La élite que va de salida, la que condujo la recuperación de la democracia hace ya tres décadas, no albergó ni la menor duda en cuanto a la violencia: aprendió -en la dura realidad de los setenta y los ochenta- que no era compatible con la democracia. Fue la generación que vio con sus propios ojos cómo la libertad se perdía de un día para otro, la que vivió en carne propia la interrupción prolongada del estado de derecho y que lloró la desaparición de numerosos compatriotas y seres queridos. En esto no le venían con cuentos. Ante el deleznable asesinato del senador Jaime Guzmán no tuvo ni la menor vacilación para condenarlo y perseguir a sus autores, independientemente de sus preferencias políticas. No le tembló la mano para combatir al terrorismo político. Reducirlo a su mínima expresión en los años que siguieron a ese crimen insensato debe considerarse uno de los mayores logros de la transición. ¿Qué precio tiene la paz de la que gozó el país en esos años no tan lejanos, cuando millones de chilenos salían de la pobreza y otros tantos prosperaban sin el temor de ver truncados sus proyectos de vida por una violencia incontrolable, que asolaba a sus anchas en otros países de la Región?

Para la élite que ahora va tomando el lugar que dejará esa extraordinaria generación de políticos y dirigentes que encabezaron la transición, el rechazo a la violencia ya no sería incondicional. Su juicio respecto de ella es por momentos relativo, condicionándolo en función de identidades, intereses afines y posiciones políticas. Habría una cierta violencia que no sería del todo condenable en razón de las circunstancias que le dan origen o de quién la ejerce. Sobran quienes se esmeran en la comprensión del fenómeno desde esta perspectiva subjetiva, que linda en la justificación, al mismo tiempo que escasean las ideas e iniciativas para frenar su creciente despliegue en el país o, mejor todavía, para perseguir su erradicación. Se trata de personas que ya ocupan cargos directivos del más alto nivel, representantes genuinos de la nueva élite que se apresta a tomar el bastón e, incluso, a dirigir los destinos del país.

Desgraciadamente en esto están equivocados y no es difícil percatarse del error, uno que le podría costar muy caro al país. La sobrecogedora historia de la violencia en el devenir de las naciones y de las sociedades debiera ser suficiente como para poner en guardia a quienes parecen creer ingenuamente que habría niveles de violencia que se pueden tolerar o justificar. El problema de esta postura, por atenuada que parezca, es que no guarda consistencia con la democracia: no hay ningún nivel de violencia política compatible con un régimen democrático y con el estado de derecho. Es la razón por la que en las democracias modernas el Estado usa la fuerza cuando es necesario para mantenerla bajo control. Para colmo, la violencia se constituye en un formidable obstáculo para el desarrollo del país donde se entroniza. De hecho, ninguna nación desarrollada alcanzó ese estatus relativizando la violencia y admitiéndola como recurso legítimo de la política. Al contrario, se han distinguido por un rechazo absoluto a cualquiera de sus manifestaciones. Y cuando esta ha logrado instalar allí cabezas de playa, típicamente el terrorismo nacionalista, ha sido combatida por esos Estados sin reservas hasta ser derrotada.

Sobre los hombros de la nueva élite que ya toma posiciones -no pocos de su elenco en la Convención Constitucional- recae una grave responsabilidad que no podrá seguir eludiendo cuando entre nosotros asoman persistentes brotes de violencia. Su compromiso con la democracia debe expresarse nítidamente a través de una condena incondicional y, todavía más, a través de una actitud proactiva para su erradicación. De no hacerlo, expone al país a un destino incierto librado al poder de fuego de grupos violentos, que se constituyen ahora en su principal amenaza. «La democracia se erige bajo una sola prohibición: está excluida la violencia», escribe tajante Carlos Peña. Cuando esa prohibición se incumple reiteradamente entre nosotros, la nueva élite se enfrenta al enorme desafío que ello plantea al funcionamiento de nuestra democracia. Es de esperar que esté a la altura de sus predecesores, que en su tiempo supieron recuperarla después de vivir la inmensa tragedia de haberla perdido, y nos dieron algunos de los mejores años de paz y desarrollo de los que haya gozado Chile en toda su historia.

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