Los procesos políticos y la política doméstica tienen indudablemente efectos en la política exterior. Si bien esta última tiene cierta autonomía -debe procesar las condiciones del sistema, el entorno cercano, y las capacidades y potencialidades de los Estados-, mantiene un lazo con la política interna. Durante el periodo entre 1999 y 2010 hubo homogeneidad en los proyectos de lo que se llamó el Socialismo del Siglo XXI, caracterizado por lo que los especialistas denominaron la tercera ola del populismo de izquierda, con diferentes modalidades en Venezuela, Ecuador y Bolivia, que han constituido un cierto canon del proyecto internacional de la extrema izquierda para otros ejemplos con matices que son Brasil y Argentina en manos del Partido de los Trabajadores y del peronismo K. Ese patrón instituyó procesos de entrada, que son los proyectos de Constitución y que condicionaron la representación política en los próximos años. Se definieron como nuevas formas de representación, las más de las veces manifiestamente iliberales, argumentando una democracia participativa superadora de las democracias representativas. Lo cierto es que afianzaron procesos autoritarios, reiterando lo que ha sido una tentación de la historia política latinoamericana: la reelección permanente de los jefes de Estado.
En ese sentido, los llamados «constitucionalismos andinos» tuvieron una misma deriva doméstica que les llevó más menos a un mismo diseño de política exterior: antiimperialista, verbalmente indigenista, anti-estadounidense, Sur-Sur, y partidaria de un integracionismo con mecanismos supranacionales regionales. El constitucionalismo andino tiene por procesos matriciales los de Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009). Por eso, el colombiano Rodrigo Uprimmy destaca el aire de familia de varios procesos constituyentes, que en algunos autores adquiere caracteres proféticos de un nuevo mundo, alborada de conquista de derechos, visibilización de los sectores subalternos, y superación del formalismo burgués de un elector, un voto. De hecho, el constitucionalismo andino representa una de muchas posibilidades, tales como el positivismo incluyente o el neoconstitucionalismo.
El caso venezolano fue demostrativo de una crisis institucional y social profunda. El promotor de una nueva Constitución fue Hugo Chávez, autor de un golpe fallido, que apenas elegido presidente convocó a un referéndum consultivo en abril de 1999 para cambiar la Constitución de 1961. Si bien hubo una votación del 87,7%, se abstuvo el 62,4% del padrón según el Consejo Electoral. La oposición venezolana, como muchas veces más en el futuro, llamaría a no votar en el evento. Dado que el proyecto siguió, se eligieron 131 miembros electos por votación popular, 104 en 24 circunscripciones regionales, 24 por la circunscripción nacional y 3 escaños indígenas. Su ejercicio no duraría más de 180 días; 30 días después de finalizada la escritura de la nueva Constitución se llamaría a un referéndum ratificatorio (Combellas, 2003, p.192). La estrategia del chavismo fue insertar a los suyos desde lo que se denominó la sociedad civil, partidos políticos y organizaciones sociales (Combellas, 2003, p.191). De 1.170 personas que se presentaron de candidatos, 900 eran partidarios de Chávez. Favorecidos por la inacción de los votantes opositores, los chavistas consiguieron el 95% de los escaños versus el 5% de la oposición (6 constituyentes). La elección se dirimió por el voto del 37,6% de los votantes, es decir apenas 4,1 millones de los 11 millones de electores (Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, 2014). El 15 de diciembre fue ratificada la nueva Constitución por un 71,7% de los votos emitidos del padrón electoral; votaron casi un 45% -4.4 millones- (Consejo Nacional Electoral, 2017). El vicio fundacional del proceso venezolano fue la ausencia de contrapeso de la oposición, que no supo proponer una defensa alternativa al texto constitucional de 1961.
