Hace casi tres años, el entonces Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que instauró el mecanismo de inscripción automática y el voto voluntario. Muchas cosas han pasado en el camino considerando que a principio de mes senadores oficialistas y de oposición presentaron una reforma constitucional que busca restablecer el voto obligatorio.
Lo que hacía de la voluntariedad del sufragio un acercamiento a la ciudadanía, y que hace sólo un par de elecciones le entregaba autonomía sobre su actuar cívico, hoy se ha convertido en un atentado a la independencia del individuo y en una imposición a votar también por quienes justamente hoy aparecen con un alto cuestionamiento –el Congreso– como la entidad peor evaluada en las encuestas.
Proponer volver a la obligatoriedad del voto es una moción poco acertada y que demuestra una lectura errónea del actual momento político–social, reafirmando una escasa conexión con los electores, pero por sobre todo con los no votantes que esperan otros métodos para sentirse atraídos de ir a las urnas. Es decir, una renovación en la oferta de ideas políticas y trabajo por el bien común.
En los hechos, no existe democracia actual en occidente que haya hecho un tránsito desde el voto voluntario al obligatorio. Todo lo contrario, la tendencia es idéntica a la postura que adoptó Chile en el año 2012.
En el actual momento que vivimos como sociedad, retornar al sufragio obligatorio traería consigo graves desventajas, al desvirtuar la opinión y el apoyo de la ciudadanía a sus representantes, aportando incredulidad en sus instituciones y fermentando una crítica ligera y ácida más allá de permitir a los chilenos el conocer cómo ellas funcionan. Recuperar la confianza es tarea de todos los actores a nivel país, pero en este instante específico, para eso se también se necesita a parlamentarios con mayor sintonía.
Cabe preguntarse por un elemento ignorado en la discusión: la directa relación de pesos por voto. Un voto emitido equivale a cerca de $745 pesos según la norma de financiamiento público (Art. 13° Ley 19.884). Con el regreso de la obligatoriedad, evidentemente el reembolso potencial genera más rédito para los candidatos y sus campañas.
Como país requerimos de una sociedad civil y ciudadanos empoderados y activos. No obstante, no quiere decir que el Estado deba utilizar su capacidad coercitiva en los individuos y obligarlos a sufragar. Su rol, en efecto, es el de generar los espacios para una elección limpia, confiable y afable, reforzando una democracia vital y el ejercicio de ésta, pero sin equivocar el camino y forzar acciones que generen distancia –y menos un sentimiento de exigencia y de falso compromiso– de sus ciudadanos.
Con la reforma al sistema binominal, los partidos y los candidatos tienen un enorme desafío en las próximas elecciones parlamentarias. Por ejemplo, una mayor competencia en distritos/circunscripciones más grandes, en un “mercado” de electores más amplio y cada día más impredecible. El voto obligatorio mantenía un status quo en los votantes y sus preferencias, hoy la incertidumbre es mayor, por lo que se deben efectuar esfuerzos especiales para atraer adherentes. Con el actual sistema voluntario, los partidos no sólo deben convencer a sus propios adherentes, sino que a todos los electores con mejores ideas y convocando a una mayor participación, ojalá con una mejor oferta programática.
Finalmente, con el ingreso de este proyecto de ley se contradice implícitamente a los cambios y a las demandas del Chile actual. Peor aún, representa a las mismas ideas y conceptos de una anticuada clase política, sin disposición al cambio y sin interés en movilizar, tanto emocional como racionalmente, a los electores.
Con este mecanismo se quiere terminar traspasando la responsabilidad de no ir a votar a la ciudadanía, cuando es la clase política y sus acciones quienes finalmente no están motivando al acto ciudadano del sufragio, que así como es un derecho, todos nosotros debiésemos sentir un deber.
Raúl Jara Guiñez, Director Escuela de Liderazgo Universidad San Sebastián.
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