El proceso electoral en el Perú se ha visto empañado por una serie de acciones irregulares de parte del Partido Perú Libre, afín al Foro de Sao Paulo y a partidos fachada de la organización terrorista Sendero Luminoso. Estas acciones estuvieron destinadas a favorecer indebidamente a su candidato Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori, del partido de derecha Fuerza Popular, quien recibió el apoyo explícito de la mayoría de fuerzas democráticas, incluido el otrora eterno rival del fujimorismo, Mario Vargas Llosa.
El pasado 6 de junio, el sondeo a boca de urna de las más prestigiosas encuestadoras dio un resultado ajustado a favor de Fujimori. Pero, sorpresivamente, a las pocas horas, el conteo rápido determinó un resultado inverso. La explicación, según Patricia Rojas, directora de asuntos públicos de Ipsos en el Perú, sería porque las actas impugnadas en Mesa no fueron consideradas (la gran mayoría se dio sistemáticamente en Mesas donde se sabía Keiko iba a ganar holgadamente, Lima y el Norte del Perú). También, podemos agregar, porque se habría considerado muestras de actas fraguadas, sobre todo de las regiones del Sur Andino, controladas por la extrema izquierda y en donde la candidata de la derecha no pudo poner personeros en Mesa, ya que la intimidación violenta era muy fuerte.
A partir del lunes 7 de junio, las redes sociales permitieron ir haciendo públicas las denuncias de lo que quienes apoyamos a Keiko Fujimori llamamos “fraude en Mesa”. Es decir, no fraude de las autoridades, con excepción de algunos funcionarios cómplices de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en “zonas rojas” y hasta de algún Cónsul en Canadá, sino de los personeros y miembros de partidarios de Castillo y Vladimir Cerrón (líder del partido que había sido impedido de participar como candidato a la segunda vicepresidencia debido a que estaba sentenciado por corrupción cuando fue gobernador de la región Junín).
A raíz de lo numerosas que eran las denuncias, desde el mismo lunes, decenas de abogados se ofrecieron a revisar con sus equipos divididos por regiones, las actas de cada Mesa de votación (en el Perú no se puede hacer un reconteo de votos, ya que estos se destruyen, por lo que lo único que puede revisarse son las actas que resumen el resultado de cada Mesa). En ese proceso, se fue descubriendo un patrón de falsificación de firmas, de miembros de Mesa que no eran los nombrados (circuló un video de “capacitación” en el que sin empacho llamaban a “ocupar” las Mesas desde las 6 am para que “los votos sean nuestros”), de falsas identidades, etc. También Mesas en las que Keiko Fujimori no tenía ningún voto registrado, a pesar de que en primera vuelta había ganado en ellas.
Al domingo 13 de junio, la diferencia de votos contabilizada por la ONPE era de 49,420 a favor de Castillo, esto es una diferencia de 50.1% versus 49.9% de los votos considerados válidos. El número de actas para las que Fuerza Popular ha pedido nulidad, con pruebas sólidas de fraude en Mesa, es superior a las 800, lo que representa aproximadamente 240,000 votos. De manera paralela, estadísticos como Ragi Y. Burhum (quien se ha hecho conocido por sus cálculos durante la pandemia) se han volcado a hacer números para determinar que “hay irregularidades potenciales en estas elecciones que se pueden detectar con datos”.
Hasta ahí todo bien. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería revisar las demandas de nulidad, evaluando acta por acta hasta determinar al ganador de las elecciones. No obstante, sobre la base de un reglamento infra-legal que fija un plazo para la presentación de nulidades, los partidarios del señor Castillo (y parte de la izquierda que, erradamente, cree poder acomodarse) pretenden impedir que el JNE realice dicha revisión. Así, en un hecho sin precedentes, el día jueves 10 de junio por la mañana, el JNE por unanimidad decidió ampliar dicho plazo en base a la importancia que tiene el poder esclarecer las irregularidades del proceso para luego, por la tarde, retroceder –anulando la prórroga del plazo- después una serie de manifestaciones hostiles por partidarios de Castillo.
El JNE en Perú tiene dos facetas. Por un lado, es una especie de ente administrativo que dirige las elecciones junto con la ONPE. Por otro lado, es un órgano jurisdiccional que administra Justicia en el ámbito electoral, con un poder y atribuciones semejantes a las de un Tribunal Constitucional. Como ente encargado de administrar justicia, el JNE tiene el deber de llegar a la verdad sobre la voluntad popular plasmada en las urnas. Por esto, es inadmisible que rechace impugnaciones contra actas o votos en base a argumentos formalistas como no pagar una tasa a tiempo (lo cual es inconstitucional), presentarla fuera del horario de atención (cuando la ventanilla es virtual) o presentarla fuera de un plazo que no está claramente establecido en las normas (y cuya constitucionalidad también es debatible), de acuerdo al propio informe preliminar de la OEA. La responsabilidad del JNE es demasiado grande como para anteponer formalidades a la búsqueda de la verdad, que nos permita darle legitimidad a la elección y preservar la democracia en Perú.
Adicionalmente, tenemos un proceso electoral con muchas interferencias y ruido desde el Ejecutivo, en la forma de conversaciones poco transparentes con personas cercanas a los candidatos; del Poder Judicial, anulando la sentencia de Vladimir Cerrón días después de la elección; y, de la Fiscalía, pidiendo que Keiko Fujimori regrese a la cárcel, todo esto cuando está en pleno debate el resultado de la elección.
Quienes hemos defendido a Keiko Fujimori para, a su vez, defender la democracia en el Perú, solo reclamamos que el JNE, presidido por un Magistrado cuestionado que además posee voto dirimente por estar incompleto el Pleno, haga su trabajo de manera transparente y sin interferencias indebidas. Y que una vez revisadas las actas públicamente, como ha ofrecido, se declare ganador a quien tenga más votos.
De lo contrario, a la imagen de lo sucedido en Austria en 2016 -país de donde se inspiró el Tribunal Constitucional peruano-, se podrá demandar la nulidad de las elecciones y la convocatoria a una nueva segunda vuelta con los mismos candidatos.