Usted probablemente ya sabe que la palabra “sororidad” se usa para expresar la solidaridad entre mujeres, frente a situaciones de discriminación (neologismo incorporado por la RAE en el 2018, aun cuando venimos oyéndolo en los círculos feministas hace una década).

Lo que tal vez no sabe aún es que en la propuesta de reglamento, la Comisión de Ética de la Convención Constitucional incorporó, con votos de la mayoría, una norma que obliga a los convencionales a “… actuar con fraternidad y sororidad frente a sus colegas”.

Hay dos puntos interesantes de abordar en esa propuesta.

El primero es la efectividad de la sororidad. En teoría me parece lógico y deseable que entre las mujeres nos unamos por lazos transversales, porque todas, en mayor o menor medida, hemos enfrentado discriminaciones, sesgos, actitudes violentas, acoso etc. Hay, por tanto, mucho en común y es natural que entre quienes compartimos vivencias se generen lazos de solidaridad o, a lo menos, de empatía.

En la práctica, se lo digo por experiencia dolorosamente propia, la sororidad es selectiva. Para cierta izquierda, que pretende apropiarse de manera exclusiva (y excluyente) del feminismo en su concepción más amplia (igualdad de derechos para hombres y mujeres), aquellas mujeres que no comparten íntegramente sus visiones ideológicas son tan adversarias y adscritas al patriarcado como los hombres. Si una mujer no cree que el aborto sea un derecho; o piensa que es inconveniente y expropiatorio imponer cuotas en la empresa privada; o quiere mejorar el sistema de pensiones, pero rechaza la confiscación de los ahorros de los trabajadores, no merece siquiera hablar de feminismo y, por extensión, tampoco ser amparada por la sororidad.

No es necesario que nos extendamos en demasiados ejemplos. A la vista, los más recientes: el ataque despiadado contra Javiera Parada cuando integró el comando del excandidato presidencial Ignacio Briones. Las descalificaciones y el maltrato directamente que recibió Natalia González de parte la oposición ni más ni menos que en la Comisión de Constitución del Senado, cuando fue postulada a integrar el Consejo para la Transparencia. Y, más recientemente, las amenazas y el ataque concertado y persistente contra Teresa Marinovic. Los pecados de esas tres mujeres, para las cuales no hubo sororidad, pero sí mucha violencia y hostilidad: desafiar a un sector que se mira a sí mismo como el único poseedor de la verdad y no tolera ser cuestionado.

En segundo lugar, creo que detrás de la exigencia de sororidad en la Convención se esconde la intención de amordazar la diferencia, protegiendo a unas mujeres y acallando a las otras. La política y, particularmente, cuando se integra una institución que debe deliberar y a la que se llega para representar la voluntad de los electores, está fundada en la libertad de expresión, en la coherencia y en la capacidad de contrastar visiones, desde la posición de mayoría o minoría. Cabe la advertencia porque cada vez con más frecuencia vemos a políticas que se victimizan cuando son emplazadas públicamente y acusan de machismo a periodistas, correligionarios o en las redes sociales.

Probablemente la exigencia de sororidad será incorporada al reglamento de la Convención. Y su aplicación será un zapato chino. Ocurrirá que cuando una mujer representante de la minoría emplace a otra de la mayoría o rechace sus posiciones en los medios, será enviada a la Comisión de Ética, acusada de actuar sin “sororidad”. Y cuando el intercambio sea al revés, no solo no contará con el apoyo sororo, sino que además será acusada de provocar a la manada que se lanzará en Twitter a pisotear su dignidad y amenazar su integridad.

Finalmente, ¿puede imponerse por ley la nobleza? Porque la solidaridad, la gentileza, el respeto pertenecen a ese género de conductas y son deseables, ciertamente, entre hombres y mujeres.

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