La semana pasada dos mujeres que participan del debate público en Chile fueron objeto de maltrato, un hecho inadmisible en un país que valora la democracia y exige respeto a la diversidad. Y que está, además, ad portas de un proceso constituyente que requiere garantías para un debate libre y la condena sin ambigüedades a la violencia.

La abogada Natalia González fue propuesta por el Presidente Sebastián Piñera para integrar el Consejo para la Transparencia. Una vez publicado su nombre en los medios, comenzó el troleo en redes sociales desde la izquierda más radical, objetándole su opción por el Rechazo, su pertenencia a Libertad y Desarrollo y su posición de derecha. Fue, sin embargo, en la Comisión de Constitución del Senado (que no es cualquier comisión, sino la más representativa de la solemnidad y trascendencia del Poder Legislativo) en donde recibió un trato que raya en lo indigno: entre otras flores con las que fue recibida por los senadores de oposición, se la acusó de fanática, se le reclamó por su trabajo en ese centro de estudios y se deslizó que podría hacer mal uso de información que pasa por el Consejo de la Transparencia. Por supuesto, rechazaron su nominación.

Esto ocurría, por cierto, a la misma hora en la que en otra comisión, un parlamentario del PS le llamaba la atención al Director de Presupuesto y lo conminaba a “hablar bajito, porque ustedes son minoría”.

El domingo 15 de noviembre, Javiera Parada, gestora cultural, independiente de izquierda y una de las impulsoras del diálogo por la paz social desde la sociedad civil post 18 de octubre, escribió en Twitter que celebraba el regreso público del ex ministro Gonzalo Blumel, a propósito de su entrevista en un matutino. De inmediato se desencadenó una tempestad de críticas, insultos, descalificaciones morales, políticas, personales, que duró más de un día. Su pecado: reconocerle valor político a un militante de centro derecha.

Enfrentar públicamente al adversario no es nuevo; tampoco descalificar sus competencias, escudriñar en su pasado y buscar algún paquete guardado en un closet para sacarlo del juego. Lo que sí es nuevo, es malo y está minando progresivamente nuestra democracia y la convivencia política, es la pretensión de cancelar el derecho de una persona a participar del espacio público. Y se hace con prácticas deleznables: ridiculizar, para humillar; amenazar, para infringir miedo; y la descalificación moral, para debilitar.

Es censura en un formato más radical y violento: nosotros te cancelamos porque no compartes lo que hemos definido como correcto. Porque adhieres a una corriente que “nos ofende” y te atreves a dar argumentos para contradecirnos. Porque tu interpretación de la historia no nos gusta. Porque, perteneciendo a nuestra tribu, dialogas con el adversario o le reconoces su derecho a participar de la vida pública.

Se está haciendo de manera cada vez más articulada. Y lo que muchos tememos, comienza a ser normal, porque de ahí a considerarlo como una práctica legítima hay una corta distancia.

Una democracia sana exige el intercambio de ideas y la deliberación respetuosa. Si algo debe preocuparnos en tiempos difíciles es garantizar el derecho de cualquier ciudadano a participar del debate público; y a aspirar a un cargo de elección popular o de otra naturaleza, si cumple con las reglas establecidas para ello. Y levantar la voz sin miedo, para reprochar las conductas que pretenden sacar por la fuerza de la cancha a quienes se atrevan a desafiar, aquello que sostiene como verdad única un sector de la sociedad.

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