Estas últimas semanas la Convención Constitucional se ha robado las miradas de los ciudadanos y la cobertura de la prensa, y con razón, pues es el camino que la República de Chile ha elegido para darse una nueva institucionalidad, con esperanza en un futuro democrático e inclusivo, a pesar de los malos augurios de la semana pasada. 

Sin embargo, la preocupación y ocupación primera para el gobierno y los parlamentarios deben ser las actuales necesidades de millones de chilenos, no de aquellas que nos acaecerán en uno o dos años más. 

Aun cuando es evidente, sólo quedan siete meses del gobierno del Presidente Piñera, y es difícil no caer en una sensación de desesperanza frente a las prioridades de la agenda del Ejecutivo comprometida para el 2021. A pesar de la pandemia, se echa en falta la conducción del gobierno en numerosos proyectos que son urgentes y necesarios. ¿Qué es de la agenda de seguridad pública? ¿Qué fue de la reforma a las pensiones, o al sistema de salud que se discutía a principios de año? 

En materia de seguridad, más allá de esfuerzos puntuales, no ha habido avances en los proyectos de combate del narcotráfico, modernización de las policías o defensoría de las víctimas. Con el paso de los meses, es cada vez más inaceptable que el poder legislativo no aborde las causas de los problemas que aquejan a nuestras policías en transparencia y supervisión. Existen miles de detectives y carabineros que se exponen por nosotros, día a día en carreteras, en tareas de prevención y orden público, que deben encogerse de hombros cuando la justicia y la ciudadanía les reprocha las conductas de algunos de sus superiores. ¿Cómo no empatizar con esos hombres y mujeres al servicio de todos que no tienen las herramientas, el acompañamiento o el apoyo oportuno de los demás poderes del Estado?  

¿Cómo el gobierno vuelve a poner en el centro de la discusión política, las reformas al sistema de salud o la reforma previsional? Si bien la respuesta habitual es que la oposición obstruye el avance de estos proyectos, entonces desnudemos estas intenciones y pongamos sobre la mesa los esfuerzos que está haciendo el gobierno para dar cuenta de ello. Miles de chilenos se jubilarán antes de que tengamos una nueva Constitución. ¿Es esto invisible a los ojos de los parlamentarios? ¿No es mejor tener una mejora en pensiones que puede ser perfectible en los próximos períodos legislativos a implementar ninguna?

Llevamos meses escuchando a las autoridades pedirnos el último esfuerzo. Creo que nosotros debemos exigirles el último esfuerzo al gobierno y a los parlamentarios para llegar a acuerdos antes del próximo 11 de marzo. No nos podemos resignar frente a la desesperanza y oportunismo político que puede significar la dilatación de estos proyectos. 

Tal cual como se les exige con vehemencia a los convencionales que cumplan con aquello para lo cual fueron mandatados, debemos preguntarle a cada uno de nuestros representantes qué están haciendo hoy por impulsar mejoras en cada una de estas materias. No sólo necesitamos un piloto, sino a toda la tripulación comprometida.  Especialmente en Seguridad, Salud y Pensiones.

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