La decisión del gobierno de impulsar la idea de realizar las elecciones del próximo mes de abril en dos jornadas consecutivas parece ser una nueva improvisación del mundo político y de un Ejecutivo cuyo sello –pese a la campaña de vacunación contra el COVID-19– ha sido el de llegar tarde y, por lo mismo, en mal pie a la realidad país.
Aprobada la iniciativa el jueves por el Legislativo –no sin contratiempos y una cuota de fuego amigo–, la nueva modalidad de las elecciones del 10 y 11 de abril posiblemente generen un cambio radical en lo que ha sido la historia de los últimos 30 años en lo que a cultura del sufragio se refiere.
Pese a diluir la elección en 48 horas, el que éstas sean consecutivas no impedirá que ambas jornadas en las que se eligen gobernadores regionales, concejales, alcaldes y miembros de la Convención Constituyente se transformen en un nuevo golpe a la institucionalidad.
Las jornadas electorales de abril prometen ser un caos de principio a fin. La altísima participación en el plebiscito del pasado 25 de octubre hacen prever que en esta ocasión la ciudadanía también se volcará en masa a las urnas, aunque en esta ocasión el acto de sufragar tomará, según estimaciones, entre 4 a 5 minutos por persona. Esto, desde el punto de vista logístico, ya pone en riesgo la organización de esos días y el entusiasmo cívico de cada ciudadano. Ni hablar del riesgo sanitario que esto podrá generar, mientras comenzamos a navegar por la tercera ola de la pandemia.
Por otro lado, por primera vez en nuestra historia desde recuperada la democracia, no conoceremos los resultados de las elecciones el mismo día e, incluso, es sumamente probable que no se conozcan a los elegidos hasta pasado el domingo 11. Esto echa en tierra una tradición de los procesos electorales chilenos que siempre fue bien vista, admirada y respetada por la comunidad internacional, como síntoma de solidez democrática.
Todo lo anterior –caos logístico y demora en la entrega de resultados– es caldo de cultivo para todo tipo de acusaciones de parte de cualquier tienda política. Precisamente en una elección en la que en varios distritos compiten hasta 70 candidatos por ser parte de la Convención Constituyente y donde una vez conocidos los resultados se deberá aplicar la regla para alcanzar la anhelada paridad de género, inevitablemente van a generarse cuestionamientos, pues los márgenes serán tremendamente estrechos.
Por todo lo que pueda suceder no hay excusas de parte del Ejecutivo y el mundo político en general. Hace meses que se sabía que en esta ocasión habría que elegir a cuatro autoridades entre un mar de candidatos y, además, en medio de un contexto pandémico. Pero no se hizo nada hasta el último momento.
Silenciadas fueron las voces expertas de quienes sugerían, a pesar del alto costo y el esfuerzo logístico, que se separaran las elecciones en dos domingos consecutivos: el primero para las elecciones de alcaldes y concejales y el segundo para gobernadores y constituyentes. Esa fórmula aseguraba claridad y orden para los electores, menor tiempo en la cámara secreta y la obtención de los resultados en la misma jornada, extendiendo la tradición.
Es inevitable pensar en lo que toda esta improvisación política podrá generar en el Servicio Electoral chileno, una de las pocas instituciones que aún cuenta con reconocimiento transversal y de la que podíamos sentirnos orgullosos. Tal como el prestigio del INE se vio mancillado tras “el mejor censo de la historia”, también bajo el liderazgo del presidente Piñera, en esta ocasión será el Servel la repartición cuya reputación está en juego.
Una vez más los políticos legislando con apuro e improvisación que ya son habituales y endémicos en Chile. Una vergüenza!!