Sentarse a reflexionar sobre cómo “enfrentar al gobierno”; rechazar la participación en comisiones para llegar a acuerdos; solicitar parar a palos a un ex candidato presidencial y tratarlo de basura, de nazi; aceptar la violencia, exigir explicaciones sobre la decisión presidencial de no continuar adelante con el proyecto constitucional que propuso Michelle Bachelet cinco días antes de terminar su mandato, proyecto que rechazaron hasta sus propios partidarios por la improvisación y falta de consulta; imponer censura a la libertad de expresión en universidades; acusar al gobierno de criminalizar al pueblo mapuche y de dividir al pueblo entre buenos y malos, sólo por anunciar el proyecto de cambio a la ley antiterrorista; votar que no a una propuesta parlamentaria, confesando no tener argumentos para hacerlo, y un largo etcétera, cuando recién van dos semanas de asumido el nuevo gobierno. Todas son muy malas señales, que dañan al país.
Siguiendo con los ejemplos, el martes 27, cuando el Tribunal Constitucional falló por declarar inconstitucional el artículo que prohibía incluir sostenedores con fines de lucro en las universidades, la oposición, desde el PPD sentenció que “dada la gravedad de esta decisión nos obliga a demandar una urgente reforma al TC, piso y condición para cualquier acuerdo futuro con el Gobierno”. Y desde el Partido Radical: “Con esto es muy difícil construir un clima de diálogo, cuando se borra con el codo lo que firma con la mano”. ¿Qué tiene que ver el gobierno con las decisiones del TC para exigirle que reforme el tribunal como condición de poder llegar a acuerdos, o para construir un clima de diálogo?
Lo anterior tiene dos mensajes implícitos muy graves por parte de la oposición. El primero es intentar chantajear al gobierno, exigiéndole que reforme el Tribunal Constitucional, porque en caso de no hacerlo, que se olvide de llegar a acuerdo alguno o dialogar. Y el segundo es igualmente grave, pues implica que las instituciones tienen que estar al servicio de las ideas de ellos, porque cuando no lo están, entonces, se las ataca, se las pretende degradar e incluso eliminar. Pero si los fallos les son favorables, como ya ha ocurrido en este mismo tribunal, entonces callan.
La retórica ha tenido mundialmente, desde tiempos inmemorables, una influencia gravitante en la actividad pública y a su vez en crear opinión. Cuando dicha retórica está al servicio de un lenguaje polarizador, amenazador, de extremar las diferencias, de falta de cooperación, se generan ambientes cívicos donde la intolerancia y el atrincheramiento ideológico sustituyen a la razón y el entendimiento, pudiendo llegar a extremos como los que vivimos en Chile hace no tanto tiempo y que nadie quisiera volver a repetir.
La izquierda se olvida de que la gran mayoría de los chilenos rechazó sus ideas, el legado que intenta defender y también el lenguaje de la retroexcavadora. Ahora pretende con su retórica, imponerle su agenda al gobierno, exigiéndole cómo deben ser sus propuestas para que les brinde su apoyo.
Aún estamos a tiempo de exigir un cambio en el lenguaje. De lo contrario, si desde las más altas esferas de autoridad éste no se cuida, no nos sorprendamos mañana de que esto permee a toda la sociedad, lo que nos podría llevar a enfatizar las diferencias sobre lo que nos une, a exacerbar los ánimos por falta de entendimiento y a repetir los excesos que tanto daño le causaron a Chile.
Jaime Jankelevich, consultor de empresas
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO