“Les propongo: pongámonos de acuerdo de manera inmediata en los 30 proyectos de ley que de izquierda a derecha necesitamos desempolvar en este Congreso y aprobar, la agenda que a la gente le importa”. No lo dijo un representante del Rechazo el 5 de septiembre, sino que el ex vocero del Apruebo y nuevo Presidente de la Cámara de Diputado, Vlado Mirosevic.

Pero el que mucho abarca, poco aprieta y refranes similares evidencian la ausencia de realismo de quienes quieren hacer mucho y no pueden cumplir. Algo así ocurre con la discusión constitucional.

Una primera duda surge sobre qué es lo más importante y cuál es el chicle ¿llegar a un acuerdo constitucional o priorizar el trabajo legislativo relacionado con las injusticias sociales? Si es lo segundo, bastante irrespetuosa la forma de considerar los dolores justificados de la ciudadanía; pero si es lo primero, no sería precisamente cierto, atendido la ausencia absoluta de acuerdos para priorizar la resolución de las injusticias sociales.

Pareciera que el tema constitucional es el verdadero chicle, un cruce entre un signo de despreocupación y la molestia de tenerlo pegado en la suela y del que es imposible deshacerse. Si lo fuera, entonces los políticos serían como esos rumiantes impávidos que mascan y mascan. Pero si el tema constitucional se refiere a ese movimiento enérgico de las piernas similar al de un montañista ansioso de llegar a la cima, claramente el chicle fue escupido antes de iniciar la escalada. Y pareciera que esta segunda opción es la que vemos hoy en día.

El 15 de noviembre de 2019, en una declaración política transversal, se acordó buscar un “procedimiento inobjetablemente democrático” para dar “una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y justicia social”, pero el acuerdo sólo se refería a los elementos esenciales del procedimiento para tener una nueva Constitución. Casi tres años después no se han dado pasos para resolver la “crisis política y social” y la posibilidad de tener una nueva Constitución se desvanece cada vez más rápido.

Resulta desconcertante que en estos tres años no se haya creado ni promocionado una Mesa de Prioridades Legislativas para corregir las injusticias más urgentes, teniendo en cuenta que existen, al menos, 27 comisiones en la Cámara de Diputados y 25 en el Senado.

Pero quizás he ahí la respuesta: revisando los proyectos de ley, sorprende la cantidad que no guardan relación con lo que la ciudadanía merece. Lo mismo ocurre con las urgencias legislativas: se presentan en temas no prioritarios y no se presentan en los que sí lo son. Ejecutivo y Legislativo unidos, la injusticia no será atendida… y peor aún, muchas veces se promueven injusticias por vía legal.

Así como ya van dos acuerdos constitucionales y se conversa el tercero (con el descanso de la negociación por la presidencia de la Cámara), en algún momento los parlamentarios deberán sentarse a determinar cuáles son los proyectos más importantes y revisar que las urgencias legislativas del Presidente sean las correctas. Y Mirosevic ya dio el primer paso.

Quienes se niegan a dar por cerrada la discusión constitucional señalan que, si no se hace ahora, no se hará nunca. Pero podría argumentarse lo mismo respecto a las injusticias sociales. ¿Por qué realmente alguien cree que los parlamentarios estarán discutiendo con el mismo ahínco las iniciativas legales más importantes, cuando saben que quitarle un ojo al órgano redactor será exponerse a nuevos intentos refundacionales?

Es vox populi que, mientras la Convención avanzaba, las alertas en el Congreso se encendieron recién con las votaciones sobre la eliminación del Senado. Aprendida la lección, no permitirán que se repita el desastre, pues no existirá una tercera oportunidad, y cada detalle del proceso, desde la elección de las candidaturas hasta el trabajo de armonización, será seguido atentamente. Todo ello a costa de postergar, una vez más, la discusión legislativa.

La posible creación de una Mesa de Prioridades Legislativas sacará a la luz la labor que han hecho los parlamentarios para atender las injusticias sociales y que deberán trabajar para que sean aprobados los proyectos más importantes de la misma manera que lo han hecho hasta el momento con la discusión constitucional. Que donde ponen su discurso pongan su esfuerzo y trabajo.

*Roberto Astaburuaga Briseño – Abogado Comunidad y Justicia

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