La crisis política iniciada con el descubrimiento del pago irregular de contribuciones por parte de empresas a candidatos o fuerzas políticas, ha cumplido ya seis meses. Si bien no se ven hoy las escenas dramáticas que acompañaron las primeras denuncias, incluido el ingreso a prisión de empresarios y operadores, las revelaciones y formalizaciones se siguen acumulando. Y aunque está ya claro que pasara bastante tiempo antes de que se completen los procesos judiciales, la opinión pública tiene derecho a exigir que los compromisos adoptados al calor de la crisis, se cumplan cabal y rápidamente.
Esos compromisos, asumidos por el conjunto de la clase política, fueron básicamente dos. El primero, que todos nos esforzaríamos al máximo para conocer toda la verdad acerca de lo ocurrido y que se asumirían las responsabilidades legales y políticas que corresponden. El segundo, que se realizarían profundas transformaciones en materia de financiamiento de campañas y partidos y para transparentar al máximo la relación entre el dinero y la política, fortaleciendo además las instituciones de control para estos fines.
Ha pasado medio año y todavía estamos lejos de concretar esos buenos propósitos. En cuanto al primer compromiso, parece claro que la gran mayoría de los actores prefieren callar, contar verdades a medias y solo reconocer aquello que los fiscales pueden obtener de ellos. Se ha dicho que, en muchos casos, sus acciones tuvieron por objeto financiar sus actividades políticas, sin enriquecimiento personal. Si ello fuere así, por qué no dar la cara, informar de todo lo que ocurrió, no prolongar esta secuencia tortuosa de revelaciones y dejar que la justicia o la ciudadanía decidan. Por desgracia, parece que esto no ocurrirá, para mayor desprestigio de la política y de sus protagonistas.
En cuanto al segundo compromiso, él fue contraído de manera taxativa por todas las fuerzas políticas e, incluso, solemnizado antes el país, en el Palacio de la Moneda, con ocasión del Informe de la Comisión Presidencial presidida por Eduardo Engel. El gobierno ha enviado la mayor parte de las leyes que, junto a otras que ya estaban en el Congreso, configuran una agenda sustantiva que es urgente despachar. Es posible que algunos de esos textos no sean satisfactorios. Nosotros mismos, en Chile Transparente, lo hemos dicho, formulando propuestas complementarias. Pero la obligación del Congreso de mejorar y despachar las leyes no significa que sigan demorándose como ocurre con algunas urgentes e indispensables.
Si alguien piensa que este es un caso en que el tiempo puede curar los males, está profundamente equivocado. Basta con reunirse un rato con ciudadanos de cualquier condición o convicción política, para ver que esta es una demora que preocupa mucho al país. Es cierto que también interesan otros asuntos, como la delincuencia, la legislación pendiente en materia laboral o educacional; pero de allí no puede deducirse que «han pasado los meses y la gente tiene otras prioridades. La probidad forma parte integral y prioritaria de la agenda ciudadana; olvidarlo amplía aún más la brecha entre la política y la ciudadanía.
Alguien preguntaba hace unos días si sería el Congreso el instrumento adecuado para llevar a cabo estas reformas, dado que los parlamentarios son sujetos de muchas de las obligaciones contenidas en esas leyes. La sola pregunta ofende y preocupa: en democracia, solo el Congreso es quien dicta las normas y crea las instituciones. Cualquier opción a esa regla elemental del estado de derecho es inaceptable.
Por lo mismo, sacar adelante la agenda legislativa, empezando por aquellas que dicen relación más directa con las elecciones municipales de 2016, que deben ser despachadas antes de fin de año; y terminando el próximo año con todas las propuestas que el mundo político, de manera voluntaria, se comprometió a implementar; es un verdadero test para los políticos y para nuestro sistema democrático. Las urgencias están puestas; el gobierno puede actuar también, redoblando la presencia de sus ministros en la discusión de cada ley; es también el momento en que puede demostrar su voluntad de buscar consensos a través del diálogo y la negociación.
La prioridad de la transparencia debe retomar el impulso político que tuvo con la publicación del Informe Engel y los compromisos solemnes asumidos por todos los poderes del Estado. Es la única manera de restaurar la credibilidad que Chile necesita.
José Miguel Insulza, Foro Líbero.
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI /AGENCIAUNO