No hay error tipográfico en el título. Siempre nos han dicho que las empresas públicas son de todos los chilenos y sus ejecutivos velan por nuestros intereses. Falso. Hace rato que las empresas públicas fueron enajenadas a algunos chilenos, gratuitamente además, y su gobierno corporativo es mera ilusión.
La falta de alternancia en el poder desde la llegada de la democracia facilitó que muchas empresas fueran capturadas por los partidarios y simpatizantes de la Concertación, hoy versión Nueva Mayoría. Más aún. en algunos departamentos o divisiones las plazas disponibles son cubiertas preferentemente con militantes o simpatizantes de un determinado partido; una verdadera cooptación.
Lo ocurrido recientemente con Banco Estado es prueba de ello. Huberto Berg, en columna en este medio, desglosó los bonos que pusieron el tema en las noticias: bono de cierre de negociación de $MM4, bono de extensión del plazo de negociación por $MM1.8 y bono de compromiso por aniversario de $500.000, todo lo que equivaldría al 91% de las utilidades del primer semestre de 2015 y al 40% de la última capitalización de la institución.
Entonces, más allá de los nombres, si los bonos no están ligados a metas, productividad o eficiencia, disminuyen las utilidades de la empresa, son recibidos homogéneamente por todos los trabajadores o por clases entre éstos y no se devuelven en caso que en el futuro existan pérdidas, estamos ante algo muy parecido al “dividendo”, propio de los accionistas, quienes son los dueños de las empresas. Si ladra, es peludo y mueve la cola, es un perro aunque lo llamemos gato; si existen pagos de esta clase, en los hechos sus perceptores son accionista. Con todo lo criticable que pueda ser el proceso de privatización bajo el régimen militar, al menos se pagaron las acciones; acá, los trabajadores, organizados en poderosos y politizados sindicatos se han hecho dueños fácticos de las empresas públicas, sin desembolsar un peso ni asumir los riesgos del negocio. Flor de privatización.
Por otra parte, si se revisan las páginas web de estas empresas se verá que han adoptado todo el lenguaje meta lucro de sus símiles privadas: historia, visión, misión, responsabilidad social, cultura empresarial y la favorita, gobierno corporativo. En simple, el gobierno corporativo propende aplicar buenas prácticas de administración a las empresas, que velen por el interés de los accionistas como de terceros que se relacionan con ellas, siendo los directores los principales agentes de las mismas. En tal sentido, la ley establece que los directores deben actuar con independencia de los accionistas, incluidos sus electores, deben velar por el interés general de la empresa y de todos los accionistas y responden con su patrimonio personal por los actos perjudiciales para el interés social.
En las empresas públicas es el Gobierno de turno, una suerte de administrador del dueño de derecho, el Fisco, quien designa a todos o buena parte de los directores. Mas, no lo hace según los intereses del dueño sino del propio administrador y así nombra a los propios. Entre ellos, cierto es, hay gente muy calificada, que podría ser nominada como tal en cualquier parte, independientemente de su militancia o simpatía partidaria. Pero existen otras clases muy diferentes de directores.
Primero, aquellos que han salido de la primera fila de la contingencia, como una suerte de recompensa o jubilación por servicios políticos pasados. Segundo, aquellos “directores laborales”, escogidos por los trabajadores o sindicatos de las empresas fiscales. En Codelco por ejemplo, un director es escogido de una quina presentada por la Federación de Trabajadores del Cobre y otro de una quina presentada, en conjunto, por la Federación de Supervisores del Cobre y la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre. En la mesa del Banco del Estado existe un director laboral titular y otro suplente.
Entonces, en especial respecto de estas dos clases de directores, cuesta imaginar independencia frente a sus electores. Un llamado de La Moneda pesa mucho más que toda la verborrea sobre gobiernos corporativos. En el caso de los directores laborales el conflicto de interés es manifiesto pues éstos velarán siempre por los beneficios de los trabajadores o peor, de los sindicatos que los nominan. También, cuesta imaginar que el Gobierno persiga a sus directores por los perjuicios causados al Fisco; y menos los trabajadores, que con representantes enquistados en sus mesas, llevarán siempre sus dividendos por la vía de bonos.
Un amigo me contó que, cuando obtuvo su primer trabajo en Correos de Chile hace más de 20 años, su jefe le advirtió el primer día: “joven, ésta es una empresa pública; puede meter las patas mil veces pero nunca las manos”. La frase sintetiza la verdadera “cultura corporativa” de las empresas públicas.
Pedro Troncoso, abogado.
FOTO: AGENCIA UNO