El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció un plan de austeridad fiscal que permitirá ahorrar US$ 122 millones anuales, monto que llegaría a cerca de US$ 500 millones durante los cuatro años de gobierno. Detrás de dicha medida está la responsabilidad fiscal, materia en la que el anterior gobierno fue notoriamente irresponsable. La pregunta que muchos nos hacemos es “qué más” y “cuántas más”, porque está claro que la cantidad anunciada, comparada con el gasto del Estado, es insignificante. Un déficit de 2% anual en gasto equivale más o menos a US$ 6 mil millones anuales aproximadamente, con lo cual el recorte parece más bien un ayuno que una dieta.
Sin embargo, la señal es muy potente por dos buenas razones. La primera es que para que la señal sea creíble debe ser costosa, y ésta lo es en términos políticos. La segunda porque el Estado, y los administradores responsables de él, tendrán que esmerarse de aquí en adelante, pues los excesos serán castigados. En definitiva, lo que el ministro Larraín acaba de hacer es decirle a todos los que dependen del Estado para financiarse que justifiquen el gasto, porque de lo contrario podría devenir un “tijeretazo”. Adicionalmente, todos aquellos que tienen capturadas parcelas del Estado para hacer proselitismo político estarán en serios aprietos con esta administración, pues no sólo son impopulares, sino que los contribuyentes nos cansamos de mantenerlos.
Es bueno que de una vez por todas entendamos que el Estado existe y subsiste gracias al dinero que los contribuyentes aportamos, y que al igual que en nuestros hogares, los excesos no son permitidos, porque nos cuestan plata. Para que entendamos la importancia de esto, un Estado irresponsable con sus gastos equivale a entregarle la billetera familiar a una interpósita persona que no sufrirá los rigores que las carencias producen cuando se agotan los recursos. En efecto, no podemos echarle la culpa a TVN o a BancoEstado por las sendas inyecciones de recursos que recibieron: son los políticos irresponsables que no supieron ponerles atajo a los directivos de dichas instituciones, que creen que el dinero es público y la forma cómo se gasta no es cosa de ellos.
El mejor ejemplo lo dio el gerente general de Codelco a mediados de 2016, cuando sostuvo: “Lo primero que tenemos que hacer es superar el presente sólo con reducción de costos. Aquí uno hace el papel del malo: ‘No hay plata, no hay plata, viejo, entiéndeme, no hay un puto peso’. No tenemos cómo, porque creemos en el futuro de la minería tenemos que tener esta posición muy dura, muy compleja”.
La prueba de que la independencia funciona la otorga la misma Codelco, que a pesar de los vaivenes en el precio del cobre ha logrado contribuir al erario nacional. ¿Por qué no les podemos exigir lo mismo a las demás reparticiones del Estado? Como contribuyente, me harté de que mis recursos sean puestos a disposición de políticos cuyo interés no es otorgar un buen servicio a la ciudadanía al menor costo posible.
Pues bien, señor ministro de Hacienda, me imagino que tiene claro que ahora no se trata de Codelco, sino que es el Estado el que debe someterse a una dieta estricta, así es que el anuncio de austeridad es un buen primer paso. Sin embargo, si es que no quieren meter aún más las manos en el bolsillo de los contribuyentes, y probablemente también en el de sus hijos, es que exijo, como pagador responsable de impuestos, que cortemos la grasa del Estado, lo hagamos más competitivo, y aseguremos que los responsables de su manejo no sean los políticos de turno, sino personas independientes de éstos y comprometidas con el cargo y la misión que éste conlleva.
Mal que mal, como dijera Solón, legislador y estadista ateniense del siglo VI a.C.: “La austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente”.
Manuel Bengolea, estadístico PUC y MBA de Columbia