La discusión no dice relación con el reconocimiento (o no) de la dignidad intrínseca de las personas homosexuales o transgéneros. Tampoco hay duda de que han existido (y existen) discriminaciones injustas, algunas verdaderamente brutales. En relación a ellas, no es admisible tener dos posiciones. De ahí que no sea necesario comulgar con las propuestas del movimiento social y político LGTBIQ+ para condenar con severidad la violencia, el desprecio, la injusticia, el abuso.

¿Cuál es el problema entonces? El problema es que no parece posible siquiera abrir la boca para opinar. Las voces críticas hacia el movimiento LGTBIQ+, en efecto, se han ido poco a poco apagando. La razón es doble: o las censuran o –lo que es peor– se autocensuran. No cae bien en estos tiempos –y, en algunos sectores, es algo derechamente arriesgado– decir cosas como que el matrimonio es entre un hombre y una mujer o que una mujer trans es, al fin y al cabo, un hombre que se auto percibe como mujer.

La arremetida en la economía, la política, la gramática, la educación, la cultura, el deporte, es feroz. Ya casi no hay espacio, entre las diferentes expresiones de lo humano, que no esté cubierto por una bandera con el arcoíris. Por más liberalizador que se autodefina este movimiento, inevitablemente termina por taparle la boca a quienes piensan diferente. Las estrategias retóricas son brillantes, universales, eficaces, pero totalitarias.

Lo anterior no sería insólitamente preocupante si no fuera porque están en juego cosas demasiado importantes. Tal vez la principal de todas sea la educación. No solo la educación en las escuelas y universidades, donde cada día se vuelve más imposible el auténtico pensamiento crítico. Muchos celebran embobados que en ciertos lugares se les haya prohibido a los profesores discrepar o cuestionar ciertas consignas sociales y políticas. No se dan cuenta de que, después de ello, lo que recibirán es todo menos educación.

Pero más importante que ello es la educación de los padres. Padres que se ven presionados a renunciar a sus convicciones morales a la hora de educar a sus hijos. Esta presión, de hecho, en ocasiones viene directamente de los Estados. Estados capturados por una doctrina que ha ido moldeando a tal punto a las sociedades, que ya no es admisible que alguien se salga del esquema. Se anula la subjetividad de quienes adhieren a creencias diferentes bajo la paradójica excusa de que cada uno pueda pública y libremente manifestar su identidad.

En nuestro país este fenómeno social y político ha ido avanzando a pasos agigantados. Es difícil saber dónde va a terminar, sobre todo si se considera que ningún sector político (qué decir de este Gobierno…) se lo ha tomado verdaderamente en serio. Quienes han manifestado una sincera preocupación por las injusticias que viven las personas de la comunidad LGTBIQ+ deberían ser los primeros en reaccionar ante las medidas que poco a poco han ido generando una nueva clase de excluidos. Nada de esto debería provocar orgullo alguno.

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