En la última década la empresa privada ha sufrido fuertes embates en su contra. La crisis financiera mundial que se desencadenó en 2008 dio pie para una serie de críticas sobre el funcionamiento de los mercados y, en particular, de las compañías de negocios que operan en ellos. Faltas efectivas cometidas contra la ética han conformado un material objetivo propicio para sustentar en la opinión pública esas posiciones negativas frente a aquellas. Aprovechando las circunstancias, a estas se han sumado los juicios lapidarios de quienes han sido siempre detractores del libre despliegue de la iniciativa privada, los mercados y los negocios. Como resultado, se ha generado un fuerte cuestionamiento mundial contra la empresa privada y los empresarios.

En Chile, la corriente de opinión señalada se ha visto atizada por hechos de gran connotación pública. En síntesis: la empresa privada y su dirigencia han estado en el tapete y, en no pocas ocasiones, para mal. En estas líneas no se pretende desconocer que en la actividad económica nacional hay más carencias éticas que las que serían deseables. Tampoco que existen numerosas prácticas que mejorar. Pero, otra cosa -y muy grave- es «demonizarla» irresponsablemente. Mas todavía si tras esa actitud se pudieran esconder fines de supuesta rentabilidad política fácil. No se debe olvidar que la empresa privada y su dirigencia han tenido, durante mucho tiempo, un papel fundamental en el crecimiento económico, la generación de empleo y en el acceso a mayores niveles de bienestar material de millones de compatriotas. Además, toda la evidencia disponible parece indicar que debieran estar llamadas a seguir ejerciendo una influencia positiva de primer orden en el desarrollo económico y social presente y futuro de la nación.

Humana: con virtudes y vicios. Con amplio espacio para perfeccionarse. Con todo, la actividad empresarial que se despliega en nuestra patria no parece destacar por adolecer de mayores falencias éticas que las que es posible encontrar en otros ámbitos o quehaceres sociales (no es motivo de consuelo, pero sí una realidad), tal vez menos maltratados públicamente. Se precisa en Chile una visión más objetiva y con altura de miras sobre el rol de la empresa privada, sin dejar de exigirle las mejoras que corresponda, ni aplicar cuando sea justificado los castigos y normas correctivas pertinentes. Por la crucial importancia que reviste, junto con esperar las necesarias enmiendas en su accionar, el cuidado de la actividad empresarial y su prestigio y valoración social es un deber de todos. En especial de su clase política y, como resulta natural, primeramente de los propios empresarios y altos directivos. A este respecto, no cabe duda de que la mejor alternativa de mejora es la que realiza por iniciativa propia el mismo interesado, esto es, no hay mejor regulación que una auténtica y efectiva “autorregulación”.

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