Diversos analistas sociales han escrito que el desarrollo acelerado de Chile entre 1990 y el 2010 fue fruto de un pacto social, aunque más bien implícito. ¿Cuál? ¿Entre quiénes? Entre el Gobierno de la Concertación (o de los partidos políticos de centro-izquierda) y los partidos políticos de derecha. El pacto consistió en que la Concertación se auto-limitó en cuanto a la realización de reformas económicas (o a mantener determinados aspectos del “Modelo”) y también de reformas políticas (no plantear nuevas reformas constitucionales). A cambio de eso, la derecha accedió a una reforma tributaria que elevó sustancialmente los impuestos, gastos públicos y tamaño del Estado. Obviamente esta es una simplificación extrema, porque habría otros factores y agentes sociales envueltos. Entre estos últimos estaban, bajo un sub-pacto implícito, sectores sociales, gremios y sindicatos aliados con la Concertación y los empresarios aliados con los partidos de derecha.

¿A qué respondió o por qué fue necesario ese pacto implícito y bajo esa estructura de liderazgo? Creo que, por parte del Gobierno del momento fue principalmente porque su promesa esencial a su base electoral era instalar una democracia que funcionara, redistribuir ingresos reduciendo la pobreza, y para eso necesitaba crecimiento económico y recursos fiscales. Supongo que la derecha aceptó ese pacto porque así limitaba el daño para ella de reformas más sustantivas y entrar en otro período de inestabilidad, incertidumbre y estancamiento económico. Esta no desconocía que en la Concertación y alrededores había grupos mucho más extremistas que querían que se devolvieran todas las empresas privatizadas al Estado, modificar el Código Minero, terminar las AFP, etc. Así se llegó a ese compromiso.

A mi juicio, en ciertos sentidos la situación que se enfrenta el país hoy tiene semejanzas con las que llevaron al pacto de los 90. Y obvias diferencias. En otro momento volveré sobre el tema. Ahora quisiera dejar señalado, uno, que las condiciones que enfrentamos hacen necesario un nuevo pacto social para Chile; dos, que será la tarea esencial del nuevo gobierno que elijamos en noviembre y, tres, que el gran empresariado nacional debiera jugar un rol mucho más explícito y decisivo en este proceso debido a la extrema debilidad política de la derecha.

En la compleja situación que vive el país considero que la principal tarea del nuevo gobierno será configurar este nuevo pacto. Y creo que debe convocar en particular al gran empresariado nacional, que controla la mayor parte de la inversión nacional y es muy influyente sobre las personas de alto patrimonio. El empresariado no podría jugar un rol pasivo ni secundario como en el pacto de los 90.

Se necesitará que ese sector se arriesgue a un nuevo pacto social. Tendría que partir de un acto de grandeza y generosidad. Quebrar el estigma de la resistencia de los empresarios a compartir una parte mayor de sus ingresos y riqueza. Falta esa declaración directamente por parte de altos representantes de la clase empresarial. Bastaría que la hicieran las seis a doce personas más ricas de Chile, que tienen nombre y apellidos conocidos. ¿Y qué podrían empezar a considerar proponer al nuevo gobierno? Algo que diga más o menos así: “Nosotros nos comprometemos a aceptar y pagar más impuestos y elevar la inversión en Chile (no sólo mantenerla) en los próximos tres años a cambio de que usted como gobierno consiga eliminar la violencia social que ha existido desde octubre del 2019 y tal vez algo más (no mucho más)”. Nada de exhortaciones morales, llamados, ni amenazas de uno al otro. Un negocio, un pacto: yo te doy, tú me das. Cada uno da lo que está en sus manos lograr, a cambio de recibir lo que está en las manos del otro conseguir. Los empresarios invertir, generar empleos; el gobierno hacer buenas leyes y hacerlas cumplir. Para eso, este último deberá recuperar su legitimidad negociando con los sectores sociales emergentes las condiciones para esa tregua y pacto por tres años. Probablemente un componente clave de este segundo sub-pacto simultáneo y paralelo sea fondos públicos y normas para mayor protección ambiental y una economía circular. Una economía más ecológica, energías limpias, reciclaje y menos producción y consumo superfluo.

Nos aparecen entonces dos preguntas claves que responder: ¿Cuál de los candidatos a presidente sería más capaz de alcanzar un pacto social como el que Chile necesitaría hoy? ¿Estará disponible ese mínimo de grandes empresarios para atreverse a tomar el riesgo de ese pacto por al menos tres años?

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