A propósito de la dimisión de Andrew Cuomo como Gobernador de Nueva York por denuncias de abuso sexual a once de sus subordinadas -que él atribuye a haber sido “demasiado informal con la gente” y a “cambios generacionales y culturales que no he apreciado del todo”-, me parece interesante hacer un contrapunto con nuestra realidad laboral.

Es innegable que vivimos en una época en la que la inmediatez de las noticias a través de redes sociales y la dictadura de lo “políticamente correcto” permiten que se conozcan realidades sociales que antes pasaban desapercibidas. Andrew Cuomo (63 años), uno de los favoritos del Partido Demócrata norteamericano hace apenas un par de meses, muy alabado por su gestión del estado de Nueva York durante la pandemia, hoy es rechazado por sus propios correligionarios, incluyendo el Presidente Biden.

Estoy consciente de que el tema del acoso sexual en plena época del #MeToo ha generado suspicacias y reclamos en algunos sectores conservadores por estimar que ha existido una sobrereacción que ha sido muy bien aprovechada por movimientos políticos y sociales de todo el mundo para hacer caer figuras relevantes en la esfera pública. Sin embargo, creo que es un hecho innegable que el acoso sexual existe dentro del ámbito laboral. No digo que sea lo normal y habitual en todas partes, pero sí que es un tema relevante en muchas instituciones públicas y privadas.

La construcción del concepto de “acoso sexual y sexista” está contenida en el marco normativo tanto del Derecho Internacional como Nacional sobre la regulación de esta conducta ilícita en las relaciones laborales. Se puede citar como fuente jurídica internacional la descripción que hace el Organismo de Estados Americanos (OEA), que entiende este tipo de acoso como una forma de violencia contra las mujeres, en lugar de una acción simplemente discriminatoria o vejatoria. Para la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en tanto, la condena al acoso sexual se realiza en virtud del Convenio N°111 de 1958, relativo a la discriminación en materia de empleo, que recoge en su artículo primero el concepto de discriminación en el empleo y la ocupación basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social.

En el Derecho Laboral chileno, la regulación del acoso sexual se encuentra en las normas que establecen el ejercicio de derechos constitucionales del trabajador en el marco del contrato de trabajo, como también las normas legales que regulan el procedimiento de sanción del Código del Trabajo. Es así como el acoso sexual puede afectar simultáneamente derechos fundamentales protegidos por las normas de tutela laboral, entre las que se destaca el derecho a la integridad física y psíquica de la víctima (Art. 19 N°1 de la Constitución), y eventualmente el derecho a la honra y la intimidad (Art.19 N°4 de la Constitución), pudiendo además constituir un acto discriminatorio (Art.2° del Código del Trabajo).

Lo concreto es que este ilícito viene a poner el acento en cuidar las formas como se trata a las mujeres en el campo laboral desde las más altas esferas hasta el peldaño inicial de la escalera. Chile se ha caracterizado por una conducta paternalista respecto de las trabajadoras, empleadas y profesionales en cualquier nivel, recurriendo a comportamientos “informales” que van desde el “mijiteo” (que incluye a colegas y subordinadas) a conductas abiertamente agresivas en términos físicos o verbales, que pueden incluir situaciones sexuales molestas, proposiciones sexuales incómodas, flirteos ofensivos y comentarios insinuantes o abiertamente obscenos, que atentan gravemente contra un ambiente laboral sano y constructivo. Es importante señalar que los silencios o la actitud pasiva de la víctima no tienen por qué ser interpretados como consentimiento, ya que estamos frente a una situación que eventualmente puede reflejar un simple espíritu de sobrevivencia laboral. Así lo ha estimado la jurisprudencia reiterada sobre el tema del acoso sexual o sexista.

Es hora de revisar los comportamientos que atentan contra la profesionalidad de las mujeres y que subsisten en ciertos ambientes institucionales tóxicos como un paso necesario para el respeto y la dignidad de todas las trabajadoras en cualquier escalón de la jerarquía.

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