En Ecuador (2008) la Asamblea Nacional Constituyente (2007-2008) se dio en el farrago de una crisis institucional prolongada, renuncias y asonadas populares que habían impedido a los presidentes gobernar todo su mandato. En el proceso se instituyó una “consulta popular” desde el Poder Ejecutivo a través de un decreto presidencial, dotándola de poderes plenos, incluso con atribuciones de facultades plenas en legislación ordinaria. El 15 de abril de 2007, se efectuó la consulta popular sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, con el Sí del 81,72% de los votos emitidos, por el No 12,43% de los votantes, y una abstención del 28,40%. Nulos, 5,07% y blancos, 0,78 % (Brewer, 2012). La Constitución fue enarbolada como ejemplo, a tal punto que se le califica de “una de las Constituciones más avanzadas a nuestro alcance: la Constitución ecuatoriana de 2008” (Martínez, 2017). La Constitución se pensó como anti neoliberal, y avanzó en su diseño con propuestas como el Buen Vivir de corte indigenista. El proceso fue apropiado por el Presidente Rafael Correa, que impuso su agenda con 3 ejes fundamentales (económico, social y político).
En Bolivia, Morales buscó una nueva Constitución en 2005. En 2006 el 29 de febrero se estableció el referendo definitivo, y el 21 de octubre el referendo dirimidor y de aprobación, realizado el 25 de enero de 2009. El proceso fue tumultuoso, ya que entre los 255 miembros de la instancia constituyente que empezó a funcionar el 6 de agosto de 2006 (Mogrovejo, 2010) hubo tensiones. Consecuencia de ello, los militantes del MAS rodearon la sede e impidieron entrar y votar los representantes de la oposición, especialmente a los de la Media Luna, y parte de las decisiones no fueron expresión de los efectivamente electos. Esto explica porqué el voto No alcanzó el 38,6%” (Suxo, 2009). El mecanismo de aprobación el 2009 tuvo una participación del 90,24% de aprobación del voto disponible (Hernández, 2009). Fue objetado por los mecanismos usados para alcanzar las mayorías en las decisiones, y desde luego fue objetada desde su origen por la oposición, y su aprobación obtuvo su mayor aprobación en el Occidente boliviano. De hecho, la labor de la Comisión Constituyente no fue aprobada en el referéndum posterior, y sufrió reformas posteriores. En Bolivia se dispusieron 3 cupos indígenas para 23 grupos originarios, que eran más menos el 47% de la población, y en Venezuela 3, para el 2,7% de los habitantes. El indigenismo fue un elemento accidental. Cada una las Constituciones estuvo enfeudada a los Presidentes Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, lo que las hizo hiperpresidencialistas, y sus mecanismos como el referéndum de caducación revocatorio, solo declaraciones vacías, incapaces de hacer operar sus mecanismos correctores. Una de las conclusiones que surgen respecto de los procesos del constitucionalismo andino es que no influyeron de modo prevalente en la calidad de la democracia, instalaron serias distorsiones respecto de la representación al privilegiar mecanismos, redibujar distritos y calidades de elegibles, y consolidaron visiones hegemónicas. Todos concentraron el poder, sojuzgaron a la prensa y a la oposición, minimizaron la relación entre representantes y votos necesarios, para en una gran dispersión crear canales de representación social que multiplicaran su influencia. Algunos, como Venezuela, arrastran una abstención estructural.
Estos regímenes que instalaron extensas listas de deseos en sus Constituyentes marcaron tesis como el buen vivir, pero también el control de la prensa y las libertades, y pudieron satisfacer muchas de sus promesas de redistribución con el control de las exportaciones en el marco del boom de los commodities, que inauguró una estrecha relación económica con China Popular y a la vez posibilitó crear lazos clientelares. En el dominio de estos procesos, estos países de América Latina establecieron agendas anti imperialistas, se acercaron a Rusia, Irán y otros actores marginales, bajo el paraguas lejano de su condición de proveedores del mercado chino. La política exterior se vio condicionada por estos preceptos, si bien hubo otros factores, como fueron la preponderancia regional de Brasil, la activa contraposición de los Estados no bolivarianos, la situación venezolana y la acción de los poderes extra regionales (Estados Unidos, Rusia, China Popular, y en menor medida Irán y Turquía). En las experiencias de constitucionalismo andino lo que hay es una línea ideológica común, pero ausente de otras notas que se han dado en Chile como la paridad de género, la posición LGBT (más presente en Canadá), y el cupo a pueblos indígenas, pero representativas de una mentalidad excluyente de izquierda. Por eso quedaron en el limbo de democracias semiautoritarias o algunas con tendencia al autoritarismo pleno, sin que la Constitución y sus promesas de mejores formas de desarrollo fueran replicadas en la realidad.