Hace algunos días, la Agencia Clasificadora de Riesgo Moody´s, que evalúa los riesgos crediticios de los países, hizo una advertencia muy atípica al sostener que la deuda pública alcanzaría al final de esta década un 23% del PIB a fines del 2014, dicho guarismo alcanzaba cerca de 11%, y que significaba una luz amarilla para la autoridad gubernamental y al Ministerio de Hacienda.
Este gobierno no sólo se equivocó en el diseño del plan para aumentar los fondos para cumplir las promesas electorales que luego transformaría en programa de gobierno, sino que además continúa fallando al insistir en cumplir con un plan para el cual -a la luz de los actuales acontecimientos económicos, el fin del súper ciclo de los bienes básicos y el enfriamiento auto afligido al crecimiento- no tiene los fondos suficientes, y como lo sostuvo el propio ministro de Hacienda, tampoco cuenta con las capacidades políticas para ejecutarlos.
Todo lo anterior ha comenzado a preocupar a quienes entienden de economía, y no soslayan su importancia por un dividendo político, puesto que el incremento del endeudamiento del gobierno, a pesar de no ser alto en comparación con otros países, exhibe una trayectoria que continuará aumentando, a la par con el plan de gastos del gobierno y la baja con los ingresos que éste percibe. Este aumento del déficit fiscal hace que muchos nos preguntemos de dónde provendrán los fondos para financiarlo. No hay que olvidar que el presupuesto 2016 fue elaborado en base a un crecimiento potencial de 3.5% y un precio del cobre de US$ 2.50 la libra, ninguno de los cuales se cumplirá.
Endeudar al gobierno tiene no sólo el costo material que implica pagar más en intereses, sino que además la tasa a la cual se endeuda el gobierno comienza a aumentar puesto que los inversionistas exigen una compensación mayor por el riesgo extra que asumen. Lo anterior incide además en la tasa de endeudamiento de los privados, ya que la base de estos es la tasa del gobierno más una retribución por la contingencia que ello implica. No olvidemos que cuando las tasas suben, la economía se contrae, y en este caso el Banco Central no tiene mucho que hacer, pues las tasas en dólares están fuera de su radio de influencia. Adicionalmente, el incremento de la deuda pública tiende a inhibir el gasto en inversión y en consumo de los privados, que, preocupados por ello, se restringen ante los eventuales aumentos de impuestos que vendrían para paliarla.
Con todo lo anterior, estamos asistiendo a un panorama donde a los políticos y al gobierno, los principios económicos les parecen una variable que está para ajustarse a su ideario, lo que se conoce como el círculo vicioso del aumento del Estado, y no como es la realidad, que no es otros donde los que deben ajustarse a la objetividad económica imperante son los planes del gobierno. Tenemos una plétora de ejemplos en el mundo donde los gobiernos creían que podían someter la economía a sus objetivos políticos, como Venezuela, Argentina y Brasil, en nuestra región, y Grecia, España e Italia en Europa. Todos ellos terminaron en sendos desastres, con la consabida destrucción de riqueza, que a quienes más afectó fue a los más débiles.
El mercado es cruel, los inversionistas no tienen corazón ni simpatías con sus acreedores, así es que cuando se acaba el dinero, simplemente se van. Este gobierno, y eximo al ministro de Hacienda quien ha tratado de poner realismo dentro de su conglomerado político, está siguiendo los mismo pasos que nuestros atribulados vecinos, y si no corrige luego el rumbo, no sólo pasará a ser otro ejemplo de gobierno latino aciago e irresponsable, sino que los chilenos veremos cómo el anhelo de alcanzar el desarrollo se esfuma por culpa de políticos ineptos con sueños añejos del nirvana igualitario, que creyeron que lograrlo era un problema de voluntad y no de aptitud.
Manuel Bengolea, economista Octogone.
FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO