisiones a nivel territorial, tanto regional como municipal.
A nivel regional se requiere mayor autonomía financiera en vista a la formulación de políticas públicas territoriales. Para las municipalidades se requiere de mayor transferencia de recursos que les permitan establecer los servicios públicos que les demanda la ciudadanía en distintos ámbitos a definir. Por ejemplo, seguridad pública, cuidado de la infancia vulnerada, adultos mayores, mejoras urbanas, entre otros muchos asuntos para lo cual debiera reformarse la ley de fondos municipales, ya que no resulta justo mantener la enorme diferencia presupuestaria entre los recursos que administran los diferentes gobiernos locales.
Por cierto, este traspaso de competencias, atribuciones y recursos, deberán ir acompañados de mecanismos de control y auditoría del funcionamiento de los gobiernos regionales, provinciales y locales.