Cecilia Cifuentes y Patricio Arrau: Una nueva Pensión Básica Universal

Llevamos demasiado tiempo esperando que la clase política logre ponerse de acuerdo para aprobar una reforma de pensiones que incremente las muy bajas pensiones de nuestros adultos mayores. Demasiado tiempo dedicado a que técnicos y políticos discutan cómo financiar el incremento de las pensiones, lo que ha llevado al absurdo de proponer la peor de todas las formas de financiar el incremento de pensiones: un impuesto al trabajo -para unos de 6%, para otros de 3%- que se repartiría entre los sectores con menores pensiones. Un error por donde se le mire. Nuestros ancianos no pueden esperar, no pueden seguir de rehenes mientras políticos y técnicos nos ponemos de acuerdo para subir las pensiones.

En el documento “Propuesta: Un nuevo Pilar Básico Universal de Pensiones” proponemos una nueva Pensión Básica Universal (PBU) de $177.000 (UF 6) que reemplace el actual Pilar Solidario o Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), que se compone de la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte de Pensión Solidario (APS). Se propone que este nuevo pilar cubra a la totalidad de la población mayor, cumpliendo solamente un requisito de residencia y de edad, financiado con ingresos generales de la Nación y que contenga un mecanismo coherente de equilibrio intertemporal de protección de las cuentas fiscales para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. El actual SPS desincentiva el ahorro para la vejez, puesto que el APS, al verse disminuido con la pensión autofinanciada, incentiva la informalidad de la fuerza laboral en un amplio segmento que puede eludir la cotización, tener ingresos informales y obtener la PBS completa. Genera además en la población esa percepción de que la responsabilidad y el ahorro son castigados por la política pública.

Con la reciente ampliación del SPS propuesta por el gobierno, que garantiza al 80% más vulnerable una PBS de $177.000 y Pensión autofinanciada más APS de al menos ese monto, el año 2022, primer año completo de entrega del beneficio, el costo anual alcanza US$5.014 millones en moneda de hoy. El programa PBU que proponemos tendría un costo anual de US$ 7.522, es decir, es necesario incrementar la carga fiscal en US$2.500 millones. El monto es excesivo. Sin embargo, sí tiene sentido iniciar el programa y comprometernos desde ya con una cobertura del 80% de la población más vulnerable, y diseñar una transición para llegar al 100% por ejemplo en la actual década. En ese caso el costo de la PBU sería de US$6.018, y la brecha de finaciamiento se reduce a US$1.004 millones. Consideremos además que la propuesta de 6% de cotización adicional y de creación de un segmento de reparto inserto en el pilar contribuitivo tiene en régimen un costo fiscal bastante superior a esa cifra, recursos que se ahorrarían en caso de implementarse una PBU.

El actual SPS o pilar solidario no tiene una regla de sostenibilidad fiscal. Los aportes del Presupuesto que se realizan año a año dependen críticamente de los ejercicios de simulación y proyecciones que realiza la DIPRES al momento de ofrecer el gobierno más beneficios, de modo que sea coherente con la política fiscal y estabilidad de la deuda pública de largo plazo. Por ello, creemos muy necesario definir una regla de sostenibilidad muy simple y que obligue al gobierno y al Congreso a asegurar los recursos para el pago de los beneficios comprometidos. Requiere vincular legalmente los beneficios con los ingresos generales de la Nación que respaldan el programa y financian los beneficios. Para ello se necesita la figura de un fondo de reservas del programa, por una parte, y definir las reglas de ingresos y egresos del fondo para mantener el programa financiado. Asimismo, vincular ingresos y egresos del fondo en una institucionalidad clara permite contener el populismo, que usualmente ofrece beneficios sin financiamiento.

El actual Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), que tiene unos US$9.000 millones, proponemos se transforme en el nuevo Fondo de Reserva de Pensión Básica Universal (FRPBU). Solo podrá girarse de este fondo para el pago de la PBU. Asimismo, año a año, en el debate legislativo sobre la ley de Presupuesto, deberá contemplarse aportes al FRPBU para mantener el programa financiado por los próximos 10 años. El Ejecutivo deberá proponer y acordar en el Congreso los recursos necesarios para que el programa se mantenga financiado por 10 años, de acuerdo con el nivel de reservas del FRPBU que determine el Consejo Cosultivo Previsional para mantener el balance actuarial del fondo.

Proponemos también que la edad elegible del beneficio esté indexada a la esperanza de vida de la población. La esperanza de vida a los 65 para Chile (2019) es 21.57 años y se incrementa 1,3 años por década. Así, para que el nuevo pilar básico universal de pensiones efectivamente considere el aumento de esperanza de vida, se propone  retrasar la edad del beneficio en 1,5 meses por año.

Es evidente que en los próximos dos años el desafío de Chile es volver a tener un acuerdo político y técnico para financiar nuestro Presupuesto, estabilizar el nivel de la deuda pública como porcentaje del PIB, incentivar el empleo y la inversión, modernizar el Estado y concordar un nuevo pacto social y constitucional. Abordemos ese desafío en su propio mérito, pero exijamos que ese acuerdo contemple desde ya el financiamiento de este primer gran programa nacional de pensiones en favor de todos nuestros adultos mayores. Mientras tanto llegamos a ese acuerdo, utilicemos por los próximos 2 años los fondos que hemos acumulado para cubrir al 80% de la población mayor con la  PBU propuesta. Es decir, utilicemos estos dos años los recursos disponibles en el FRP (o nuevo FRPBU), para que nuestros ancianos no tengan que esperar otros dos años. Sería el primer programa de política pública en que todos somos exactamente iguales. Y vaya que nos hace falta.