Después de dos fallos adversos a los intereses de Chile emitidos por la CIJ de la Haya, debiéramos reflexionar sobre el rumbo que está tomando la justicia en cuanto a los criterios que se están incorporando en las cortes para su administración.
Chile, en sus dos juicios ante la CIJ, sostuvo siempre que el derecho estaba de su lado, que los argumentos jurídicos eran impecables y por lo tanto lo que se esperaba era que los fallos nos dieran la razón. Lamentablemente, hasta ahora en ninguna de las dos ocasiones eso se dio como Chile pretendía, porque la Corte no se ajustó estrictamente a derecho y otros criterios alejados de lo jurídico influenciaron el veredicto de dicho tribunal.
Hoy se habla entonces de que Chile tiene que generar una estrategia comunicacional a nivel mundial para contrarrestar la exitosa campaña realizada por Evo Morales y su gobierno, ya que no bastaría con tener la razón jurídicamente hablando. Igualmente, se ha criticado a la Cancillería, casi por ingenuidad, al mantener nuestra defensa estrictamente apegada a derecho, creyendo que la justicia nos daría la razón.
Pero cabe preguntarse, ¿es realmente un error pretender algo tan sensato como que una corte falle estrictamente en derecho, o debemos acostumbrarnos y aceptar sin reclamo alguno que la administración de justicia ya no necesariamente le dará la razón a quien la tenga jurídicamente?
Y esto que ha ocurrido internacionalmente debe exigirnos examinar lo que ocurre en nuestro país, con el objeto de hacernos la misma pregunta. Para eso nos referiremos a dos ejemplos que pueden servir de ilustración para el análisis.
El primero y bien connotado de ellos ocurrió hace no muchos años, cuando la Corte Suprema dictó sentencias de cárcel contra militares por el delito de secuestro permanente. Tanto quienes sentenciaron como quienes defendieron a quienes hoy siguen presos por dicha causa, saben que dicha figura legal es una ficción jurídica, diseñada específicamente para encarcelar a los militares en los casos que se usó, por no poder invocar otra causal. ¿Se ha reclamado desde el Foro por dichas sentencias?
Pero aún mas recientemente, el Ministro de la Corte Suprema Carlos Cerda declaró “yo estoy aquí para defender al trabajador en materia laboral”, por considerarlo el más débil, lo cual implica que estaría fallando con un sesgo más bien ideológico que jurídico.
Si en lugar del estricto apego al derecho, la administración de justicia comienza a considerar otros factores, como por ejemplo razones políticas, sociales, de origen, de género o étnicos; o si los jueces comienzan a hacerlo basados en su propia interpretación de lo que consideran justo o no, en lugar de apegarse estrictamente a la ley, se termina la certeza jurídica, con lo cual todo quedaría sujeto a incertidumbre.
Si en la administración de justicia, ya sea nacional o internacional, se comienza a instaurar lo que los especialistas llaman activismo judicial, entonces la igualdad ante la Ley podría convertirse en letra muerta dado que todo quedaría sujeto a la subjetividad de quien tiene el monopolio de dictar sentencia, o sea el Juez.
Los ejemplos expuestos nos deben hacer reflexionar, porque sin duda alguna, todos los ciudadanos del mundo tenemos que tener la garantía de un proceso “racional y justo”, en que los jueces se obliguen a fallar en favor de quien tiene la razón, con pleno apego al Estado de Derecho en nuestro país o a “The Rule of Law” anglosajona.
Si nos acostumbramos y aceptamos lo contrario, las consecuencias son inimaginables.
Jaime Jankelevich, consultor de empresas.
FOTO:DAVID CORTES SEREY/AGENCIAUNO.